Opinión

Ley de Delitos Ambientales


No sé si será motivo para alegrarse o para preocuparse, pero el pasado 20 de mayo entró en vigencia la LEY ESPECIAL DE DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES. Por primera vez en la historia de Nicaragua, la cárcel y no sólo la multa y la sanción administrativa, pende sobre la cabeza de quienes cometan delitos contra el medio ambiente.
De ahora en adelante, en materia de medio ambiente y recursos naturales todo será diferente. Las causales para dar con los huesos en la cárcel pueden ir desde la simple quema de basura o de llantas en el barrio, pasando por los que podan árboles en los andenes de sus casas sin contar con el respectivo permiso del Inafor, hasta los que produzcan ruidos que al llegar al dormitorio de sus vecinos superen los 30 decibeles (para dar una idea, la respiración humana, registra ya 10 decibeles).
Como establece el Código Penal, también podrán ir a la cárcel no sólo los hechores directos, sino los cómplices y los consentidores; es decir, aquellos que en simple condición de mirones o conocedores de los hechos no pongan en conocimiento a la autoridad competente.
Además, bajo el precepto jurídico de que nadie puede alegar ignorancia ante la ley, cualquier ciudadano, funcionario público, persona natural o jurídica puede experimentar en carne propia toda la gama de sanciones prescritas por la ley, que van desde la multa --la cual puede oscilar entre los 50 y 50 mil dólares (así dice la ley, ¡dólares!)-- hasta la privación de libertad por períodos de dos meses a cinco años.
Si nos atenemos a la letra de la ley, otros tipos de delitos --como los relacionados con el narcotráfico-- son culpas leves en comparación con los delitos ambientales. A partir del pasado 20 de mayo, es casi más grave cortarle la rama a un árbol que el brazo a un prójimo. Un busero podrá pasar más tiempo en la cárcel por contaminar con su estufa rodante, que por triturarle los huesos a un pobre cristiano.
Un par de ejemplos ayudará a ilustrar esta aseveración. Quien corte, transporte y comercialice madera ilegalmente, hoy puede ser sancionado con prisión de dos a cuatro años y una multa equivalente al doble del precio de referencia internacional del producto (Arto.32). Se terminó aquello del simple decomiso y subasta pública de la madera. Otro tanto le espera a quien incumpla con los requerimientos de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y las normativas ambientales: “Será sancionada de dos a cuatro años de prisión y multa equivalente en córdobas de doscientos (US $200.00) a cinco mil (US $5,000.00) dólares (Arto. 34).
La Ley 559 y sus 60 artículos, contempla una extensa lista de delitos y sanciones entre los cuales figuran, además, el maltrato a los animales (aun siendo animales domésticos propios), lotificaciones, urbanizaciones y construcciones que infrinjan las normativas ambientales; talas en vertientes y pendientes; comercio ilegal de minerales; contaminación del suelo, agua y aire (en estos tres últimos casos las sanciones comprenden multas de US $1,000 a US $50,000, sin menoscabo de los daños causados a terceros, y una pena de seis meses a cinco años de prisión).
Botar basura en lugares no autorizados será sancionado con multas que van de US $50 a US $1,000 dólares para las personas naturales, y para las personas jurídicas de US $5,000 (cinco mil) a US $50,000 (cincuenta mil) dólares. Los amantes del ruido pagarán caro su perversa afición de atentar contra la salud y el descanso diurno y nocturno de sus vecinos: C$5,000 a C$ 20,000 córdobas (este componente está cordobizado), “después de dos llamados de atención por la autoridad competente en la alcaldía municipal respectiva” (Arto.9).
No se agota aquí, en este pequeño muestrario, la lista de delitos y sanciones para aquellos que atenten contra el medio ambiente y los recursos naturales. Además, por mandato expreso de la misma ley (Arto.58): “Las disposiciones establecidas en esta ley serán incorporadas adecuadamente en el Tercer Libro del nuevo Código Penal y en cuanto al procedimiento, se sujeta a lo establecido en el Código Procesal Penal (CPP)”.
Hasta aquí pareciera que todo está muy bien, pero --casi nunca falta un pelo en la sopa-- la propia ley al entrar en vigencia se infringe a sí misma, al incumplir con el mandato de su Arto.59, según el cual, “previo a su entrada en vigencia, el Poder Ejecutivo garantizará una amplia difusión y divulgación de esta ley a través de los medios escritos, radiales y televisivos, a nivel de todas las regiones autónomas, departamentos y municipios del país”. ¿Habrá que sancionar a alguien por el incumplimiento de este elemental componente del cuerpo de la ley?
De aquí que en este momento queden planteados dos escenarios posibles: 1) La no aplicabilidad de la ley por desconocimiento, incluso de los propios jueces (si por esas casualidades de la vida un Señor Juez está leyendo este artículo, que responda sinceramente si está al tanto y tiene pleno dominio de esta nueva responsabilidad que se le ha confiado); y 2) que se comience a impartir palo --dizque justicia, pero en algunos casos evidentes bien merecido-- a diestra y siniestra, en una sociedad de orejas frías en asuntos de leyes y de ambiente.
Ahora que la suerte está echada, lo más sensato sería que la Corte Suprema de Justicia o la propia Asamblea Nacional establecieran una suerte de moratoria jurídica para dar oportunidad a que efectivamente haya una amplia difusión de la ley, a que se llenen los vacíos originados en la falta de aprobación de otras leyes complementarias, como la Reforma a la Ley No.217 (Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales) y del propio Código Procesal Penal.
Mientras tanto, ¡Dios salve al rey! en este mar de entuertos que se cierne sobre todos, en un país en donde por ahora la alfabetización en asuntos del ambiente y los recursos naturales es materia hartamente reprobada por las sucesivas castas gobernantes, ¿y por qué no decirlo también, del propio subsistema administrador de justicia?
Managua, 22 de mayo de 2006. Darwin Juárez: apcan2005@yahoo.es