Opinión

Los médicos y la huelga de hambre reivindicativa


Es lamentable que un gremio tan importante para el óptimo desarrollo de la sociedad, como es el sector médico, esté atravesando por una profunda crisis que ha llevado a varios de sus miembros a ejercer con entereza una huelga de hambre reivindicativa que de llegar a una fase muy prolongada produciría serios daños en la salud de los médicos e incluso podría llevarles a la muerte. En esta ocasión, motivado por razones académicas, pero también por solidaridad con este gremio que con mucho esfuerzo se enfrenta a una realidad social cuyos obstáculos son palpables desde sus primeros años de formación profesional, y ante la apatía de muchos --principalmente de las autoridades sanitarias-- me dispongo a realizar algunas reflexiones jurídico- penales relativas al tratamiento de las personas que deciden someterse a una huelga de hambre con el fin de que sus demandas sean atendidas o retiradas las decisiones institucionales que afectan sus derechos.
El tema de las huelgas de hambre reivindicativas es abordado por el profesor Manuel Aráuz en su magistral tesis doctoral, cuya publicación en España es hoy una realidad; no obstante, este autor enfoca el tema poniendo especial atención a la determinación de si el sujeto en huelga de hambre es, a los efectos del delito de omisión del deber de socorro, una “persona desamparada”. Asimismo, hace una exposición clara y precisa de los supuestos de huelgas de hambre en el ámbito penitenciario, además de pronunciarse --de forma general-- sobre situaciones como las que hoy enfrentan estos médicos.
Varios son los enfoques que podríamos ofrecer, dado que el tema ha merecido la atención de un buen número de penalistas, aunque no podemos afirmar que exista consenso en cuanto a la posibilidad de intervención de terceros (suministrando alimentos o tratamientos médicos contra la voluntad del huelguista) sin que pueda imputárseles un delito de coacciones, detenciones ilegales, restricción a la libertad de expresión o ataques contra el honor. Frente a esto cabe cuestionar, ¿qué pasa si los médicos en huelga de hambre desfallecen, ya que siempre manifestaron su intención de morir en caso de que no se cumplan sus exigencias? Hay que tener en cuenta que alguno de ellos ya ha hecho esta declaración de voluntad. ¿Es posible que puedan intervenir terceras personas proporcionándoles asistencia médica y alimentación en contra de su voluntad? ¿Responderían estas personas por un delito de coacciones o cualquier otra figura delictiva? ¿Es legal vulnerar ciertos derechos incluso constitucionales, como la libertad de expresión, para salvar la vida del huelguista?
Pues bien, el tema es muy complejo y las soluciones, diversas; pero aquí defendemos la aplicación de una figura regulada en el Código Penal: el “estado de necesidad”, por considerar que las lesiones o la muerte del huelguista constituyen un mal en sentido jurídico que da cabida a la aplicación de esta eximente (Así, Luzón Peña; Aráuz Ulloa). En efecto, la puesta en peligro de la propia vida es una situación jurídicamente desaprobada, indeseable, no valorada positivamente por el Derecho Penal, muestra de ello es que en el Derecho nicaragüense se castiga el auxilio e inducción al suicidio (Art. 151 Pn).
Siendo así, las lesiones o la muerte que pueden derivarse como consecuencias de una huelga de hambre prolongada pueden evitarse mediante la intervención de terceros y pese a la negativa del huelguista, siempre que se cumplan los límites del estado de necesidad, como son: la necesidad de intervención ante el peligro inminente; la idoneidad de los medios y la subsidiariedad, lo cual debe llevar a tomar con cautela y criterios restrictivos los medios utilizados para proceder a la atención de los huelguistas de hambre y así evitar un desenlace fatal en su vida o integridad física.
Esperamos que los médicos, con justas razones, retomen su reivindicación por otros causes que permitan llegar a soluciones satisfactorias sin que tengan que exponer bienes jurídicos elementales que ellos mismos están llamados a proteger.
* Doctorando en Derecho Penal, UA, España/ Universidad Centroamericana (UCA)