Opinión

La ley de bonos turísticos es inconstitucional


En un estudio jurídico-tributario que realicé recientemente he determinado que la Ley de Bonos de Inversión a la Industria Turística es inconstitucional. Como sabemos, la norma establece que hasta un 70% del costo de proyectos de inversión en materia turística puede ser financiado a través de la venta de bonos a terceros por parte de la sociedad anónima propietaria de la inversión. La ley establece que tales bonos pueden pagarse con los “flujos futuros” del impuesto sobre la renta e IVA que se generen una vez operativa la empresa.
La medida es desproporcionada al fin de la ley de “financiar parcialmente” tales proyectos, ya que si se prevé una inversión de 1,000 millones de dólares con base en el mecanismo, los nicaragüenses podríamos terminar pagando hasta 700 millones de tal inversión con nuestros impuestos.
En cuanto a los argumentos jurídicos que sostienen nuestra conclusión cabe señalar, en primer lugar, que el anteproyecto es fuente de inseguridad jurídica al regular de una forma excesivamente amplia un mecanismo que debe ser normado exhaustivamente. La exposición de motivos señala que la ley se basa en lo que en Estados Unidos se denomina Tax Increment Financing (Véase “TIF”, en esta página de opinión de 13 de mayo de 2005). Ante esto, procedí a estudiar el mecanismo con base en la legislación de los estados de New York, Texas, California y Florida, y puedo asegurarles que nada tiene que ver con lo que la Ley BIT establece.
Además de no ser lo se dice que es, la Ley BIT es inconstitucional por contravenir el arto. 114 de la Constitución. Cuando ésta impone que la existencia de tributos debe regirse por ley, de ello se obtiene, como una de sus muchas consecuencias, que el uso de los impuestos debe ser el financiamiento de los gastos públicos, lo que dicho de otra forma implica que no puede recurrirse a ingresos públicos, como lo son los impuestos (IR e IVA), para pagar los gastos de inversión de proyectos turísticos privados.
También es inconstitucional la referencia al uso de “flujos futuros” de IR e IVA para pagar los bonos, en tanto que nuestra Constitución ordena en su arto. 115 que los impuestos deben crearse atendiendo a la distribución de la renta y la riqueza, lo que implica crear tales tributos conforme a lo que en Derecho Tributario se denomina capacidad contributiva (véase “La capacidad contributiva”, en esta página de opinión de 17 de agosto de 2005). El concepto es sinónimo de riqueza real, efectiva y actual, en manos privadas, que se entiende idónea para que se pueda contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. De ello se tiene como consecuencia que no pueda hacerse uso de un concepto como el de “flujos futuros de IR e IVA”, en tanto que constituye por definición lo contrario a lo que nuestra Constitución ordena.
El anteproyecto sometido a estudio es susceptible de mayores análisis que a nuestro entender llevarían a su inconstitucionalidad si se aprobase la ley en los términos presentados. El mecanismo planteado por el anteproyecto de ley no puede aceptarse por el legislador por cuanto no es una herramienta que, planteada en los términos del anteproyecto, sirva al fin que se propone. Lo que no implica que sugiramos que se reforme el mecanismo, sino que no se apruebe por inconstitucional y por ser contrario, además, a lo que la Constitución establece en el arto. 4: “El Estado promoverá y garantizará los avances de carácter social y político para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses, protegiéndolos contra toda forma de explotación, discriminación y exclusión”.
Sin duda alguna, el desarrollo económico que se obtiene a través de la industria turística es una verdad prácticamente evidente en sí misma. Sin embargo, la trascendencia de la premisa pone en evidencia la necesidad de un amplio debate sobre la materia, y sobre todo, tomar con calma decisiones de hondo calado en el tejido social y económico de la nación.
El autor es candidato a doctor europeo en Derecho por la Universidad de Salamanca y miembro de la Asociación Española de Derecho Financiero, del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario y de la International Fiscal Association.
balladares@usal.es