Opinión

La suspensión del acto en el Recurso de Amparo


Desde hace días se viene hablando, en los medios de comunicación, sobre el despido de la señora Martha Julia Lugo Balcáceres de la Dirección del Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), quien recurrió de amparo ante la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, alegando que su destitución fue ilegal y violatoria de la Ley 558, Ley Marco para la Estabilidad y Gobernabilidad del país, Sala que admitió el recurso y ordenó la suspensión del acto administrativo ordenado por el presidente de la República, ingeniero Enrique Bolaños.
Para poder analizar el amparo y la resolución de la Sala admitiéndolo y ordenando la suspensión del acto es necesario conocer qué dice la Constitución Política y la Ley de Amparo, que es ley constitucional. El artículo 188, contenido en el Capítulo II Control Constitucional, Título X de la Constitución Política, establece el Recurso de Amparo en contra de toda disposición, acto o resolución y en general en contra de toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución. Es decir, que para que pueda caber el amparo es necesario que se viole o intente violar derechos contenidos en la propia Constitución y no en leyes ordinarias, como es la Ley Marco mencionada (Ley que amerita otro análisis jurídico). La misma Constitución establece que la Ley de Amparo es Ley Constitucional (arto. 184) y que regulará los recursos establecidos en el capítulo II citado.
La Ley de Amparo en su artículo 1 señala que su objeto es regular los recursos por Inconstitucionalidad, Amparo y de Exhibición Personal, a fin de mantener y restablecer la supremacía de la Constitución Política. En su regulación fija los requisitos fundamentales para ordenar la suspensión del acto reclamado, sin los cuales no se puede ordenar ninguna suspensión, es decir, no se puede ordenar la suspensión del acto reclamado por el solo hecho de presentar un Recurso de Amparo, sino que es necesario examinar sin están dados los requisitos establecidos en la Ley, la cual señala dos maneras de poder decretar una suspensión del acto a saber: de oficio y a petición de la parte.
Para que se pueda dar la suspensión de oficio se debe dar cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. cuando se trate de un acto que de llegar a consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado; 2. cuando sea notoria la falta de jurisdicción o competencia de la autoridad contra quien se interpusiera el recurso; y 3. cuando el acto sea de aquellos que ninguna autoridad puede ejecutar legalmente. En el caso que nos ocupa no se da ninguna de esas circunstancias puesto que la destitución no hace físicamente imposible el reingreso si fuera el caso; no se da la segunda circunstancia porque es competencia del presidente de la República nombrar y remover a los ministros, viceministros y a los presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales; ni se da el último supuesto, puesto que remover a los ministros y directores es una potestad que puede ejecutar legalmente el presidente de la República.
La suspensión a petición de parte sólo puede ser atendida cuando no se cause perjuicio al interés general ni se contravengan disposiciones de orden público y que sea de difícil reparación los daños y perjuicios que se pudieran causar y en este caso tampoco se dan tales supuestos, más bien hay una contravención a disposiciones de orden público al impedir ejercer las atribuciones y competencias que la Constitución otorga al presidente de la República.
Al no darse los supuestos mencionados en la Ley de Amparo, que como se ha expresado es Ley Constitucional, La Sala Civil no debió mandar a suspender ningún acto, debiendo la Corte Suprema de Justicia revocar tal suspensión por haberse dictado en contravención a ley expresa, para mantener la seguridad jurídica del Estado de Derecho.
Abogado y notario
Managua, Nicaragua, 6 de julio de 2006.