Opinión

Los ciudadanos tienen derecho a conocer la información pública


Históricamente los presidentes de la República han mantenido un férreo control sobre la información pública en un modelo cerrado viciado por cantinflescas conferencias de prensa o comunicados. En países avanzados cuando se habla y desea saber del quehacer gubernamental, prevalece el relato de los hechos y datos específicos a los temas, es una obligación entregar aquella información que solicitan los ciudadanos.
Es importante dejar en claro que son los ciudadanos los depositarios finales del derecho a conocer sobre los asuntos públicos, por lo tanto, no existe ángulo válido para discutir el tema que no sea aquel que reconoce ese derecho original de exigir a la autoridad lo que le pertenece: información sobre aquello que es de todos.
Se trata de transitar de una sociedad cerrada a una abierta, de dar transparencia a la función pública. En una sociedad abierta el acceso del ciudadano a la información se rige por leyes; en cambio en una sociedad cerrada, como la nuestra, por las costumbres.
El centro del problema es, tiene o no el ciudadano el derecho a preguntar, y la autoridad la obligación de responder con la información existente.
La verdadera disyuntiva es seguir resignados a vivir bajo el modelo en que la información es un privilegio del servidor público o exigir un reconocimiento de la información pública como un derecho fundamental del ciudadano.
El servidor público representa a los ciudadanos, su representante, pero no les informa; él decide qué es lo que puede conocer, y cuando se trata de información que es desfavorable al gobierno, se resiste, y al final aduce la gastada respuesta, razones de Estado. Mantener en secreto los asuntos de interés público es ocultar beneficios delictivos.
Es una ilusión pensar que el próximo gobierno, y los que sigan, rompan el modelo informativo de gobiernos pasados, para poner al alcance de cualquier ciudadano la información de todas las acciones; sólo así se erradicará la corrupción, y gracias al escrutinio público seremos una democracia real.
Es costumbre de los servidores públicos recurrir, en momentos difíciles, a la expresión que la solución es responsabilidad de todos los ciudadanos, música al aire, porque los ciudadanos desconocen orígenes y causas, y nada en forma concreta pueden asumir, podría interpretarse tal expresión como una forma burlesca para tranquilizar ánimos.
Es de gran trascendencia abrir un espacio de participación a través del cual todo ciudadano, de cualquier estrato, pueda solicitar información pública, y de negársele pueda denunciar la violación a sus derechos.
Abrir ese espacio de la información pública es una forma efectiva de combatir la corrupción con el aporte ciudadano. Acabar de un golpe con esa enfermedad que ha infestado hasta el último rincón de la vida nacional, luce por ahora como una tarea imposible.
El actual gobierno tomó como bandera terminar con la corrupción, pero nada ha hecho a la fecha, en casi cinco años. Se obsesionó en perseguir, junto con el gobierno norteamericano, al ex presidente Alemán, ya condenado y preso, un caso del pasado, ¿qué se ha avanzado?, se recuperaron unos dólares. Nada se ha sistematizado en su propia administración, y para el futuro, la corrupción de gastos de los recursos continúa igual. El auge de la corrupción tomó vuelo en el período cuando fue vicepresidente.
Pero, es posible poner en marcha un mecanismo considerado infalible facilitando a cada nicaragüense que así lo desee, ser un aliado en la lucha contra la corrupción y la variedad de formas existentes de abuso de autoridad. ¿Cómo?, obligando, por ley, a toda autoridad a abandonar una forma de gobernar, legislar y administrar justicia basada en el sigilo.
Diseñando mecanismos legales para transitar hacia un sistema abierto y transparente, en donde el ciudadano adquiere el derecho pleno a conocer cómo se usan los recursos públicos.
Pero en Nicaragua no se trata de una ley más, el problema de fondo está en las calidades de las personas que desempeñan cargos públicos, de presidente de la República para abajo, junto con las personas del sector privado que actúan como contraparte de la corrupción.
El gran volumen de servidores públicos, burócratas, en dependencia vertical de los principales ejecutivos de sus respectivas áreas, operan lo que les mandan hacer, y es ciego, mudo y sordo, y aquí juega la necesidad del empleo. Mientras no entre en práctica un sistema de servidor público a quien se garantice sólo capacidad e independencia, el sistema informativo público no se abrirá jamás. Recuerden el reciente caso de INAA, al ejecutivo que denunció la razón del problema, lo fulminaron.
Con un sistema abierto de información pública, todo lo que se negoció bajo la mesa en los procesos de privatización pudo haberse evitado; los ciudadanos desconocieron detalles finales y las coimas pasaron de noche. El colmo fue que en el caso de Telcor, en que en el producto final conocido hubo una piñatita en que los diputados participaron, dando un destino sucio a la venta de bienes nacionales, que no beneficiaron al pueblo.
En el robo bajo la figura de quiebra de los bancos comerciales privados, so pretexto de proteger el sistema bancario, se armó un drama y el gobierno central con la complicidad del Banco Central asumió el rescate que pasó a deuda interna que se paga con ingresos recaudados en el Presupuesto de la República, recursos que deberían servir necesidades sociales.
Se desconocen los detalles de la quiebra de cada uno. Los responsables inmediatos por ley son, en primer lugar, los miembros de la Juntas Directivas que eligen sus accionistas; en segundo, la autoridad controladora o Superintendencia de bancos; y en tercer lugar, sus colegas banqueros, salvar si así lo consideran o no. El gobierno no tenía pito que tocar.
Este caso lleva meses y no se aclara, y todo se ha venido manipulando para no llegar a la verdad. En reciente publicación de un banquero se afirma que en unos de los bancos quebrados ocurrieron hasta estafas.
En el MTI se desconocen asuntos vinculados con contratistas extranjeros, pero hasta allí. Nunca antes las carreteras habían estado en las condiciones actuales, ni ocurrido tantas irregularidades en nuevas construcciones, pero también, no se había tenido un Ejecutivo tan incapaz.
Los gastos del Presupuesto General de la República se manejan en forma tan oscura que los ciudadanos desconocen cómo los distintos poderes del Estado despilfarran los fondos públicos. Lo único que se conocen son los pedidos de más recursos de las dependencias y que la solución propuesta siempre es la misma, más impuestos.
Nadie conoce cómo los fondos equivalentes a las condonaciones de deuda externa se han usado para combatir la pobreza; tampoco se conoce cuál es la situación de la deuda pública; el destino de donaciones y nuevo endeudamiento extranjero.
Los nicaragüenses vivimos en una eterna noche de desinformación pública. Para el gobierno, con el apoyo del FMI, del BM y otras representaciones internacionales, la economía marcha de película, el sistema político no interesa, y menos, las desgracias que viven los desocupados y los pobres. Se marcha de sorpresa en sorpresa, como con el racionamiento de luz, que de la noche a la mañana se suspendió, por arte de magia, luego de daños inconmensurables al país y a los ciudadanos.