Opinión

La vergonzosa piñata bancaria


Los señores que pretenden borrar las huellas de su participación en la piñata bancaria de 500 millones de dólares insisten en revender la vieja, amañada y distorsionada versión de los motivos que llevaron a la intervención de cuatro bancos y, peor aún, a la emisión de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis) bajo el argumento de que eran para “salvar el sistema financiero”.
Estos señores le dan vuelta a la rueda, con el objetivo de tapar sus huellas dactilares del fraudulento proceso de reclasificación de carteras; infravaloración de valiosas propiedades y su participación en la amañada subasta de los bienes de los bancos liquidados que constituyó el cierre de la fiesta que comenzó con la ilegal emisión de los Cenis a favor de los banqueros premiados con la adquisición.
El prófugo ex superintendente de Bancos, Noel Sacasa Cruz, argumentó como motivos fundamentales para intervenir el Interbank irregularidades como la concentración de créditos relacionados sin el debido respaldo al grupo de los Centeno Roque; en el Bancafé y Banic, iliquidez; y en el Bamer, fuga de depósitos que de continuar llevarían a la iliquidez.
A raíz de la intervención del Interbank, Sacasa insistió en que había créditos relacionados más allá de lo permitido, lo cual es cierto, pero desde 1999, cuando asume el cargo, en el primer nombramiento del pacto guarda un silencio cómplice sobre la situación del Banic, que había sido privatizado de forma amañada y quedado en manos de amigos del presidente Arnoldo Alemán.
Sacasa y el vicesuperintendente de bancos, Alfonso Llanes, no podían ignorar que en el Banic desde 1997 el entonces presidente de la Junta Directiva, el amigo de Alemán Donald Spencer, tenía más de 20 sociedades anónimas fantasmas, con escandalosos créditos relacionados que llegaron a sumar más de 12 millones de dólares y que el padrino político, Alemán, que los recomienda para el cargo, era uno de los más beneficiados con esos préstamos.
Es hasta en agosto de 2001 que Sacasa ordena la intervención del Banic como una medida para tapar toda la corrupción que había apañado durante los años anteriores y porque el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Noel Ramírez, no estaba contento con haberse quedado con el Interbank, fuera de licitación, y también quería ese banco.
En mi trabajo sobre la piñata bancaria mostré con datos concretos la discrecionalidad con que Sacasa aplicó las leyes bancarias aprobadas en 1999 a los bancos intervenidos, en relación con los que aún funcionan gracias a la protección de las autoridades que no sólo se hicieron de la vista gorda frente a las violaciones a la ley bancaria, si no que los premiaron regalándoles los bancos intervenidos.
Sostengo que la ley se aplicó con todo rigor para sacar del negocio de la banca a unos y con benevolencia para proteger a otros, porque no existe ninguna explicación del porqué Sacasa nunca intervino, ni multó al Banpro, Bancentro, Banexpo y Banco Caley Dagnall por haber servido de cauce para que Alemán, su socio Byron Jerez, Esteban Duque Estrada y otros lavaran más de cien millones de dólares robados del erario.
Según las pruebas de la Procuraduría General de la República (PGR), por estos bancos circularon los más de cien millones de dólares salidos del Estado, por lo cual, Alemán, Duque Estrada y Jerez fueron condenados, aunque este último, limpiado por las autoridades judiciales.
De acuerdo con esas pruebas de la PGR, en el Banpro se abrieron muchas de las cuentas de las sociedades anónimas de Alemán, Jerez y sus familiares, sin cumplir con los requisitos establecidos por la SIB para tal fin y también ahí se efectuaron la mayoría de las transacciones que posibilitaron el lavado de dinero.
El Banpro cambió cheques, por sumas millonarias, a personas naturales que estaban a nombre de personas jurídicas, sin que presentaran ningún poder, ni identificación y con endoso inelegible, sin mayores datos, según el expediente del “camionetazo”, lo que constituye una grave violación a las leyes bancarias.
Asimismo, según la PGR, en el caso de la inexistente “Donación Taiwan”, se abrieron cuentas que no estaban registradas contablemente en bancos nacionales y extranjeros (TGR-Especial) y cuyas operaciones se hicieron especialmente en Bancentro, a través de cuentas con nombres ficticios.
De 86 millones de dólares de la “Donación Taiwan”, 51 millones de dólares fueron sometidos a Lavado de Dinero, según la PGR, y las transacciones se efectuaron en especial en Bancentro y le siguió Banexpo, entre 1999 y 2000.
De igual forma, durante la campaña municipal de 2000 y presidencial de 2001 del PLC y sus aliados, se abrieron cuentas de donantes anónimos en el Banco Caley Dagnall para financiar la campaña electoral, en abierta violación a las leyes bancarias.
A través de Banpro, Bancentro, el Banco Caley Dagnall y el Banexpo retorna al país, procedente de bancos panameños, el dinero que había salido del Estado, que luego sirvió para lucro personal de Alemán, Jerez y otros y para financiar la campaña electoral de las mal llamadas fuerzas democráticas del liberalismo rojo y verde.
El honorable y pulcro Noel Sacasa, como le llaman quienes gozaron de su santa protección, nunca miró nada malo en estas operaciones, y los socios de estos bancos nunca cumplieron con la obligación de informar a la SIB de estas irregularidades, obviamente, porque el silencio les dejaba jugosas ganancias.
Es evidente que en los bancos intervenidos: Interbank, Bancafé, Bamer y Banic había problemas y en algunos, graves irregularidades, pero también es cierto que si Sacasa hubiese aplicado la ley por igual, el Banpro, Bancentro, Banexpo y el Calley Dagnall debían ser intervenidos o al menos multados porque fue a través de ellos que Alemán, Jerez y demás lavaron el dinero.
A quienes insisten en darle vuelta a la rueda, los invito a darle vuelta hasta que tope con lo antes señalado, porque además de prestar sus bancos para que Alemán, Jerez y compañía lavaran dinero, se han lucrado del mayor fraude financiero.
En 2002 los banqueros y el Ejecutivo obligaron a la PGR solicitar a las autoridades judiciales que cerraran la investigación contra algunos de sus altos ejecutivos, bajo el argumento de que estaban abiertos a cooperaron con las autoridades en el caso de la guaca.
Además, como ha sido lo normal durante los últimos 15 años, el Cosep salió al frente en defensa de los banqueros, con el rayado argumento de que al procesarlos se ahuyentaría la inversión y el país sufriría las consecuencias.
Ahora con el caso de los Cenis pretenden repetir el desacreditado y gastado discurso del miedo a ahuyentar la inversión y afirman que el BCN debe honrar la onerosa y fraudulenta deuda, porque de lo contrario, se vería como que Nicaragua no cumple sus compromisos y hasta afirman que nadie es capaz de efectuar una investigación independiente.
Aunque los Cenis ya no existen, porque el presidente Enrique Bolaños los hizo desaparecer y en su lugar creó letras de cambio que están en manos de empresas bursátiles extranjeras en su mayoría, no significa que los banqueros del BDF, Bancentro y en especial Banpro no puedan devolver lo que no les corresponde y quitar de los hombres de la población semejante deuda interna.
Basta ya de las mentiras de quienes ejercen la cultura del poder, bajo el paraguas de esta falsa democracia, que cada día les deja mayor usufructo, mientras más de la mitad de los nicaragüenses, se degrada en la miseria y la delincuencia por falta de oportunidades.
La piñata bancaria debe investigarse a fondo. Basta ya de la complicidad con los sectores del gran capital tradicional, que no dudan en recurrir al chantaje y a otras prácticas para defender sus privilegios, porque la corrupción, venga de donde venga, genera pobreza y degradación y roba el futuro a la generación joven.
Y no es que una sea una trasnochada enemiga de la empresa privada, como han insinuado. Sólo rechazo y condeno la corrupción empresarial y la doble moral de quienes arrebatan los recursos a los más necesitados, a través de la “consolidación de la banca”, “reingeniería financiera” o bien con los (Cenis turísticos”, como bien los ha llamado el especialista en derecho fiscal Francisco Báez.