Opinión

¿Es necesario el referéndum?


En los últimos días se ha venido argumentando acerca de la necesidad del referéndum sobre la validez de la Ley Marco que pospuso la entrada en vigencia de la reforma constitucional, aprobada por la Asamblea Nacional, hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Casi todos los días se dan argumentos sobre el mismo, los que a mi juicio tienen una fuerte carga política, tanto de los que están a favor como de los que están en contra, por lo cual intentaré responder la pregunta que encabeza este artículo desde la perspectiva de un Estado de Derecho.
Es por todos conocido que la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional por medio de la cual se debilitaba al Poder Ejecutivo fortaleciéndose la Asamblea, lo cual creo una crisis de gobernabilidad al darse un conflicto de poderes, en el cual no sólo participaron los dos primeros señalados, sino también el Poder Judicial y el Poder Electoral, quienes juntos con la Contraloría General de la República y el Fiscal General tomaron bando suscribiendo un comunicado, que fue hecho público, en contra del Poder Ejecutivo.
El Presidente de la República, haciendo uso de la normativa comunitaria, que es ley nacional para Nicaragua, por haber sido suscrita por el Poder Ejecutivo y ratificada por la Asamblea Nacional, demandó ante la Corte Centroamericana de Justicia la solución jurídica del conflicto. La Corte, con fundamento en el literal f) del artículo 22 del Convenio de Estatuto, que le otorga esa facultad, reconoció su competencia y le dio el trámite correspondiente hasta dictar sentencia admitiendo la controversia y declarando que la reforma constitucional violaba los principios fundamentales de la división de poderes al establecer la hegemonía del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo, preponderancia que en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma queda reflejada como elemento esencial de la misma y se violaban los principios y fundamentos del Sistema de la Integración Centroamericana y por consiguiente no podía aplicarse la reforma.
De acuerdo con la normativa comunitaria, que forma parte de la normativa nacional, las sentencias que dicta la Corte Centroamericana de Justicia son de ineludible cumplimiento, vinculantes para los estados, órganos y organismos del Sistema de la Integración Centroamericana y para los particulares y deben ser acatadas como si se tratara de una sentencia dictada por tribunales nacionales. Consecuentemente, la reforma no puede ser aplicada en ningún momento y no cabe hacer una consulta popular para decidir si se aplica o no. Esto en cualquier Estado de Derecho.
Sé muy bien que se responderá que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional y sin efecto alguno la resolución de la Corte Centroamericana, pero esto no tiene fundamento jurídico alguno, puesto que la Corte Suprema no tiene jurisdicción, competencia, ni facultades para anular una sentencia de un tribunal internacional supranacional.
La Constitución de Nicaragua claramente establece que ningún Poder del Estado, organismo de Gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República y en ninguna parte de éstas se le dan facultades o jurisdicción a la Corte Suprema de Justicia para anular o dejar sin efecto las sentencia de un tribunal internacional, aceptar lo contrario sería caer en el absurdo de mantener la tesis de que los tribunales nacionales pueden dejar sin efecto una sentencia del Tribunal de La Haya o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Por otra parte, aunque se llegara a admitir que se puede declarar la inconstitucionalidad de una sentencia de cualquier tribunal internacional hay que observar que la resolución de la Corte Suprema declarando inconstitucional la sentencia de la Corte Centroamericana fue dictada en violación al principio de legalidad, principio que está obligada a garantizar, puesto que no se siguieron los procedimientos establecidos por la Ley de Amparo, es decir, no se cumplieron los elementos fundamentales del debido proceso que todo tribunal debe seguir en su función jurisdiccional.
El presidente Enrique Bolaños Gayer enarboló la sentencia de la Corte Centroamericana como bandera de la legalidad, e inclusive consiguió el apoyo de los presidentes del istmo, quienes declararon que era de ineludible cumplimiento y debía ser acatada, declaración que fue firmada por el presidente Maduro, de Honduras, quien meses antes había desconocido oficialmente, por medio de un decreto ejecutivo, a la Corte y los presidentes de Guatemala, Costa Rica y Panamá que no han aceptado la competencia del órgano regional, sentencia que posteriormente el mismo presidente Bolaños desconoció al concertar la Ley Marco admitiendo la validez de la reforma y posponiendo, de forma antijurídica, su entrada en vigencia después de haber finalizado su gobierno.
La respuesta entonces a la pregunta de si es necesario el referéndum es no si estuviéramos en un Estado de Derecho donde se respeta la juridicidad y la legalidad, y si se trata de un Estado en el que no hay seguridad jurídica, al no aplicarse el principio de legalidad, también la respuesta es que no es necesario el referéndum, por cuanto la voluntad popular no estaría sujeta a su decisión, sino a la de los que controlan la Asamblea Nacional.
Managua, 12 de julio de 2006.