Opinión

Y todo a media luz…


De la extrapublicitada eficiencia del sector privado Unión Fenosa no sería su mejor abanderada, ni siquiera conforme los pobres parámetros nicaragüenses de la eficiencia. ¿Y si la comparamos con los parámetros del primer mundo, de donde viene esta empresa? No es necesario, pues, en vez de respuestas sobran los recuerdos de las bonitas historietas que cuentan sobre las bondades de la privatización y de la iniciativa privada como antídoto para el mal de la ineficiencia de las empresas del Estado.
La receta de la privatización, emitida por los curanderos de los organismos internacionales de crédito, no está destinada a disputar con ninguna otra prescripción sanitaria de las finanzas públicas, porque parten del supuesto examen del cuerpo enfermo de la nación del tercer mundo que somos. Pero los sabios recetadores insisten en suponer que el mal administrativo es intrínseco del Estado, nunca de sus carísimos administradores, quienes hacen daño metiendo las patas con sus recetas económicas, pero se lo hacen todavía más metiendo las manos en sus recursos.
Eso es lo que vemos los ciudadanos, y lo saben bien los prestamistas. Ellos insisten con sus recetas, porque suspender de funciones a los políticos que les sirven de instrumentos para su negocio político-económico en nuestro país significaría desmantelar la estructura de poder que se lo garantiza. Se pondría en mayor evidencia la necesidad de cambiar el sistema para poder corregir las deficiencias, y por ello prefieren continuar con su recetario sin tomar en cuenta los desastres que causan. Para los organismos internacionales es más apreciada la presencia de los parásitos en el poder que su probidad administrativa. Por eso ordenan entregar las empresas del Estado a manos privadas o a las transnacionales, en vez de ayudar a corregir, con lo cual no acaba la deficiencia administrativa ni aparece la probidad en el Estado.
Aún no se conocen pruebas, pero sí hay muchas evidencias de que si los gobernantes corruptos aceptan dejar de embolsarse dinero directamente de algunas empresas del Estado, tampoco dejan de ganar, pues siempre hay una buena coima por gestionar o permitir su privatización. Aparte de hacer el operativo de vender, no les ha interesado nada más. La pregunta viene al caso: ¿fue Unión Fenosa la mejor opción, o la que hizo la mejor oferta en la licitación para que le adjudicaran la empresa nacional de electricidad? Y si así fue, ¿se interesaron por conocer previamente el historial internacional de esta empresa en la prestación del servicio eléctrico? Si no tenía historial en el campo internacional, ¿averiguaron cómo era su nivel de responsabilidad en el negocio dentro de su propio país, España?
Pregunto, porque cuando Unión Fenosa ya tenía varios años de operar en Nicaragua, desde España trascendió, a través de los medios de comunicación de aquel país, el conflicto que esta empresa se había creado con la población de una ciudad española por su mal servicio. Si tal caso pudo suceder entonces en su propio país, ¿cuántos otros conflictos como éste pudo haber tenido antes o después de haber venido al nuestro? Y si aquí tuvieron información al respecto antes de la licitación y se callaron, ¿no sería éste el momento en que pudo haber funcionado la coima?
Pero, bien pudo no haber pasado nada de lo que aquí se ha supuesto. Sin embargo, ¿desde cuándo Unión Fenosa viene compitiendo con los peores políticos del país en los medios de comunicación como causante de inconformidades y denuncias por su mala conducta empresarial? Al frente de estas denuncias ha estado la Red Nacional de Defensa del Consumidor y su incansable fundadora, Ruth Selma Herrera, a quienes al principio, además del poco caso que le hacía la empresa española, el gobierno tampoco los tomaba en cuenta. Pero hoy, esa desatención ha comenzado a ser derrotada, pese a que la mayoría de los clientes perjudicados por Unión Fenosa aún tiene adormecido el ánimo de protestar.
El presidente Enrique Bolaños, anteriormente apático ante el problema y quien --como lo señala Ruth Selma Herrera--- debió conocer las “cosas turbias” que se produjeron en la adjudicación a Unión Fenosa, por fin dio señales de vida y se refirió a los abusos en los cobros por el servicio. Aunque el presidente haya pasado mucho tiempo callado, al menos ahora alertó a la ciudadanía de no dejarse estafar.
Si con esta serie de denuncias, multas y demandas no fuera posible lograr que la transnacional rectifique su política abusiva, es necesario que el gobierno acompañe al pueblo en su campaña, la obligue a cumplir con sus compromisos de invertir para mejorar el servicio y, en último caso, dar los pasos para el estudio jurídico y ver si es posible rescindir el contrato de venta. Pero, aunque esto fuera posible, no habría una solución inmediata a la vista, dado que tampoco se tendría a mano la solución del problema político de tener gobiernos que no responden cabalmente a los intereses nacionales y populares. Con rescindir la venta de ENEL no se eliminaría de forma automática la corrupción en la administración pública.
Aunque este gobierno tuviera la voluntad política de hacer una rectificación esencial en el modo de administrar los bienes públicos, ya se le agotó su tiempo. A un potencial nuevo gobierno de orteguistas o de arnoldistas no se le concede ni el beneficio de la duda por el grado de corrupción que han alcanzado, y porque antes tendrían muchas otras rectificaciones que hacer. Ortega está más interesado en hacer creíble su nueva imagen demagógica-religiosa y en evitarse problemas con los países de donde proceden las transnacionales; y Rizo no tendría la autonomía necesaria para despegarse mucho del modelo de gobierno de Alemán.
Para las potenciales opciones de gobierno que representan Montealegre y Herty, sería obligado desarrollar una política de rescate de la honestidad administrativa. Las posibilidades de que pongan en orden casos como el de la transnacional española son mayores, por cuanto ha sido en torno a los compromisos de renovación que han montado su disidencia y levantado el apoyo que los podría llevar al poder, y eso los obliga moralmente a actuar de forma opuesta a lo que han hecho los gobiernos precedentes y el actual. Desde luego, las fundamentales diferencias ideológicas que separan a uno del otro se reflejarían en el estilo de gobierno de cada cual; pero Montealegre no sería el más seguro cumplidor de la tarea de hacer una administración pública autónoma, por sus lazos con los organismos internacionales, el gran capital y ahora con la embajada estadounidense.
Lógicamente, no serán las especulaciones interesadas las determinantes a la hora del ejercicio gubernamental, sino lo que durante esta campaña electoral estampen en sus programas, no sólo en sus discursos de campaña. Porque en los programas queda concentrada la voluntad política de hacer un gobierno diferente y, además, porque en cada programa se apoyarían los sectores populares a la hora de utilizar la crítica, demandar su cumplimiento y hacerles una reclamación activa. Y para fundamentar y demostrar la voluntad de no ser engañado una vez más.