Opinión

Algo del pasado que sí fue mejor


Haya habido o no “consenso” en la Asamblea Nacional, carece de importancia. Pero no se borrará de la mente la mala impresión de las escenas de circo con sus malabarismos y su elenco de payasos sin la gracia de hacer reír, y con suficiente vulgaridad como para no avergonzarse de la baja calidad de su espectáculo. Que vuelvan a la “normalidad” no causa plena satisfacción, dado que su “consenso” no los llevará hacia la función legislativa que interesa al país, sino a darle continuidad a lo suyo.
¿Por qué gente que provocó tanta admiración por estar dispuesta hasta a dar la vida por un cambio en el país, ahora se comporta como un rufián más de la política tradicional?, me preguntaba Edgard Tijerino en su programa “Tijereteando”. Hay muchas respuestas, y una de ellas podría ser que su actividad legislativa no busca el bienestar común, sino la defensa de intereses personales y de grupos de poder político y económico.
La actividad parlamentaria post revolucionaria está en un proceso degenerativo, iniciado con la derrota electoral del Frente Sandinista en el 90 del siglo XX y el abuso de los recursos estatales. Hablamos sólo de este partido, no porque los liberales y otros políticos sean ejemplos de honradez; ellos hacen lo que ha sido norma en su tradición política de casi doscientos años, sino porque su caso es el más notorio: pasó de actor y conductor de una revolución destinada a transformar las estructuras del viejo sistema --incluida su estructura jurídica--, con las que se legitimaron los regímenes oligárquicos, clasistas y corruptos, a ser socio de los políticos tradicionales y a comportarse como uno de ellos.
En el breve lapso con Edgard Tijerino, comparamos las experiencias legislativas después del derrocamiento de la dictadura para institucionalizar los cambios revolucionarios --el Consejo de Estado (1980-1984) y la primera Asamblea Nacional (1985-1990)--, con la Asamblea de 1991-1996, la de 1997-2001 y la actual (2002-2007), dedicadas a institucionalizar la restauración (desmantelaron el Estado con la privatización). El Consejo de Estado comenzó a construir el nuevo Estado, según el Estatuto Fundamental de Garantías Sociales y Políticas de los Nicaragüenses. La primera Asamblea se convirtió en Constituyente para dotar al Estado de una nueva Constitución, la cual entró en vigencia en 1987, y la última Asamblea la ha reformado para deformarla.
Recordábamos que el Consejo de Estado co-legislaba con la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, y fue un órgano extraordinario para una fase histórica igualmente extraordinaria. Pese a que sus integrantes no fueron productos de una elección popular, de hecho fueron más representativos que todos los diputados salidos de elecciones: no hubo sector social y político, gremial y profesional, que no hubiera tenido su representación en el Consejo, y eso fue garantía de fidelidad hacia los organismos representados, ante los cuales cada quien respondía por su función legislativa.
En el Consejo estuvieron representados campesinos y productores agropecuarios, profesionales de todas las ciencias y las técnicas, los gremios de la ciudad, los partidos políticos, organismos católicos, protestantes, maestros, estudiantes y militares. Se dice que una de las mejores características de la democracia son las elecciones; el Consejo de Estado probó que no sólo la elección es garantía de representatividad, porque en ningún órgano legislativo nacido de elecciones la sociedad ha estado mejor representada. El Consejo de Estado rompió con el carácter elitista de la representación parlamentaria del somocismo que, además de repartida 60-40 entre liberales y conservadores, clasista, y los diputados apoderados de las empresas de somocistas, de la oligarquía y de compañías extranjeras.
Salió a relucir el caso de Mariano Argüello Vargas, Presidente casi vitalicio del Congreso, quien nunca escondió, sino que hizo gala de su calidad de representante de las compañías extranjeras explotadoras de nuestro oro. Y tan mala impresión causaba recordarlo, que producía vergüenza, por lo cual los miembros de la primera Asamblea rechazamos el uso del título “diputado” y oficializamos el de “representante”. Las Asambleas posteriores a 1990 recuperaron el antiguo y siempre peyorativo título de “diputado”.
La Asamblea de 1984 fue resultado de las primeras elecciones pluralistas de toda nuestra historia, y aunque los representantes fueron electos en plancha --como ha seguido siendo--, no perdió la fisonomía social del Consejo de Estado, al menos en la lista del FSLN y de otros partidos: conducta política correcta, entrega generosa, dedicación al estudio y a la discusión de las leyes. Nada de prebendas. Eran sesenta y dos los representantes del Frente, y sí, técnicamente era una “aplanadora”, pero no hubo una sola ley que se votara de forma mecánica, sin previas discusiones.
En la bancada del FSLN se estudiaban las leyes junto a sus asesores jurídicos, y no había contradicciones con la DN, por afinidad común en los objetivos de la revolución: de una u otra forma, todos habíamos combatido militar o cívicamente a la dictadura. Todavía hay quienes repiten, y morirán engañados, que aquella Asamblea sólo llegaba a votar repitiendo la consigna de “Dirección Nacional, ordene”. Pero esto no tenía vigencia ni razón, porque cada representante había cargado durante años en su conciencia la idea de la revolución; y muchos, por edad y experiencia de lucha, fuimos sandinistas desde antes que la mayor parte de los miembros de la DN naciera; significa, que no era necesario imponer nada a nadie.
El comandante Carlos Núñez Téllez, su Presidente, fue enlace con la DN; una iniciativa suya se discutía con libertad en la bancada. El estudio de las leyes se hizo con rigurosidad; Carlos Núñez encabezó a un buen número que estudiaba Derecho simultáneamente al trabajo parlamentario; este detalle le quita razón al argumento de que el desastre legislativo se debe a la carencia de títulos académicos de los diputados. Los miembros de la primera Asamblea fueron, quizás, los que menos ostentaron títulos académicos y, sin embargo, su entrega al trabajo legislativo, su honradez y su compromiso con los sectores representados compensaba la carencia de cualquier título. Aceptar totalmente ese argumento academicista sería por mero culturanismo o por menosprecio de los valores humanos. Es lógico que un abogado domine mejor la ciencia jurídica, pero no siempre maneja mejor su ética, porque, generalmente es, ha sido o será apoderado legal de alguna empresa privada --nacional o extranjera-- o está o estará ligado a grupos de poder, y esto lo limita.
Si se quieren ejemplos de las diferencias entre aquella bancada y la actual, aquí están: antes, el salario era ligeramente mayor a treinta dólares al mes, y ahora, es de casi cinco mil dólares, las prebendas y las “extras”; antes, los representantes departamentales venían a sesionar a Managua en grupo de hasta seis en un solo carro Lada, muchas veces con las llantas pelonas (hubo un compañero que murió en un accidente cuando viajaba colgado en un autobús), y ahora, cada diputado anda en vehículo de lujo, dando la imagen de potentado; antes, hubo un representante de origen campesino, quien al ser elegido legislador entregó sus tierras a la Reforma Agraria, y ahora, muchos se volvieron terratenientes sin haber sido campesinos; antes se hacían trabajos extras sin remuneración, ahora manejan empresas millonarias y hacen negocios hasta con las necesidades fisiológicas de los ciudadanos en los mercados. Tal vez no sea tiempo para pedir sacrificios como aquellos, pero sí para exigir un poco de ética, honradez y respeto para el pueblo que les paga.
La limpieza ética de la representación parlamentaria está ligada a los cambios políticos que deberán comenzar a efectuarse desde las próximas elecciones generales. Si no se piensa en renovar las esperanzas, no tendría sentido pensar en las elecciones, como no tendría sentido pensar en las elecciones sin pensar en renovar las esperanzas.