Opinión

Libertad de expresión, opinión pública y propiedad de medios


La controversia suscitada recientemente entre Telenica Canal 8 y La Prensa en torno al Editorial sobre una encuesta de preferencias electorales, reproducido a través de un campo pagado en la televisora y financiado por uno de los partidos políticos inmersos en la contienda electoral, ha puesto de nuevo sobre la mesa un tema que sólo ha sido abordado eventualmente, pero sobre el que vale la pena que los ciudadanos, los dueños de los medios de comunicación y los periodistas reflexionemos serenamente.
Para ser sinceros, el asunto en cuestión no es un tema jurídico sobre Derechos de Autor. Nadie necesita ser abogado para darse cuenta que la imputación formulada contra Telenica Canal 8 por La Prensa no tiene fundamento, si se trata de invocar las regulaciones legales sobre la propiedad intelectual. La sola lectura del artículo 40 de la referida ley nos libera de toda duda.
El problema de fondo es que el Editorial de La Prensa, al realizar valoraciones sobre los altos y bajos de los candidatos en la encuesta referida, formuló la conclusión de que uno de ellos había obtenido bajos resultados de preferencia, porque no había podido explicar convincentemente su participación en el asalto bancario de los Cenis. Debemos suponer que ese editorial fue preparado y redactado por un periodista, y no necesariamente por los dueños del periódico, que han visto en el candidato en cuestión la concreción de sus sueños electorales.
De ahí la importancia del análisis a partir de este hecho que no puede pasar inadvertido.
Nadie puede negar el papel esencial que todos los medios de comunicación han venido jugando en el devenir político de nuestro país.
Algunos claramente sesgados en una dirección u otra, dependiendo de su propia historia, sus propias experiencias, así como de sus propios resentimientos y amarguras acumuladas. Pero la suma final es indudablemente positiva a favor de los ciudadanos.
Ahí, donde los partidos políticos han mentido, donde los hombres públicos han pretendido ocultarse, donde las autoridades han sufrido ataques de amnesia, en una palabra, donde el poder se ha presentado como vergonzante cómplice de sí mismo, un periodista agudo, un reportaje oportuno o un titular incisivo han puesto el dedo sobre la llaga, provocando interminables dolores de hígado a los estamentos, estructuras y personalidades políticas que en este país continúan apostando siempre a la impunidad.
Por ello, no puede ser legítimo que los dueños de un medio de comunicación (cualquiera que sea) ejerzan sobre el trabajo periodístico de los hombres de prensa, o de otro medio, una perversa censura invisible, derivada de los propios intereses económicos y patrimoniales que ellos tienen o representan. Y no es legítimo, porque no son propietarios de una fábrica de textiles o de un taller de mecánica. Son propietarios de un instrumento de comunicación social, que genera opinión pública y que tiene una enorme responsabilidad con los ciudadanos que conforman su criterio a partir de la información y del enfoque que los medios realizan.
En el caso que nos ocupa, por la libertad de expresión y ejercicio profesional de quien escribió el referido Editorial, la opinión que formuló en el mismo no está restringida a ser publicitada únicamente por el periódico La Prensa, siempre que de manera obvia se respete la referencia de su fuente. El Canal 8 pautó un spot publicitario cuya responsabilidad es del partido que contrató ese servicio. Nadie puede pedirle al Canal 8 que se autocensure solamente porque el contenido del spot no le conviene al candidato con el que se identifican los dueños de un periódico.
Los dueños de los medios de comunicación deben entender siempre que los periodistas, aunque sean “empleados de su empresa”, ejercen una tarea y una función social que va más allá de lo que ellos desearían ver reflejado cotidianamente como noticias, opiniones, reportajes o cuestionamientos públicos, y que no tienen la obligación de coincidir con sus propias y personales preferencias políticas, ni mucho menos, sus propios intereses económicos. Eso ocurre también con sus colegas que son dueños de otros medios de comunicación.
Son reglas no escritas, pero necesarias, precisamente para que el periodismo cumpla su función.
Los periodistas no son vendedores de zapatos tenis. Su trabajo incide en la opinión pública. Orienta, forma y perfila el criterio del ciudadano común y corriente. Por ello, ningún poder económico (ni siquiera el de los propios dueños de los medios) puede interferir entre su trabajo y su destinatario.
A veces no nos va a gustar lo que un periodista diga de nosotros, o de otros por quienes sentimos especial deferencia. Cuando sintamos la tentación de callarlo, o de callar al medio en donde se publica lo que nos molesta, debemos recordar que ése también es el precio de la democracia, y que por él muchos hombres en este país fueron “dueños de su propio miedo”, y murieron en una calle, acribillados a balazos, sabiendo desde siempre que por decir lo que tenían que decir, iban a ser asesinados.

Rector de la Universidad Paulo Freire.