Opinión

Cómo Honduras enfrenta crisis energética


A diferencia de lo que ocurre en nuestro país, el gobierno liberal de Manuel Zelaya en Honduras ha tomado “el toro por los cuernos” en materia de la política energética de los combustibles. Afectada, como todos los países netamente importadores de hidrocarburos, Honduras vio aumentar su factura petrolera de US$ 637 millones en 2004 a US$ 904 millones en 2005. No cuenta con una refinería de petróleo y se abastece vía importación total de sus combustibles, la cual está concentrada en un 80% en cuatro grandes empresas (Dippsa, Texaco, Shell y Esso). Esta situación, según la Cepal, corresponde a un mercado oligopólico altamente concentrado. Una situación similar se presenta en Nicaragua, con la diferencia de que en nuestro caso son dos empresas las que controlan el 82 % de las importaciones.
En septiembre de 2005 cuando el barril de crudo rondaba los US$ 65 y el de diesel los US$ 92, el gobierno hondureño del entonces presidente Ricardo Maduro declaró una “emergencia energética”, con lo cual aumentó en 19.7% los precios de las gasolinas y en 7.9% los de los demás combustibles.
Una protesta de alrededor de 5,000 taxistas paralizó la capital y obligó al Congreso a aprobar dos decretos para derogar los aumentos (congelamiento de los precios), ratificar “medidas compensatorias” y, además, nombró una Comisión de Notables, cuya función fue “revisar y supervisar permanentemente los mecanismos de fijación de precio de los derivados del petróleo y explicar a la ciudadanía sobre su funcionamiento y conclusiones, así como hacer recomendaciones sobre los mismos…”.
Después de presentar los primeros informes y confirmar la complejidad de la situación, la Comisión contrató a un consultor internacional independiente para realizar un análisis exhaustivo de la situación de los combustibles en Honduras.
El sistema actual de fijación de precios de los combustibles, más conocido como “Precios de Paridad de Importación”, se negoció en 1992 entre el gobierno de Honduras y los suplidores tradicionales, siendo todas compañías multinacionales o que, de alguna manera, se relacionan con una compañía multinacional. Este sistema ha sido descrito como “transparente”. Debe entenderse que es transparente desde el punto de vista que el gobierno lo aceptó y que todos los precios de referencia se publican, pero ha servido para validar una situación de alta concentración de mercado, esto es de un fuerte oligopolio que le ha representado un alto costo al país.
El informe del consultor desnudó un inadecuado sistema de importación de carburantes que obliga a los consumidores hondureños a pagar millones de lempiras de más por el precio de los combustibles. Denunció que las compañías que suplen a Honduras de los derivados del petróleo ejercen una práctica monopólica que el país ha estado soportando por temor a un “desabastecimiento”.
Advirtió así mismo que el cambio en la forma de adquisición de los derivados del petróleo no implicaría riesgo alguno de desabastecimiento, porque las compañías extranjeras asegurarían el suministro. El experto añadió que “el cambio es factible, pero que requiere valentía y apoyo político para alcanzar los beneficios” de una rebaja en los precios para los consumidores en un plazo de unos tres meses.
Las principales recomendaciones del documento del consultor, conocido como informe No. 3, (www.ccichonduras.org/infonotables.html), fueron acogidas positivamente por el nuevo gobierno, la empresa privada (Cohep), la Coalición Patriótica de Solidaridad, integrada por sectores de maestros, indígenas, transportistas, de la Asociación Hondureña de Distribuidores del Petróleo y de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), entre otras. No así, obviamente, por la empresas petroleras y energéticas.
De llevarse a la práctica los objetivos concluyentes del informe No. 3, implicaría para Honduras una total reestructuración del subsector hidrocarburos. Las principales recomendaciones del documento y que el gobierno está impulsando están orientadas a:
1. Licitación internacional para la compra del total de la demanda de los combustibles del país en un año, permitiendo un ahorro en la factura petrolera de entre 46 y 76 millones de dólares.
2. De manera paralela se abriría otro concurso para construir una terminal de almacenamiento con capacidad de 2.5 millones de barriles de carburantes, como primer paso para la construcción posterior de una refinería de 300 mil barriles por día.
Como medidas emergentes, el nuevo gobierno del presidente Manuel Zelaya creó un fondo de 300 millones de lempiras (15.8 millones de US$) para absorber el congelamiento de los precios de los combustibles, que a la fecha se mantiene.
Así mismo el gobierno decidió la contratación de un seguro energético que permita al país amortiguar cualquier alza de los precios internacionales de los carburantes, mientras se ejecuta el proceso de la licitación internacional.
El ministro de Finanzas, Hugo Noé Pino, aseguró (30 de junio): “Esa política de subsidiar el precio de los combustibles tiene como horizonte de tiempo la entrada en vigencia de los demás instrumentos de política con respecto de los carburantes. Creemos que el subsidio se va a mantener durante junio y julio, pero al momento que se dé la licitación internacional para la compra directa de derivados del petróleo y que se adquiera el seguro energético, en ese momento desaparece el subsidio”, advirtió.
La ratificación del gobierno hondureño de adquirir combustibles por medio de una licitación internacional (Pdvsa, Venezuela, ha confirmado oficialmente que participará en la licitación) causó asombro al embajador de Estados Unidos, Charles Ford, al asegurar que “las reglas del juego han cambiado de la noche a la mañana” para la inversión extranjera. A la vez motivaron a la embajada a efectuar un “llamado” a un debate nacional sobre el tema, sugiriendo que algunos sectores podrían quedar inconformes con las recomendaciones, aludiendo al mismo tiempo a la importancia del libre mercado y la nueva etapa para la historia de Honduras que representa el TLC.
“Le dijimos al embajador de los Estados Unidos que la importación de combustibles de Venezuela no obedece a cuestiones políticas, porque la ANDI es una organización empresarial que no vota en la asamblea de la ONU ni en el Consejo de Seguridad. Les preocupa que Honduras asuma un compromiso político”, dijo Adolfo Facussé, Presidente de la Asociación Nacional de Industriales.
Aun ante la oposición de la industria petrolera local, el gobierno mantiene su fortaleza en llevar a los hechos cambios sustanciales en la estructura del subsector de los hidrocarburos. “Si las transnacionales no permiten el uso de sus terminales, será una decisión política del gobierno qué acción se tomará luego de haber recibido ese tipo de información. El Ejecutivo podría tomar control de las terminales y pagarles por el servicio bajo la fórmula actual”, apuntó el consultor a cargo del proceso de licitación.
Recientemente fue publicado el primer aviso para las empresas interesadas en el proceso de licitación internacional (ver Government of Honduras Announces Tender for Its Refined Oil Requirements. En www.ereleases.com/pr/20060626002.html y www.smartsite oilandgas.com/news/24982.html).
Podemos concluir de todo este fenómeno que el nuevo gobierno de Honduras, de corte liberal, con mucha valentía, y apoyado por los principales grupos económicos y gremiales, ha decidido colocarse al lado de su pueblo en la lucha por garantizar un abastecimiento seguro de combustibles y romper el oligopolio de las empresas multinacionales que encarecen constantemente la factura petrolera. Haga usted, amigo lector, las conclusiones que estime convenientes en relación con lo que ahora sucede en Nicaragua con los combustibles.
Grupo consultor
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