Opinión

Las medias verdades y medias mentiras de la transición política española


A mi maestro, Miguel Ángel Domínguez-Berrueta de Juan

Uno de los temas más recurrido, pero menos conocido en Nicaragua es el de la transición española. Muchos politólogos, historiadores y escritores lo ponen de ejemplo, y consideran que es el sendero por donde los países en desarrollo, especialmente los latinoamericanos, debemos necesariamente transitar.
En una entrevista realizada por mis amigos Erick Aguirre y Edwin Sánchez, publicada en EL NUEVO DIARIO, el escritor Mario Vargas Llosa se refirió a España y “a su singular salto que dio este país de ser subdesarrollado a uno moderno”. Las causas de este despegue las encuentra en la fórmula: “Democracia política, economías de mercado, apertura al mundo (y) políticas de estabilidad que incentivan el crecimiento económico”.
Y aunque Vargas Llosa en líneas generales tiene razón, es necesario trazar un esquema de este proceso de transición, que abarca dos períodos claramente definidos: el primero protagonizado por el gobierno de Arias Navarro, y, el segundo, por la aparición de Adolfo Suárez, y la puesta en práctica de un amplio programa de reformas, que culmina con la celebración de elecciones generales el 15 de junio de 1977.
La reforma política de Suárez, abarcó la legalización de los partidos políticos, la libertad sindical, la convocatoria de elecciones generales, regulación de la mismas, ratificación de los tratados internacionales sobre derechos humanos, derechos sindicales y derechos económicos y sociales y, finalmente, tras las elecciones del 15 de junio de 1977, apertura de un sui generis proceso constituyente.
Sin embargo, en este proceso de cambios existen peculiaridades que es necesario analizar de acuerdo a la posición que tomaron los principales actores políticos, para poder comprender lo específico y complejo de esta transición.
Lo primero que salta a la vista, y que es decisivo para superar la intolerancia, la confrontación en la España postfranco, es la existencia de un sector mayoritario de ciudadanos que no se sentía representado ni por el modelo continuista, ni por la oposición institucionalizada. Esta mayoría deseaba un cambio sin riesgos, una reforma política que no hiciese peligrar su estatus socioeconómico, pero que al mismo tiempo integrara a España en la economía europea (vía Mercado Común) y la necesidad de mantener una sociedad dinámica y en expansión.
Por otra parte, a los militares que la sociedad y los políticos miraban con desconfianza y que en ese momento no sabían cómo tratar, Adolfo Suárez, Presidente del gobierno, los incorpora al nuevo sistema político a través de la profesionalización y su vinculación con el rey Juan Carlos.
La Iglesia Católica jugó un papel fundamental, porque, después de la muerte de Franco, aprieta el acelerador en la demanda del reconocimiento de los derechos de las personas, en la afirmación de la particularidad étnica y cultural de algunos pueblos y en la exigencia de amnistía para los presos políticos. Asimismo, desde el inicio saludó de forma expresa el proyecto de convivencia política que compartirían los españoles, y apoyó al sector reformista del franquismo, alentó a la oposición liberal y contribuyó, más que ninguna otra institución, al reblandecimiento de la agresividad de la derecha conservadora contra el nuevo régimen democrático.
Otro eje importante de la transición fue la construcción de un Estado descentralizado que reconociera una sustancial independencia administrativa y de gobierno, a las regiones y la búsqueda de un consenso entre las distintas fuerzas políticos-sociales que sirviera para dotar al régimen de una Constitución ampliamente participativa.
Pero este esquema estaría incompleto si no se mencionara que, a la muerte de Franco, el Estado español contaba con una fuerte administración pública, producto de un vasto movimiento en pro de la reforma administrativa realizado en los años cincuenta por una generación extraordinaria de administrativistas, que pretendió modernizar el Estado a través de las leyes de lo Contencioso Administrativo, Procedimiento Administrativo, Expropiación Forzosa; y la ley de Bases de Funcionarios Civiles del Estado que permitieron una continuidad, en la ruptura.
Este proceso político culminó exitosamente en 1977, cuando se firman los pactos de la Moncloa, un acuerdo a tres bandas: Gobierno, empresariado y partidos-sindicatos. El objetivo más importante de esta política de acuerdos fue la convalidación, por los sindicatos y los partidos socialistas y comunistas, del modelo económico y social establecido enseguida en los principios constitucionales. Para acomodar el sistema económico a las reglas de una economía de mercado, el gobierno proyectaría la reforma fiscal, la de la Seguridad Social y la empresa pública.
En la década de los ochenta, los Pactos de la Moncloa generaron un clima de paz social, que se tradujo en descenso de la conflictividad y encauzamiento de las reivindicaciones laborales. Aparcando sus convicciones ideológicas, la clase obrera aceptó el sistema socioeconómico definido en la Constitución. Fruto del consenso de las principales fuerzas parlamentarias, la Carta Magna de 1978 entraba en la historia de España como la primera Constitución pactada y no impuesta al país por el grupo dominante. La izquierda española tenía una honda tradición republicana, pero ahora con sentido pragmático reconocía en la fórmula monárquica la mejor solución para el Estado surgido de las cenizas de Franco.
Desde luego la transición española, comparándola con la nicaragüense, presenta grandísimas diferencias, pero también notables similitudes. Una de las principales diferencias es que no existe voluntad de acuerdo entre los partidos políticos mayoritarios (especialmente entre los dirigentes políticos), empresarios y los sindicatos; además de una administración pública que se mueve por el clientelismo político, y no por el mérito y la capacidad. Sin embargo, la transición nicaragüense ha contado con un factor que no tenía la española: la profesionalización de las fuerzas armadas.
Pero, la similitud entre la transición española y la nicaragüense la encuentro en que la Iglesia Católica (y especialmente la actitud personal del cardenal Miguel Obando) ha sabido perdonar (a pesar de haber sido perseguida en los años ochenta) y reconciliar; y, ese paso ha sido fundamental para la convivencia entre los nicaragüenses hasta el día de hoy, aunque esta actitud no sea del agrado y no la alcancen a comprender Vargas Llosa y Sergio Ramírez.

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