Opinión

Dieciséis años de corrupción y pobreza


En 1990 se inicia un período de dieciséis años en manos de gobiernos neoliberales que dura hasta nuestros días. Tres gobiernos han implementado políticas económicas empobrecedoras que han servido, además, de caldo para la corrupción.
El crecimiento económico del país, aducido por los funcionarios gubernamentales, no influye en lo más mínimo en el bienestar de la población, pues se trata de un crecimiento que solamente beneficia a las grandes empresas. Es como que un empresario les diga a sus trabajadores que todos van bien porque su empresa crece cada día más. La verdad es que Nicaragua está más desequilibrada que nunca; por ejemplo, importa 1,500 millones de dólares más de lo que recibe por exportación, generando un déficit que se compensa con las remesas familiares y con mayor endeudamiento, externo e interno.
La doctrina gubernamental es que Nicaragua sólo puede crecer ayudándole al capital extranjero, exonerándolo de impuestos y financiándole sus inversiones con dinero del fisco o entregándole concesiones inimaginables. El resultado ha sido la quiebra de las empresas nacionales y el enriquecimiento de las empresas extranjeras. La única empresa nacional que ha sido beneficiada por el Estado es la empresa de los Pellas, exonerada para construir un edificio de oficina y un hospital, camuflándolos como si fueran inversiones turísticas.
En este mismo período se han privatizado muchas empresas del Estado y algunos servicios importantes, como el teléfono, la energía, parte de la educación y se ha hecho lo imposible por privatizar el agua. Como en otras partes de América Latina, la privatización ha servido para facilitar y fomentar la corrupción, fenómeno alimentado por las coimas ofrecidas por las empresas de países cuyos gobiernos endeudan día a día a nuestra nación. En los últimos meses, notables políticos de dos partidos importantes, PLC y ALN-PC, se acusan mutuamente por desfalco al Estado por sumas que sobrepasan varios centenares de millones de dólares, ofreciendo un cuadro vergonzoso ante la comunidad internacional y ante el propio pueblo nicaragüense.
El resultado de haber privatizado la energía y la electricidad no puede ser más desastroso. No tenemos electricidad ni tenemos agua. Nunca hemos tenido tantas noches oscuras como ahora, debido a los cortes de energía de la famosa empresa extranjera Unión Fenosa. Nunca miles de familias nicaragüenses han estado tan desguarecidas de agua potable como ahora, teniendo que levantarse todos los días a las dos de la madrugada para conseguir un barril de agua.
Un millón de personas han salido del país, lo que ha servido para que estos tres gobiernos crean haber disminuido el desempleo. Efectivamente, tenemos un millón de desempleados menos, pero no porque se haya generado empleo, sino porque estos desempleados han desaparecido. Es como si un millón de desempleados se murieran de hambre y el gobierno se jacte de haber disminuido el desempleo.
La estrategia energética de estos tres gobiernos ha sido de lo más desafortunada. En 1990 Nicaragua dependía del petróleo en un 30% solamente, ahora dependemos en un 70%. El colmo es que otros países están resolviendo o al menos paliando el problema del petróleo, tal es el caso del convenio entre el presidente de Honduras Manuel Zelaya y el presidente Chávez, mientras el gobierno de Bolaños se resiste por puro capricho político a que las alcaldías importen petróleo de Venezuela en condiciones favorables, aduciendo que no lo hace porque los sandinistas saldrán favorecidos. Es como si nosotros nos opusiéramos a que nos condonen la deuda externa por el hecho de que el gobierno de Bolaños saldría favorecido.
La pobreza avanza en todos los campos. Las familias resienten el pago en las llamadas escuelas autónomas y la falta de medicamentos en los hospitales, los transportistas y comerciantes sufren el deterioro de las carreteras como la de Sébaco-Matagalpa-Jinotega que durante 16 años no ha sido ni siquiera reparada, mientras el Ministerio de la Construcción sigue enredado en escándalos de corrupción. Además de un millón de niños y niñas que están fuera del sistema educativo, miles de bachilleres no pueden seguir estudiando, porque no tienen ni para pagar el transporte. Miles de profesionales que salen de las universidades se encuentran en el desempleo abierto, porque no hay plazas de trabajo.
La prostitución sigue aumentando, lo mismo que la violencia, el alcoholismo, la delincuencia y la inseguridad. Sin embargo, todo mundo sigue considerando al dueño del Ron Flor de Caña, como el empresario más notable del país, a pesar de ser el mayor expendedor del producto que más envenena a la juventud nicaragüense.
Ante estos fenómenos que son objetivos, calculables, medibles, padecidos por quienes ni siquiera manejan las cifras de su infortunio, el gobierno y muchos intelectuales responden aferrados a que todo se debe al mal funcionamiento de nuestra democracia; incluso, intelectuales de tradición izquierdista se cortan los pulsos porque la democracia criolla no está a la altura de las metrópolis, como nos lo quiere hacer creer cínicamente el embajador Trivelli, de la Embajada Norteamericana en Nicaragua. Cuidándose de soslayar del análisis, las políticas económicas que generan este sombrío panorama. Como dijo recientemente en su visita a Managua el especialista en comunicación Ignacio Ramonet, director del periódico mensual Le Monde Diplomatique, la valentía de los periodistas se ensaña en despotricar contra los políticos, pero no dicen una sola palabra ni de las políticas económicas, ni de los poderes económicos que sostienen todo el andamiaje superestructural.
Ni qué decir del medio ambiente. Las empresas transnacionales y algunas nacionales siguen depredando los bosques, polucionando los ríos, lagos y lagunas, callando y chantajeando a la prensa escrita, hablada y televisada, con la amenaza de cortarles la publicidad, si ponen en peligro su notable credibilidad.
Y cuando alguien habla de estas cosas, inmediatamente salta un funcionario, quejándose porque estamos politizando los problemas sociales, como es el caso del presidente del Banco Central, divulgado por el diario La Prensa, preocupado porque la corrupción alrededor de los CENI afecta a la banca nicaragüense y afecta a los banqueros, coincidiendo, dicho sea de paso, con la afectación a los candidatos preferidos por el gobierno y la oligarquía.