Opinión

Buscando una Nicaragua sostenible


Este tema de medio ambiente es un tema polémico e inaceptable para muchos, al momento de una campaña electora presidencial, pero la crisis ambiental que atraviesa nuestro país exige una discusión exhaustiva y compromisos de los candidatos a la silla presidencial y por supuesto de nuestros futuros legisladores. Un grupo de organizaciones del sector ambientalista el pasado mes de julio presentaron la jornada de construcción de la agenda ambiental. En este ejercicio se debe encontrar elementos y compromisos claves por los candidatos, donde se plasme las necesidades básicas de la gente en cuanto a agua, alimentos y otros recursos que pueden ser suplidos de manera sostenible, tomando en cuenta que la supervivencia, a largo plazo, del país se logrará únicamente manteniendo un equilibro entre la población, la economía y el medio ambiente.
La agenda ambiental debe destacar la participación ciudadana, pues sin este elemento que es retomado en los compromisos del milenio no habrá desarrollo sostenible en Nicaragua, porque la participación ciudadana debe alentar la sostenibilidad desde las comunidades, comprometiendo recursos y esfuerzos para asegurar su participación en las decisiones que afectan su calidad de vida, en la misma vía ampliará y profundizará la democracia. El próximo gobierno, incluyendo la Asamblea Nacional, deberá comprometer estos esfuerzos y recursos para abrir e institucionalizar estos espacios de participación a los representantes de la sociedad civil.
Seguidamente, en la agenda ambiental se debe resaltar el compromiso para desarrollar una planificación integral de largo plazo, por lo que nuestros líderes no pueden ser irresponsables y lanzar promesas falsas, sólo por capturar votos. La población es el elemento crítico, el desarrollo está directamente relacionado con el ordenamiento y crecimiento poblacional y por consiguiente, con el aumento en las demandas básicas, salud, energía, educación y transporte. Lo importante para salir adelante es que la planificación debe permitir un ordenamiento en demografía, asentamientos humanos, uso del suelo, industria, energía, áreas protegidas, desarrollo urbano, desarrollo costero, entre otros.
Actualmente se cuenta con varios anteproyectos de ley, unos en la Asamblea, otros en el Ejecutivo y otros que proponen la sociedad civil, que pueden, con una consulta y consenso compartido, fortalecer el marco legislativo de este país. Está claro que la promoción de comunidades saludables, aplicación de leyes ambientales, como veda forestal y delitos ambientales, deberá impulsarse por el próximo gobierno, asamblea nacional, incluyendo municipalidades, y con una sociedad civil involucrada, para desarrollar programas que orienten las políticas y planes de manejo responsable de los ecosistemas, los recursos naturales y los asentamientos humanos.
Activista ambientalista
cjaraomir@yahoo.com