Opinión

Romper las inercias del atraso


La doctrina neoliberal otorga a los mercados la competencia exclusiva para dictar sus propias normas y determinar el curso de la economía, relegando al Estado al papel de guardián de esa supremacía y un papel pro activo, pero subordinado, cuando se trata de crear las condiciones que hagan posible la más completa liberalización económica y el dominio de las instituciones privadas. Según el neoliberalismo todo puede ser objeto de dominio y de conversión en mercancía, y más cuando se trata de garantizar para el futuro el control de materias primas que hoy por hoy constituyen pilares de un modo de vida, particularmente en los países ricos.
El neoliberalismo no es más que la consecuencia de la subordinación de la política y de su actor principal, el Estado, a la economía desregulada y global, que defiende su derecho a poner en peligro la vida de poblaciones en nombre de la libertad de hacer negocios. Esa subordinación hace del Estado el brazo ejecutor de una doctrina y de una estrategia que no conoce fronteras ni geográficas ni morales, en su propósito de hacer un mundo a la medida de un capitalismo salvaje.
Esto quiere decir que en el escenario neoliberal el Estado no es que desaparezca, sino que toma otras funciones que le asignan los mercados mundiales vinculados a las nuevas tecnologías. Ese nuevo rol significa la sustitución del contrato social (Estado-sociedad) por otro supeditado a las poderosas fuerzas financieras y económicas en el que los recursos militares tienen gran relevancia. El Estado liberal guardián del orden público se torna en Estado para la conquista.
A pesar de que oficialmente la reducción de la pobreza fue prioritaria en la última década, la combinación de un crecimiento lento y de una desigualdad persistente generó más pobreza crónica e insatisfacción social. En general, la reducción de la desigualdad de ingresos y riqueza, así como el fomento de la participación popular, entre otros objetivos sociales, no han sido prioritarios en las políticas concretas de los gobiernos neoliberales. Y la apuesta a una estrategia de reducción de la pobreza impulsada por los organismos financieros internacionales arrojó resultados insatisfactorios.
La caída en la calidad de los nuevos empleos es una realidad, que se manifiesta de diversas maneras al considerar los indicadores, como la creación de empleos, la productividad, las mejoras salariales y la reducción de la pobreza. Actualmente, la mitad de los trabajadores formales no alcanzan una renta capaz de superar el nivel de pobreza con un salario de menos de dos dólares diariamente. El crecimiento económico no se traduce en la generación de empleos de calidad necesarios para avanzar en la reducción de la pobreza.
El número de personas desempleadas en Nicaragua registró un nuevo aumento entre 2000-2006, evidenciando que el crecimiento económico no logró compensar el aumento en la cantidad de personas que buscan trabajo, sobre todo entre el grupo cada vez más numeroso de jóvenes sin empleo. Estamos enfrentando una crisis del trabajo y un déficit de trabajo decente que no se va a resolver sin hacer nada. Son necesarias nuevas políticas y acciones para enfrentar estos problemas. Un buena parte de los campesinos y trabajadores agrícolas abandonan una vida rural de pobreza y desempleo con la esperanza de encontrar algo mejor en la ciudad, pero su situación mejora poco o nada en trabajos ocasionales o en el comercio de objetos de poco valor. Todo esto está retrasando la reducción de la pobreza.
En Nicaragua, siete de cada diez empleos pertenecen al sector informal, lo que habla de exclusión, baja cobertura de los sistemas de protección social y creciente deterioro laboral. Dichos factores son determinantes de la pobreza y las desigualdades sociales en esta zona del mundo. El país necesita incrementar la inversión en capital humano para crear relaciones entre un desarrollo económico vigoroso y el bienestar ciudadano.
Para mejorar el ritmo de creación de empleos, optimizar la calidad del empleo y romper las inercias del atraso económico, Nicaragua tiene que invertir en infraestructura física (carreteras, puertos, electricidad, aeropuerto, agua potable, etcétera), por lo tanto, es urgente aprovechar las condiciones económicas internas y externas para crear un fondo de proyectos de desarrollo que permita impulsar el estudio y análisis de factibilidad de un catálogo de 50 obras prioritarias para el desarrollo general del país y romper, de esa manera, con la inercia del atraso.
Este fondo de proyectos de desarrollo tiene que ser promovido y discutido junto con representantes de la sociedad civil, partidos políticos, empresa privada, intelectuales, artistas y agrupaciones profesionales (ingenieros, arquitectos, ambientalistas, etcétera), ya que se busca concretar el impulso de obras prioritarias para el desarrollo nacional, hasta alcanzar una dinámica de inversión (estatal y privada) que llegue en promedio más del 8 por ciento del PIB. Hay trabajar para romper las inercias actuales.
El estudio tiene que plantearse los qué, los cómo, los quiénes y los con qué, que contribuyan con los objetivos de formación y desarrollo de los capitales físico y humano para impulsar el crecimiento económico sostenido del país, con empleo digno. Teniendo en cuenta que los recursos fiscales son insuficientes, por lo que es necesario combinarlos con el ahorro social, la cooperación internacional y con la inversión privada.
Es necesario que Nicaragua deje de ser un país de proyectos “llave en mano”; es decir, proyectos diseñados y financiados por el capital extranjero sin participación de profesionales, expertos y técnicos nacionales. Es necesario impulsar la formación de profesionales en áreas como la ingeniería, la ciencia, la investigación y la tecnología, aplicando los conocimientos propios y aprendidos de otros países, porque de lo contrario permaneceremos en el subdesarrollo.
Hay que apoyar a las empresas nacionales en las asignaciones de la mayor parte de los contratos de obras de infraestructura, no como medida de proteccionismo ni de favoritismo, sino como un trato equitativo frente a los apoyos que las empresas extranjeras reciben de sus gobiernos; tiene que haber igualdad de condiciones. De asignarse las obras a empresas nacionales los proyectos de infraestructura podrán resultar hasta 20 por ciento más económicos, al tiempo que se generará un importante número de fuentes de empleos.
Hoy, en la sociedad contemporánea se lucha por el conocimiento y por los mercados. No hay que frenar las posibilidades y oportunidades de aprender y trabajar para los jóvenes, no sólo por razones nacionalistas o ideológicas, sino económicas, sociales y estratégicas. No se trata de cerrarnos, sino desarrollar nuestro capital humano.