Opinión

Posibles reformas tributarias inconstitucionales: el solve et repete


Nicaragua padece de un reformismo legal endémico. El ámbito tributario no escapa a esta tendencia al solicitarse la reforma de algunos puntos del Código Tributario recién aprobado que inclinarían la balanza a favor del fisco en detrimento de los derechos y garantías de los contribuyentes con el objetivo de elevar las recaudaciones.
Ello contradice la esencia propia del Código cuya aprobación –según el considerando I de la ley- obedece a la idea de establecer relaciones idóneas entre la Administración tributaria y los contribuyentes “para lograr una aplicación equitativa de los tributos en un ambiente de seguridad jurídica”.
Aunque quepa señalar algunas críticas a las demás reformas sugeridas, nos centraremos en lo que respecta a la modificación del artículo 95 que deroga expresamente la figura del solve et repete.
Solve et repete en latín significa “paga y después pide”. En el ámbito tributario se entendía como el deber del contribuyente de pagar el tributo para acceder a la revisión de su caso en la instancia superior de justicia. En términos sencillos significaba que para poder ejercer el derecho a apelar, el interesado tenía que pagar lo adeudado al Estado con la esperanza de que en caso de ser acogido su recurso, tales montos le fuesen devueltos.
La figura fue expresamente anulada por el reciente Código Tributario en su artículo 95, según el cual en caso de ejercerse cualquiera de los recursos establecidos por la ley “no será necesario para ser interpuestos, el pago previo de los tributos y sanciones de las que se recurren”.
La reforma al artículo que se sugiere propone exactamente lo contrario de lo estipulado actualmente, es decir, que para poder ejercer los recursos que la ley establece, el contribuyente deba pagar el monto total del tributo o la sanción adeudados.
A nuestro modo de ver, ello entraría en directa contraposición con el principio de igualdad en el trato por la ley, del que dimana un derecho subjetivo a favor del ciudadano y una obligación para los poderes públicos de seguir sus postulados. En esencia, la igualdad en el trato por la ley hace referencia a la idea de no discriminación para alcanzar una tutela judicial efectiva y una decisión conforme a los canales procesales establecidos por la norma.
Ya que la materia tributaria no posee carácter excepcional, sino que constituye una vía más de regulación de las relaciones jurídicas –en este caso entre Administración tributaria y contribuyente- de ello se deriva que no pueden existir tratamientos legislativos diferenciados en lo que se refiere al ejercicio de los recursos establecidos por la ley para los afectados.
Conforme a esto, de darse cabida a la reforma del artículo 95 –reestableciendo el mecanismo del solve et repete- se estaría violentando el principio de igualdad establecido por nuestra Constitución, y la tutela judicial efectiva a la que todo ciudadano tiene derecho y de la cual se proyectan la gratuidad de la justicia y de la interposición de recursos.
Igualmente, se estaría entrando en directa contraposición a los criterios de aprobación del Código, cuyo considerando IV establece que “el código tributario dedica especial atención a los derechos y garantías de los contribuyentes, lo que, obviamente, viene a reforzar los derechos sustantivos de estos últimos y a mejorar sus garantías en el seno de los distintos procedimientos tributarios”.
El sólo hecho de poner en la palestra pública la posible reforma del Código Tributario en los términos arriba señalados significa elevar el índice de riesgo en las posibles inversiones de las que tanto se habla últimamente para lograr el ansiado despegue económico. Si una vez más se espanta a los inversionistas con reformismos coyunturales y futuro cambio de las reglas del juego, muy difícilmente logrará crearse un clima de confianza y seguridad jurídica que haga de Nicaragua un destino atrayente para inversiones extranjeras y nacionales.
La materia tributaria es sumamente importante, y sus cambios producen efectos económicos de relevancia, de lo cual se hace necesario tener muy claro que tocar las reglas del juego en detrimento de los contribuyentes siempre tiene una repercusión económica de la cual el legislador debe estar atento y dispuesto a asumir las consecuencias.

Universidad de Nápoles “Federico II”, enero de 2006
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