Opinión

Es nulo todo lo actuado en el “affaire” de los Cenis


El asunto de los Cenis no acaba. Recientemente, como también lo hiciera en 2001, el ex presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN) Noel Ramírez, quien también fungía como Presidente del Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos (SIB) en la época en que se produjeron las liquidaciones forzosas de los bancos en cuestión, declaró públicamente que él no tenía ninguna responsabilidad por las irregularidades denunciadas alrededor del “affaire” de los Cenis.
Su única responsabilidad habría sido acatar la solicitud del ex presidente Arnoldo Alemán de prestar asistencia financiera para respaldar los depósitos del público, cosa que el Consejo Directivo del BCN decidió hacer a través de la emisión de Cenis, acto que desde entonces el doctor León Núñez, ex asesor del BCN, denunció públicamente como ilegal.
Ramírez, ex presidente del Banco Central, ex presidente de su Junta Directiva y ex presidente del Consejo Directivo de la SIB, alega que él no pudo haber tenido ninguna participación en dichas irregularidades --por ejemplo, en los nombramientos irregulares de miembros de las juntas liquidadoras, en la adjudicación de algunos bancos a otros bancos en los cuales tenían intereses algunos funcionarios del Estado, en la reclasificación de carteras y valoración de activos de los bancos intervenidos o liquidados, en la fijación de tasas de interés de dichos Cenis muy por encima del costo de oportunidad del dinero-- porque el BCN, al carecer de potestad legal alguna para intervenir en cualquiera de esos ámbitos, de hecho no tuvo ninguna participación en esos hechos.
Ramírez alega, con razón, que la competencia legal y la responsabilidad por dichos actos correspondían a la SIB y a las juntas administradoras y liquidadoras. Arguye también que el BCN se limitó a emitir los Cenis correspondientes a cada banco conforme al dictamen de cada Junta Liquidadora, respetando el interés pactado entre las juntas liquidadoras y los bancos.
Es totalmente cierto lo afirmado por el ex presidente del BCN en términos de que el Banco Central carecía de toda potestad legal de intervenir en cualquiera de dichos ámbitos, como lo demuestra la sola lectura de la Ley Orgánica del BCN, la Ley de la Superintendencia de Bancos y la Ley General de Bancos.
Sin embargo, toda la evidencia disponible apunta al hecho de que el Banco Central desempeñó un papel determinante en el nombramiento de las juntas liquidadoras y administradoras, en la adjudicación de al menos algunos bancos, como el Interbank, y sobre todo, que el BCN fue el que llegó a acuerdos formales con bancos adquirientes y llevó a cabo directamente con ellos el proceso de valoración de activos y la reclasificación de carteras de los bancos quebrados, así como la determinación de la famosa “brecha” que sería cubierta con Cenis, que constituyen potestades de las juntas liquidadoras (Arto. 95 de la Ley General de Bancos, Deberes del Liquidador: “Verificar y rectificar las listas del activo y pasivo presentado por el banco o formar dichas listas, si no hubieren sido presentadas”).
En primer lugar, permítanme decirles que los bancos adquirientes de los bancos liquidados deberían sentirse alarmados por el hecho de que el funcionario de más alto nivel de la institución del Estado, con la cual en su momento llegaron a acuerdos y suscribieron documentos, reconozca de manera pública que el BCN no tenía la más mínima potestad legal de actuar en esos campos, lo cual equivale a una confesión de que sí lo hizo, actuó sin ninguna autoridad legal para hacerlo y, por tanto, todo lo actuado por esta institución y sus representantes resultaría nulo.
Por su parte, los bancos adquirientes no pueden alegar que “obraron de buena fe”, buscando únicamente aprovechar la oportunidad de negocios que se les presentaba, y mucho menos pueden alegar que no sabían que el BCN carecía de potestad legal para negociar y llegar a acuerdos con ellos en estos ámbitos. Porque los bancos e instituciones que integran el sistema financiero de un país son instituciones cuasi-públicas, sometidas a un marco legal y regulatorio muy severo, y la primera obligación que deben cumplir los bancos que operan en dicho sistema es conocer y acatar las leyes que regulan el sistema monetario y financiero del país. Por lo demás, el desconocimiento de la ley no se puede alegar como defensa, y eso ya lo saben ustedes.

El autor es Director de Investigaciones de Inges-Coordinadora Civil.