Opinión

Derecho al aborto: cuestión de vida, democracia y justicia social


En Nicaragua durante los últimos años asistimos a debates públicos recurrentes: el 6% del Presupuesto General de la República para la educación superior, las transferencias de hasta un 8% de la misma partida presupuestaria para el desarrollo municipal y la demanda del legítimo derecho de las mujeres a decidir autónomamente sobre nuestros cuerpos.
La mayoría de dichas polémicas han sido y continúan siendo provocadas por la obcecación y a veces hasta la ignorancia de quienes detentan cuotas de poder estatal o simbólico.
A diferencia del debate público del 6% y de las transferencias municipales, en el caso de la exigencia del aborto terapéutico se apela al respeto de la vida de las mujeres, un poco más de la mitad del total de la población nacional. Y aunque son debates públicos, la forma en que han sido argumentados marca diferencias que reflejan la misoginia de quienes ostentan cuotas de poder, así como de algunos sectores de la población.
En la demanda por el 6%, los legisladores --hombres mayoritariamente-- reconocen que es un derecho legítimo del estudiantado. En el segundo ejemplo citado, las transferencias municipales, tampoco se alega ilegitimidad de la demanda, aunque sí falta de capacidad de las autoridades locales.
Sin embargo, en el caso de la exigencia de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y, por tanto, a respetar el aborto terapéutico en el nuevo Código Penal no se admite que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, pese a ser las únicas con esa legítima facultad.
Otro factor que diferencia esta última polémica es que en esta ocasión el debate por el aborto ha retornado a la palestra pública en pleno proceso electoral; y las mujeres hemos asistido ya a diversas experiencias de cómo nuestros derechos se negocian en estos contextos de toma y da. Quizás la más reciente fue la propuesta de una ley de igualdad, iniciativa propia de las mujeres organizadas, desvirtuada totalmente por los intereses partidarios y de las jerarquías religiosas, y sólo retenida mediante la presión pública.
Quizás la diferencia más profunda y radical entre las polémicas ya referidas es el hecho que el aborto tiene como territorio el cuerpo de las mujeres, históricamente concebido como usufructo del colectivo genérico masculino, es decir, los hombres.
Se desconoce que en el marco jurídico internacional los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y por ende el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra capacidad reproductiva, constituyen derechos humanos y han sido ratificados por el Estado nicaragüense. Ejemplo de este avance son: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación (1979), el Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (Cairo, 1994) y la Plataforma Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).
Se les olvida adrede a quienes dictan las leyes en el país que el respeto por la dignidad de las personas, la libertad y la justicia son principios constitucionales de la nación nicaragüense; y son a la vez un valor jurídico fundamental del Estado Social y de Derecho que nos constituye como nación, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de Nicaragua.
Penalizar el aborto pone en riesgo la vida de las mujeres, fundamentalmente la de aquellas que no pueden ejercer plenamente sus derechos por falta de acceso a la educación, a servicios de salud, a la información clara y científica, y sobre todo a recursos económicos.
No es desconocido --aunque no se informe de forma destacada en los medios de comunicación-- que muchas mujeres que han sido violadas quedan embarazadas. Las maternidades producto de estos hechos lesivos a la dignidad humana son vividas violentamente por ellas y obstruyen sus proyectos de vida.
La violencia contra las mujeres se manifiesta no sólo de forma física, psicológica o sexual, o de las tres formas al mismo tiempo. Es violencia también imponernos implícitamente desde el Estado embarazos que por distintas circunstancias no deseamos, menos aún cuando son producto de la violencia sexual o cuando nuestra vida está en riesgo.
Cuando el aborto no es legal se recurre a prácticas clandestinas. En América Latina se producen cuatro millones de abortos inseguros. Esto provoca que unas 4,500 a 11 mil mujeres mueran anualmente y dos mil 191 mujeres de todas las edades son hospitalizadas por un aborto practicado en malas condiciones. Ésa es la ruta a que empujan legisladores cuando desconocen que el aborto es también un asunto de justicia social.
Es, además, un asunto de democracia. Nicaragua constitucionalmente es un Estado laico, lo cual beneficia a moros y cristianos. Quienes, por tanto, están determinados a promulgar leyes y deben respetar lo que establece la máxima ley del país.
Quiero aprovechar para informar a quienes legislan que no siempre la Iglesia Católica ha tenido la posición actual frente a los derechos de las mujeres. Hace unos 140 años legitimaba la interrupción de un embarazo 40 u 80 días después de la concepción. Fue hasta 1869 con la publicación de la Apostólica Sedis, escrita por el Papa Pío IX, que se comenzó a manifestar en contra del aborto.
Quiero comentarles también que en 49 países sus legislaciones no tienen ninguna restricción con relación al aborto. Italia, Puerto Rico, Corea del Norte, Cuba, Sudáfrica, Camboya, China, Grecia, Canadá son entre otros parte de ese grupo. En otros 52 países el aborto es permitido para salvar la vida de la mujer. Aquí se ubican Guatemala, Honduras, Venezuela, Paraguay, Senegal, República Dominicana, entre otros.
Igualmente para salvar la vida de la mujer, por razones de salud física y mental, el aborto es legal en Algeria, España, Trinidad y Tobago, Jamaica, Irak, Ghana, etcétera. En el caso de Japón, Zambia, India y Gran Bretaña, por ejemplo, el aborto es lícito por las razones anteriores, pero también por motivos socioeconómicos.
Mantener el aborto terapéutico en el Código Penal, además de una responsabilidad laica de las y los legisladores, es atender un problema social con justicia y de respeto a la vida de las mujeres, para favorecer, sobre todo, a las que viven en condiciones de pobreza.