Opinión

¿Penas altas o eficacia?

“La prisión no deja ningún sentido intacto” Graham Greene (1985)

A propósito de la actual discusión del nuevo Código Penal de Nicaragua en la Asamblea Nacional, reactivado después de casi cinco años de olvido por otras prioridades o insuficiente consenso, comparto con ustedes algunos comentarios, no directamente sobre el articulado del mismo, sino sobre algunas concepciones de ineludible consideración. Tres cosas son importantes de puntualizar:
En primer lugar, las reformas penales que se han promovido en al menos 18 países latinoamericanos desde inicios del 90 están enfocadas en una nueva doctrina, un modelo acusatorio que supera el viejo y tradicional modelo inquisitivo. Esto es que el nuevo marco penal pretende, entre otras cosas, al menos conceptualmente, hacer un proceso más garantista en cuanto a los derechos de la víctima y el victimario, separar las funciones de investigar, acusar y juzgar, considerando, además, la privación de libertad como una medida de excepción planteando medidas alternativas. Igualmente se busca incorporar nuevas figuras penales según la demanda del nuevo contexto de las relaciones entre las personas, sin pretender con ello llegar al exceso y la tentación a penalizarlo todo o establecer penas duras y extremas, que han demostrado no ser eficaces y no contribuir al mejoramiento de la seguridad ciudadana, ni la convivencia social que es en última instancia el fin del derecho. Un objetivo que no debe perderse de vista es precisamente el enfoque doctrinal que lleva incluido esta nueva reforma; siempre habrá que preguntarse si lo escrito, los agregados o cambios no desnaturalizan el espíritu de la ley y no vuelva hacia atrás, tan sólo maquillando el viejo modelo.
En segundo lugar, a los tipos delictivos que se definan se les establece una pena. Desde la raíz etimológica del latín “delictum” y su forma verbal “delinquere”, se deriva el significado de “faltar o cometer una falta”, “linquiere” significa “deber”, por lo que el sentido opuesto es “no cumplir con el deber”, es en su origen más una acción que una omisión, pero en todo caso, es incumplir el deber que como persona o ciudadano se tiene ante otras personas o el Estado. La legislación define qué cosas son consideradas delitos y les establece una sanción, una pena, que desde su significado latino “poena” y del griego “poine” significa “multa”, es decir, más que un concepto moral es material: “tener deudas”. Si se pretende, como ya hemos dicho, que se fortalezca la seguridad de las personas y la convivencia, es simplista pensar que si incremento las penas, se reduce el número o peligrosidad de los delitos, se deduce incorrectamente que aumentando el temor por la sanción que se establece, amenazando con una grave pena, las personas delinquen menos. En el marco del Estado de Derecho y por la naturaleza misma del comportamiento humano esto no es cierto. Ejemplos abundan, mencionaré uno: Guatemala es el único país de Centroamérica que en su legislación contempla la pena de muerte para delitos muy graves, ¿alguien pensará entonces que en Guatemala hay menos delitos graves que en el resto de la región? ¡Falso!, este país tiene el segundo índice de homicidios más altos del continente (año 2005: 44 homicidios x 100 mil habitantes). Entonces, ¿cuál es la fórmula apropiada que debe promoverse? Pues es la eficacia de la aplicación de la ley y no la gravedad de la pena la que realmente tiene efectos positivos en el comportamiento delictivo. Es decir, que si alguien ha cometido un robo, o una violación o un homicidio y percibe que la posibilidad de que sea condenado es alta, entonces, esto tiene algún efecto disuasorio, pero, aunque la pena sea de muerte o cadena perpetua, y sabe que la probabilidad real que sea efectiva es mínima, entonces, la ley se vuelve realmente inexistente. Se suele caer en la trampa, penas altas, muchas promesas, grandes amenazas, para nada, porque a fin de cuenta, el Estado no tiene capacidad de aplicarlas, porque las diferentes partes involucradas no tienen los niveles de eficacia para cumplir: policía, fiscales, jueces, forenses, peritos, defensores, etc: insuficientes, limitados; sistema social, comunicadores, ciudadanos, víctimas: desinformados, confundidos, desinteresados. Volviendo al ejemplo de Guatemala, el esclarecimiento de los delitos de homicidios no pasa del 5%. Por lo tanto, penas bajas, pero procesos penales eficaces, quizás reduzcan la impunidad, contribuyan a mejorar la prevención y la seguridad ciudadana. En El Salvador, debido al incremento de la violencia urbana, se incrementaron las detenciones de mareros, sin embargo, la tasa de homicidios creció con respecto del año anterior. El filósofo alemán Nietzsche escribió: “La pena muy rara vez produce un remordimiento de conciencia en el delincuente, la pena vuelve más frío a quien la sufre, más resistente, le hace más inteligente, más desconfiado, fortalece su memoria, pero casi nunca consigue despertar en él al monstruo del remordimiento”.
El tercer punto es sobre la proporcionalidad de las penas en correspondencia con las diferentes tipicidades delictivas. El delito más grave tiene que ser aquel que afecte el bien más preciado: la vida, y después los otros en una secuencia donde se sanciona lo más grave, considerando las circunstancias que pueden hacer socialmente más peligroso el daño causado o aquellas donde no hubo intencionalidad del autor. Es irracional, por ejemplo, que un delito de abigeato, cualquiera sea su monto económico, tenga una mayor pena que un delito de homicidio, o que un hurto de joyas tenga una sanción mayor que uno de lesiones graves contra una persona. Esta jerarquía de la pena refleja claramente la escala de valores sociales y humanos, es decir, ¿qué es más importante, la vida o la propiedad, la integridad moral, síquica o física de las personas o una patente?
No hay leyes perfectas, pero sí las hay más o menos eficaces. La aplicación de la ley puede ser legal, pero no siempre justa, la letra es fría e insensible, pierde la razón de lo justo, la compasión. Concluyo con una expresión del sabio griego Aristóteles: “La equidad es la justicia llevada más allá de lo que la ley ordena”.
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