Opinión

¡Alto al saqueo fiscal disfrazado de incentivos turísticos!


Un insólito proyecto legislativo que actualmente pone a prueba la ética de legisladores, altos funcionarios del Poder Ejecutivo, de prominentes empresarios y medios de comunicación, e incluso de profesionales y consultores independientes, es el llamado proyecto de Ley Especial de Creación de Bonos para Inversión Turística, BIT. La ausencia de foros de intercambio técnico y de espacios democráticos de reflexión alrededor de temas de interés nacional como éste ha impedido a la opinión pública conocer su contenido real e interpretar correctamente las razones que aducen grupos de interés para insistir en su urgente aprobación. Eso sí, los lugares comunes y frases trilladas sobre la importancia estratégica del turismo, junto a groseras descalificaciones a quienes hemos desaprobado y cuestionado con bases jurídicas y técnicas esa propuesta de ley, fluyen a torrentes en determinados círculos de poder.
Esencia de la Ley BIT
Ante todo debemos saber que este proyecto (afortunadamente aún no es ley de la República) ocupa la atención de amplios sectores de la comunidad académica nacional e internacional, por tratarse de un osado intento de privatización de los impuestos a través del subsidio que el Estado otorgaría mediante la asunción del costo de inversiones privadas en el sector turístico a favor de unos cuantos bendecidos por esa pretendida ley. En caso de oficializarse la Ley de los BIT, sería la primera vez en la historia impositiva mundial que un Estado donaría, costearía, subsidiaría, obsequiaría a terceros privilegiados los impuestos de la sociedad, ¡antes de recaudarlos!, lo que en sí mismo constituye una aberración conceptual, técnica y a todas luces violatoria de la Constitución Política de la República.
El artículo 4 del proyecto de Ley de los BIT no deja lugar a dudas: “Se autoriza al Estado para que, a través del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), otorgue a entidades mercantiles propietarias de proyectos turísticos, aprobados de conformidad a la Ley No. 306, la facultad de utilizar como fuentes de pago de los bonos y sus intereses, los flujos futuros en concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto sobre la Renta (IR), conforme el mecanismo y disposiciones establecidas en la presente Ley, su Reglamento, y la Ley No. 306 y su Reglamento”.
Más aún, la envoltura de este curioso regalo tributario es engañosa y en apariencia lo hace más atractivo y seductor: para arrancar la maquinaria del festín, el dueño de la obra emitiría bonos (de ahí el nombre a la ley), los cuales serían redimidos con los impuestos de los contribuyentes ¡durante dos décadas! Pero en todo caso dejemos que el artículo 8 del proyecto de ley se desnude tal cual es para dejarse ver en todo su esplendor: “El plazo para gozar del beneficio de utilizar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (IR) para el pago de BIT no podrá exceder de veinte (20) años, contados a partir de la fecha en que el proyecto turístico sea declarado en operación”.
No es posible defender
lo indefendible
Insatisfechos con las amplias y generosas exoneraciones que desde hace siete años otorga la hoy vigente Ley de Incentivos a la Industria Turística, conocida como Ley 306, los creadores de esta peligrosa idea aducen que el financiamiento de los BIT es inofensivo por consistir en “impuestos futuros”, cuya recaudación no existiera de no haberse realizado la inversión subsidiada. ¡Como si alguna vez en la vida los presupuestos públicos se han financiado con “impuestos pasados”!
Dejémonos de subterfugios y hablemos claro, se trata de ingresos fiscales que el Estado no recaudará en razón de que se permitiría que el Impuesto sobre la Renta (IR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) de esas inversiones --y, por si fuera poco, de sus unidades económicas afines, agrega el proyecto--, en vez de enterarse al fisco como el resto de contribuyentes lo hace por ministerio de ley, sencillamente el empresario beneficiado se los echará a la bolsa para pagar con esos fondos públicos su inversión privada. Permítanme insistir, no se trata de exenciones tributarias por la construcción y ulterior operación de la obra, ni por las ganancias del negocio, pues todo eso ya lo disfrutan mediante la Ley 306 vigente desde el año 1999, ¡sino del financiamiento mismo de la inversión!
Pero si hipotéticamente los aceptamos como tributos que al fin y al cabo “no cuestan nada por ser futuras recaudaciones que antes no se tenían”, como arguyen sus ingeniosos inventores, entonces, ¿qué esperamos para ampliar tan novedosa estrategia fiscal a los restantes sectores de la economía? ¿Por qué sólo al turismo se otorgarían estas creativas palancas de rentabilidad financiera y no a la producción exportable, o a la agroindustria, o a la ganadería, o al comercio? ¿No sería un tonto de solemnidad el Estado si concentra exclusivamente en el turismo este original modelo de “regalo estatal a particulares sin que ello supuestamente cueste un centavo al erario”? ¿Por qué tratamientos especiales para unos y para otros nada? Recordemos al ilustre tributarista Vito Tanzi: “Una vez que se hacen excepciones fiscales, surge una lista que empieza con lo obvio y conforme pasa el tiempo se generaliza el impuesto para nadie”.
¿Por qué sería una
ley inconstitucional?
Mientras este proyecto de ley aspira a repartir alegremente el dinero público para obras privadas, los artículos 112 al 115 de la Constitución Política, 4, 14, 21, 57, 93, 95 y 140 de la Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario, 9, 12, 15 y 16 del Código Tributario, y 105 y 121 de la Ley de Equidad Fiscal son categóricos en reiterar el principio universal que la potestad de creación, recaudación y administración de los tributos --habida cuenta de su naturaleza pública e ineludible destino social-- es privativa del Estado y absolutamente indelegable. Además, las disposiciones financieras atrás citadas consagran en detalle los principios elementales y normas básicas de una sana práctica fiscal; por tanto, bajo ninguna excusa o interés de incentivar alguna actividad económica, pueden los fondos públicos ser objeto de privatización.
Y antes de que se nos diga que la llamada Ley de los BIT no es nada nuevo, pues en los Estados Unidos de América existe como Tax Increment Financing (TIF), raudo me apresto a salir al paso de esta falsa y socorrida aseveración: los TIF y similares experiencias en países del globo consisten en operaciones bursátiles impulsadas por los gobiernos, que son realizadas entre el Estado y los particulares con el objetivo único de financiar en todos los casos obras públicas (escuelas, carreteras, obras de infraestructura en zonas alejadas de los núcleos urbanos, etc.), pero jamás negocios privados.
En el caso de aprobarse el inefable proyecto de ley, la contravención de este precepto elemental de finanzas públicas seguramente ocasionará una lluvia de recursos de Amparo y de Inconstitucionalidad, circunstancia que dejaría en posición muy difícil a sus progenitores al no poder justificar el porqué una ley tan ardorosamente defendida y temerariamente comprometida por empresarios de ocasión, tres ministros de Estado, algún candidato presidencial y uno que otro “negociador”, habría resultado severamente vulnerada y --lo que es más importante-- anulada en sus efectos por inminentes resoluciones judiciales del máximo nivel jurisdiccional, es decir, de la Corte Suprema de Justicia.
Una propuesta de solución
Para que la crítica constructiva transite hacia soluciones genuinamente nacionales, sugiero dos pasos muy concretos que bien podrían realizarse antes de que el proyecto de Ley BIT sea conocido y aprobado en la Asamblea Nacional. Primero, si por lógica económica los recursos públicos asignados a un sector dejan automáticamente de otorgarse al resto de sectores de la economía, el Ministerio de Hacienda debe publicar de inmediato el cálculo económico del costo fiscal de la Ley BIT, según lo ordena el artículo 61 del Código Tributario; y en caso de no existir pérdida tributaria, también lo deberá fundamentar con las debidas bases técnicas y jurídicas. Para ello, no olvidemos dos cositas nada más: a) El artículo 131 de la Constitución advierte a los funcionarios públicos las responsabilidades en que pudiesen incurrir cuando afecten al Estado y a la sociedad a causa de abusos, negligencia u omisión. b) Que el Director General de Ingresos explique el porqué al aprobarse la Ley BIT el Estado perdería anualmente 700 millones de córdobas, “y el pueblo tendría que pagar más tributos porque el gobierno no produce dinero”, según lo declaró categóricamente a la nación en El Nuevo Diario del 29 de julio 2005, y en La Prensa del 16 de diciembre 2004 y 21 de julio 2005.
Segundo, como se responde que este proyecto de ley no viene con dedicatoria a ciertas inversiones y grupitos de poder, y más bien es un negociazo de ganar-ganar en el que todos salimos felices y contentos, mientras desde la acera académica otros sostenemos que se trata de un conato de saqueo al erario, entonces lo más sencillo para disipar críticas e incómodas suspicacias sería que el Poder Legislativo organice, a la luz pública y en presencia de los contribuyentes --quienes en última instancia pagarán la cuenta--, un simposio del más alto nivel técnico mediante la presentación y evaluación de ponencias nacionales e internacionales de consultores y organismos públicos y privados (incluido el FMI, BM, y BID, por supuesto), bajo el compromiso de que la recomendación final del evento sería acatada por todos sin chistar. ¿Quién dijo miedo?