Opinión

Hay que superar el estancamiento económico


Ningún país centroamericano ha tenido éxito económico con el modelo neoliberal. De ahí la necesidad urgente de abandonar las directrices de los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo, porque han generado mayor pobreza en el país. En los últimos dieciséis años el desempeño económico de Nicaragua ha sido pobre y errático.
Por ello Nicaragua debe cambiar su actitud frente a los procesos globales. Debe dejar de ser pasivo como lo han hecho China y Corea del Sur que no están en contra, pero que han decidido su propio modelo de desarrollo. La economía de Nicaragua se encuentra estancada, que es una manera de estar en crisis.
En Nicaragua el ingreso por habitante ha permanecido prácticamente estancado y el desempleo creciente ha conducido a un aumento de la economía informal, a mayores corrientes migratorias y un aumento en los índices de delincuencia. En sentido contrario, la inflación ha sido medio controlada, el déficit fiscal es desde hace varios años inferior al dos por ciento como proporción del PIB; son logros macroeconómicos.
Somos uno de los países mejor portados en materia de finanzas públicas. Estados Unidos va a cerrar 2006 con un déficit fiscal probablemente cercano a 5 por ciento del PIB, país que nos hace someternos a las recomendaciones de política económica de los organismos financieros internacionales. Tal parece que nos dicen haz lo que te digo, pero no lo que yo hago. La estabilidad económica debe mantenerse, pero como un medio y no como un fin, por lo que es necesario recuperar el crecimiento y el empleo mediante un Estado promotor.
Ante el fracaso de las políticas del gobierno para impulsar el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) se requiere una institucionalización de las mismas que esté apoyada en programas de financiamiento de largo alcance, que vayan más allá de un período de gobierno y que no dependan de una partida de recursos fiscales del presupuesto. En Nicaragua existen 252 mil Pymes, 152 mil en las ciudades y 100 mil en el campo. Generan el 89 por ciento del empleo del sector productivo del país y producen el 50 por ciento del PIB.
Las Pymes son un estrato del aparato productivo que, a pesar de no tener acceso al financiamiento de la banca, representa 6 por ciento de las exportaciones totales del país. Desafortunadamente este tipo de negocio no es prioridad en la agenda de los gobiernos neoliberales, pero si dejaran de pagar los impuestos y de producir, se pondría en riesgo el 50 por ciento del PIB.
El presupuesto para apoyar a las Pymes es penoso, frente al que es otorgado en Estados Unidos por la Small Bussines Administration a las pequeñas empresas norteamericanas. El fracaso de las políticas de fomento a las Pymes ha hecho que el principal grupo de empresas, que además es el más numeroso, el de mayor valor agregado y el que más empleo genera, no logre su pleno desarrollo.
La estabilidad de la economía se ha sostenido en la rígida gestión presupuestal impuesta por los organismos financieros internacionales. Pero la estabilidad no ha sido la base para impulsar un mayor crecimiento de la producción y del empleo, cimentado en el incremento de la inversión y de la productividad. Sin embargo, sí ha estimulado de manera significativa la expansión del crédito y del endeudamiento de las familias por medio de hipotecas, compra de automóviles o el uso extensivo de tarjetas de crédito para el consumo.
Los límites de la estabilidad financiera, tal y como se ha forjado con la política económica que se aplica y en el marco de las condiciones externas que se enfrentan, son cada vez más evidentes. Así, en lugar de sentar las bases de un aumento de la producción, tiende cada vez más a generar una situación de estancamiento económico crónico.
El costo de este estancamiento ya se advierte en el producto y el ingreso que se ha dejado de crear y las repercusiones sociales que provoca. El costo de rebasar la condición de estancamiento será cada vez más alto, en la medida que los rezagos de infraestructura física, de inversión productiva, de capacitación de la fuerza de trabajo y de desarrollo tecnológico, entre otros, se van acumulando.
Hay una cierta miopía en el énfasis que se pone en la estabilidad de la economía. Ésta es, sin duda, una condición favorable en principio, útil para la expansión productiva y la elevación de los ingresos. Pero no es suficiente en un entorno de grandes contradicciones económicas y sociales como las que padece este país.
El futuro gobierno progresista tiene la capacidad para garantizar a los empresarios, fundamentalmente los pequeños y medianos, el buen desarrollo de sus negocios y brindar las condiciones necesarias para incrementar su capital de manera segura, pues se ha comprendido que no hay un auténtico desarrollo sin producción y para ello se necesita de la inversión privada y estatal. No hay creación de empleos si no hay nueva inversión. Y no hay nueva inversión si no hay ahorro. Y para que el ahorro interno crezca, deben crecer los ingresos de las personas, de las familias y de las empresas. Y éste depende en un caso del empleo y en otro de la competitividad. Para incrementar la competitividad es necesario mejorar el capital humano e infraestructura de las Pymes.
Por último, estamos a favor de una Ley de Competencia Económica, para proteger a los consumidores y que sean los principales beneficiados, pues con esa ley se podrá prevenir e investigar prácticas anticompetitivas, ya que dotará al país de una política de competencia más sólida y permitirá cumplir con mayor efectividad el mandato constitucional, referido a la prohibición sobre la existencia de monopolios y prácticas monopólicas.
El objetivo central de la política de competencia es colocar al consumidor en el centro del proceso económico para materializar los beneficios que entraña la economía de mercado, cuando funciona debidamente. En nuestro país la competencia económica debe ser una política de Estado, más allá de diferencias ideológicas o partidistas.
La Ley de Competencia Económica servirá para poner candados a los grandes monopolios (por ejemplo, azúcar, harina para el pan, etcétera) y evitar que progresivamente eliminen a empresas más chicas para quedarse con un mercado más grande, imponiendo con ello sus condiciones y perjudicando a los consumidores. La Ley de Competencia Económica debe sancionar prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.
El mayor reto del próximo gobierno es tener una visión de largo plazo del desarrollo económico para generar empleo y estabilidad financiera. El peligro para los países centroamericanos no es el llamado populismo, sino que prevalezca el miedo para hacer los cambios que se requieren para alcanzar una estrategia de desarrollo y crecimiento que ha mostrado su fracaso.