Opinión

El referendo: propuesta coyuntural


La idea de una sociedad regida bajo un sistema democrático difícilmente adquiere su razón de ser sin la participación de los ciudadanos. Participación que se activa o realiza a través de mecanismos directos o indirectos. El sufragio o voto popular, los cabildos municipales, el plebiscito y el referendo representan expresiones de participación directa. La designación de altos cargos del Estado por parte de un Parlamento (quien ostenta la representación más plural de una sociedad) es una pequeña muestra de los mecanismos de participación indirecta. Independientemente del mecanismo utilizado, lo más importante es que el ciudadano pueda participar y decidir en los asuntos públicos que directa o indirectamente le afecten. En este artículo pretendo dejar expuestas algunas razones por las que considero que no se debe realizar un referendo el mismo día de las elecciones nacionales con el objeto de opinar si los ciudadanos nicaragüenses estamos de acuerdo o no con las últimas reformas al texto constitucional de 1987, realizadas en el año 2005. Soy de la opinión que dicha propuesta de referendo se enfoca simplemente en resolver un problema meramente coyuntural. Por tanto, lo que aquí trataré de plasmar pretende dar un salto cualitativo que conlleve la obtención de beneficios a largo plazo en el mejoramiento de nuestro incipiente sistema democrático y no que resuelva asuntos de mera coyuntura.
La Constitución de 1987 no contempló el plebiscito o el referendo como mecanismos de participación directa del pueblo. Fue la reforma constitucional de 1995 la que introdujo y dejó establecido que el pueblo puede ejercer su soberanía a través de mecanismos directos como el referendo y el plebiscito (artículo 2 Constitución). Se creó una “reserva de Constitución” y una reserva de ley para regular estos dos procedimientos. Diferentes en su naturaleza, pero común en su fin: consultar al pueblo. En relación al procedimiento de reforma parcial y total de la Constitución de 1987, el constituyente no se preocupó por introducir la figura del referendo (consultivo o vinculante) como uno de los requisitos necesarios para la validez de la misma. Es por ello que el poder de reforma en la Constitución de 1987 no necesita consultar al pueblo para alcanzar la validez de dicha obra. En otras palabras, no se requiere certificar o dar visto bueno a su actuación.
En todos los sistemas democráticos existen mecanismos y órganos que se encargan de controlar esta actividad (la reforma). Es decir, utilizando una expresión del constitucionalista alemán, Carl Scmitt, estos órganos vienen a ser “el guardián” de la Constitución. En nuestro sistema dicho control se encomienda a la Corte Suprema de Justicia, a través de un procedimiento en el que intervienen la Sala de lo Constitucional y el Pleno de la Corte. A la Corte le compete valorar mediante argumentos técnicos jurídicos si una reforma parcial se ajusta o no a la Constitución. La Corte Suprema de Justicia es el intérprete supremo, pero no único de la Constitución. En tal sentido, al aprobarse la reforma de 2005 y entrar en vigencia se activaron los mecanismos jurídicamente establecidos para su control. Recurso por Inconstitucionalidad contra la reforma el cual fue resuelto mediante Sentencia No. 52 de 30 de agosto de 2005. La Corte Suprema de Justicia estableció que la reforma constitucional se ajustaba a los procedimientos establecidos en la Constitución de 1987 y, por tanto, era válida. Independientemente que no se esté de acuerdo con la argumentación jurídica utilizada por el máximo Tribunal para valorar la reforma no se puede desconocer dicha autoridad y competencia y, por ende, su fallo. En mi opinión, con la Sentencia de la Corte, se comparta o no la posición de la Corte Suprema de Justicia, quedaba cerrado el tema de la reforma constitucional de 2005. La reforma se realizó por el órgano competente para hacerla, entró en vigencia, se activó el mecanismo de control establecido, y se valoró por el órgano competente para hacerlo. La denominada “Ley Marco” de octubre de 2005 en la que se frena la vigencia de la reforma no merece ningún comentario de tipo jurídico. Simplemente diré que rompe con toda la lógica de nuestro sistema de Fuentes del Derecho. Es un acuerdo político para resolver una crisis que lleva componentes jurídicos y políticos. Es una solución política, pero nunca jurídica.
Ahora bien, la propuesta de realizar un referendo el día de las elecciones generales para consultarnos a los nicaragüenses si estamos de acuerdo o no con la reforma constitucional de 2005, es un propuesta entusiasta, pero que no penetra en el fondo de las cosas. Por mucha “Ley Marco” que exista, desde el punto de vista del Derecho Constitucional, las reformas constitucionales de 2005 son válidas y están vigentes. La solución a toda esta historia no pasa por la realización de un referendo sobre el tema, esto, como ya dije, sólo resuelve un problema meramente coyuntural y no se logra visión de futuro. Es necesario reformar la Constitución e introducir la figura del referendo vinculante que permita consultar al pueblo cuando las mayorías en una Asamblea Nacional se han puesto de acuerdo y emprenden una reforma parcial a la Constitución. Esta propuesta puede ayudar a eliminarnos de una vez por todas los fantasmas recurrentes de las denominadas “Leyes Marcos”.

PhD en Derecho Constitucional por la Universidad de Barcelona.