Opinión

Código de Ética Electoral y derechos fundamentales


En los últimos días se les ha entregado a los diferentes representantes legales de los partidos políticos el llamado Código de Ética Electoral, esto no es más que un conjunto de propuestas acerca de las formas ideales de comportamiento tanto de los dirigentes como de los diferentes activistas partidarios durante la campaña electoral que se nos avecina. El argumento de los representantes de los partidos políticos es que el mismo documento es débil desde su propio nacimiento, primero porque no tiene un carácter vinculante para los partidos políticos; eso quiere decir que no tiene fuerza obligatoria en cuanto a la aplicación de sus recomendaciones; segundo porque nace en una coyuntura política llena de confrontaciones y ésa es la forma en la que saben hablar quienes supuestamente deben ser los principales personajes que deben respetar este documento.
Creo que nuestras formas de comportamiento no entienden todavía de recomendaciones que no tengan una fuerza de ley, sin embargo, a mi juicio el Código de Ética tiene su fuerza vinculante desde un punto de vista constitucional, aquí mis argumentos para sostener esto:
1. Con el Código de Ética se pretende regular el comportamiento de seres humanos en relación con el respeto de derechos fundamentales de carácter individual, en otras palabras, los llamados derechos humanos de primera generación; en tal sentido, de forma implícita, el código hace referencia a estos derechos contemplados en la Constitución Política de Nicaragua, entre ellos tenemos los siguientes: el arto. 26 establece que toda persona tiene entre otros derechos el de su vida privada y la de su familia. De forma que este precepto incluye a cualquier candidato en estas elecciones. A pesar de ser un personaje público, los límites intrínsecos de los derechos fundamentales establecen una esfera en el ámbito privado para la protección de cualquier persona que sea candidato a cualquiera de los cargos que se disputarán en estas elecciones.
Lo interesante en este caso se da cuando se traspasa el límite de la libertad de información a través de los medios de comunicación, ya sea por el mismo medio o por otro candidato. Las personas que optan a un cargo de elección tienen el sagrado derecho a esa privacidad, aquí se conjugan dos cosas que pueden poner límites a ese derecho: por un lado está el interés público, esto significa que cualquier información de la vida privada de un candidato que afecta a la sociedad o sus intereses debe ser dada a conocer, por ejemplo, el caso de aquel señor que no le gusta pagar los impuestos o sólo pagar una cantidad simbólica por el servicio de agua potable.
Por otro lado está el interés del público, éste definitivamente no tiene ningún asidero constitucional, esto obedece a aspectos de marketing de los propios medios de comunicación; es el puro morbo de cosas que no tienen nada que ver con el interés público, ejemplo de ello es toda la información que se vierte en los programas llamados del corazón. En el caso de protección de derechos, los candidatos deben ser respetados en esos ámbitos que no tienen vinculación con un interés público, incluso esta misma protección es la que deben tener una vez que ocupen un cargo público.
2. Otro derecho contemplado en el mismo arto. 26 de la Constitución es al respeto a su honra y su reputación. Acá se puede hacer una combinación de dos instrumentos de protección jurídicamente vinculantes; por un lado la misma Constitución y por el otro el Código Penal. La presunción de inocencia no sólo se refiere al ámbito de presumir el no haber cometido ningún delito, también trasciende a los ámbitos del comportamiento de las personas. La honra y la reputación son actuaciones sobre las cuales se debe presumir que todos las tenemos por naturaleza humana, en tal sentido, la ruptura de estos dos derechos sólo puede ser afectada por los comportamientos manifiestos del propio individuo, a pesar de que estos dos conceptos dependen de la óptica social para determinar qué significan en sí mismos; son tan relativos que a veces son diametralmente opuestos dependiendo de las culturas de cada país, pero a pesar de esto, existen parámetros mínimos con los que se puede medir la ruptura de estos conceptos.
3. También se establece en el mismo cuerpo normativo del arto. 36: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral…” En este apartado está contemplado de forma expresa lo referido a los comportamientos de los candidatos, así como de sus seguidores, en cuanto que en sus actuaciones no tienen ninguna facultad para lesionar estos derechos constitucionales; no se permiten las ofensas, las agresiones corporales, las amenazas en público o en privado, en fin, todos aquellos comportamientos expresados de forma corporal o verbal que venga en detrimento de estos sagrados derechos. Aquí mismo se puede hacer uso de la protección de la Constitución y el Código Penal en los delitos cometidos en contra de las personas; en resumen, ningún partido político, ni candidatos, ni seguidores tienen potestades jurídicas para violentar estos derechos fundamentales.
4. En el ámbito de los derechos políticos se expresa en el arto. 54 de la misma Constitución: “Se reconoce el derecho de concentración, manifestación, movilización pública de conformidad con la ley”. Obviamente que sólo el Estado, de forma soberana y a través de una ley, es el que puede regular el goce y los límites de este derecho; de otra forma, si un grupo de personas de determinado partido político o de cualquier otra naturaleza política o civil trata o logra impedir este derecho, a todas luces es un acto inconstitucional, fuera del marco de la ley e inaceptable por los propios ciudadanos y por las autoridades competentes, por ello la fuerza policial está obligada a restituir el goce de este derecho cuando se quiere a conculcar el mismo por los sujetos antes mencionados.
Éstos son sólo algunos ejemplos de derechos constitucionales que están protegidos en las campañas electorales, por ello el argumento de que este instrumento no tiene ninguna fuerza es una soberana mentira. Sostengo que lo que el Código de Ética hace es reflejar protección de derechos ya contemplados en las leyes nicaragüenses, pero en una coyuntura específica y concreta en el tiempo. En este caso, la campaña electoral, por ende, todos los partidos políticos, alianzas, candidatos y seguidores están obligados a conducir sus actuaciones, sus discursos sus propagandas de todo tipo dentro del respeto irrestricto de los derechos fundamentales. En esta coyuntura la protección debe ser formal y materialmente asumida por los tribunales, no es sólo la protección de los derechos políticos, son derechos de carácter individual que en el ejercicio de los primeros se puede derivar la violación de ambos. Finalmente, las fuerzas políticas deben entender que son ellas mismas las que deben establecer sus propios Códigos de Ética, en el entendido que nada nuevo se está imponiendo en los comportamientos ciudadanos en una fiesta cívica que debe ser ejemplo para el mundo y para nuestros hijos.

León, junio de 2006