Opinión

¿Qué pasa con la cedulación?


El 6 de agosto es la fecha límite para tramitar las cédulas de identidad, de cara al proceso electoral que culminará en las elecciones del 5 de noviembre próximo. La Ley de Identidad Ciudadana, en su artículo 37, establece lo siguiente: “Dentro de los noventa días anteriores a la fecha de una elección, no se admitirán solicitudes de Cédula de Identidad, ni se expedirán éstas durante sesenta días antes de esa fecha”. A su vez, la Ley Electoral vigente establece, en el párrafo segundo de su artículo 37 que: “En cuanto a nuevas inclusiones en el Padrón Electoral, éstas se cerrarán sesenta días antes de la fecha de las elecciones, y de ellas se informará a los partidos políticos o alianzas de partidos dos días después”.
Estamos, pues, a sólo doce días de que se cierre el período para solicitar las cédulas de identidad. Frente a un período tan corto, y siendo que miles de ciudadanos o ciudadanas aún no poseen su cédula de identidad, especialmente en el sector juvenil, corresponde reflexionar por qué se da esta situación, siendo como lo es la posesión de una cédula de identidad un derecho fundamental del ciudadano. Dice al respecto la Ley de Identificación Ciudadana del 5 de marzo de 1993 en sus artículos 2 y 3, “Arto. 2: ‘Los nicaragüenses residentes en el país que hayan cumplido los dieciséis años de edad tendrán derecho a obtener su cédula de Identidad Ciudadana’”. “Arto. 3: ‘Todos los nicaragüenses que hayan cumplido los dieciséis años de edad tienen el derecho y el deber de obtener su respectiva Cédula de Identidad, y el Estado la Obligación de otorgarlas’”.
La posesión de la cédula de identidad, o en su defecto el Documento Supletorio de Votación, es un requisito indispensable para poder ejercer el derecho al voto el día de las elecciones. Es tan importante que “si un ciudadano hábil para votar no aparece registrado en el Padrón Electoral de la Junta Receptora de Votos del lugar de su residencia habitual pero posee cédula de identidad o Documento Supletorio de Votación legalmente expedido que pruebe que reside en la circunscripción territorial de la respectiva Junta Receptora de Votos, ésta autorizará el ejercicio del sufragio y hará constar este hecho en el acta respectiva”. (Artículo 41, párrafo segundo de la Ley Electoral).
Por otra parte, el Artículo 48 de la Constitución Política establece: “Es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país”.
¿Cuál es el órgano competente del Estado para tramitar y otorgar las cédulas? El Consejo Supremo Electoral. Es este Poder del Estado el que tiene la obligación constitucional de cedular a la ciudadanía hábil para votar. Así lo manda la Constitución Política cuando en su artículo 173, inciso 10, establece entre las atribuciones del CSE, la de “organizar bajo su dependencia el estado civil de las personas, la cedulación ciudadana y el Padrón Electoral”. ¿Cómo, entonces, se explica que frente a las próximas elecciones, centenares de miles de ciudadanos no van a poder ejercer su derecho al voto, en buena parte por el incumplimiento de parte del Consejo Supremo Electoral de su obligación constitucional de organizar un sistema eficiente y expedito de cedulación, a fin de hacer realidad la obligación del Estado de asegurar, a todos los nicaragüenses, su efectiva participación en la vida política del país? También, en parte, hay que señalar la desidia de miles de ciudadanos, especialmente jóvenes, para solicitar sus cédulas.
Hay que tener en cuenta que tramitar una cédula representa ciertos gastos que miles de nicaragüenses no pueden enfrentar, especialmente si residen en áreas rurales apartadas y tienen que movilizarse para realizar las gestiones del caso. Afortunadamente, la nueva Ley 592 establece la gratuidad de la certificación del Registro Civil, el cual debe dar respuesta a la solicitud en un término no mayor de 24 horas.
En el sector donde es más preocupante la falta de cédula es en el juvenil. Una encuesta llevada a cabo en los colegios e institutos de secundaria por el Movimiento por Nicaragua, entre los jóvenes mayores de 16 años, reveló que del universo consultado (16.676 estudiantes) sólo el 19% tenía su cédula contra el 81% que dijo no tenerla, aunque de éstos el 30% aseguró que ya la solicitó y se encuentra en trámite. Por otra parte, más de 200,000 cédulas se encuentran en poder del CSE y no han sido entregadas a sus respectivos dueños, la mayoría de ellos jóvenes mayores de 16 años.
Todo lo anterior pone de manifiesto que pudiera existir un interés político para que los nuevos ciudadanos no obtengan sus cédulas, mientras los militantes de uno de los grandes partidos, ya la tienen, sea porque han sido más diligentes o porque su filiación política les ha permitido tramitarlas con mayor rapidez. En contraste, los medios están llenos de noticias de ciudadanos y ciudadanas que tienen meses y hasta años de estar gestionando sus cédulas, sin lograr que les sean entregadas.
Los Centros de Atención al Ciudadano, auspiciados por el Movimiento por Nicaragua, han tratado de colaborar con los ciudadanos, sin distingo de colores políticos, para que obtengan sus cédulas. El esfuerzo ha tenido magros resultados, tanto por la lentitud y limitaciones de los Registros Civiles, como por las dificultades y demoras en las oficinas de cedulación del CSE. De las 5,700 solicitudes de apoyo presentadas por personas de escasos recursos, las oficinas de Registro de las Alcaldías sólo recibieron el 37% y el CSE el 27% (colillas de solicitud en trámite). En conclusión, sólo el 1% de los ciudadanos auxiliados por el Movimiento por Nicaragua logró su cédula tras cinco meses de gestiones ante el CSE.
A estas alturas, puede estimarse en más de quinientos mil el número de ciudadanos hábiles para votar que no podrán hacerlo por carecer de cédula, lo que representa un alto porcentaje de la población apta para votar. Organismos de la sociedad civil, reunidos en un foro convocado por el Movimiento por Nicaragua, al conocer esta situación adoptaron, entre otras, las recomendaciones siguientes: a) Organizar, en estos últimos días, una intensa campaña para promover la cedulación ciudadana, haciendo ver que dificultarla viola uno de los derechos políticos fundamentales de la ciudadanía; b) Exigir al Consejo Supremo Electoral que, con la colaboración de organismos no partidarios que gocen de la absoluta confianza de la ciudadanía, organice una distribución masiva de las 200,000 cédulas que están en su poder. Además, que el CSE se comprometa a entregar su Documento Supletorio de Votación a todos los ciudadanos que tienen en su poder la colilla que demuestra que iniciaron su trámite de cedulación en tiempo; c) Montar, a lo inmediato, kioscos del CSE en todos los colegios e institutos, para cedular a los jóvenes estudiantes aptos para votar.

Managua, julio de 2006.