Opinión

La agenda cívica para 2006


El año 2006 es, sin duda, un año clave para la incipiente democracia nicaragüense. El proceso electoral, que culminará en las elecciones nacionales del mes de noviembre próximo, tiene una enorme trascendencia para el futuro del país y de nuestras instituciones, ya que de su resultado dependerá que avancemos en la senda democrática o sigamos atados por más tiempo al pasado, simbolizado por el caudillismo pactista de Ortega y Alemán.
La ciudadanía que acuda a las urnas electorales, en noviembre del presente año, tendrá en sus manos decidir el destino del país, quizás por varios lustros. Ojalá que sepa orientar su voto en la dirección correcta.
Pero no basta lo anterior. Esa misma ciudadanía, que en 2005 salió de su modorra e indiferencia para lanzarse a las calles en las grandes manifestaciones cívicas antipacto y pro-democracia de Managua, Granada, Chinandega y Juigalpa, tiene que cuidar que el proceso electoral se desenvuelva con transparencia y sin posibilidades de fraude ni inhibiciones. Para ello será preciso que se mantenga vigilante sobre todas las actuaciones del Consejo Supremo Electoral, organismo que, desafortunadamente, según las encuestas goza de poca credibilidad.
Igualmente, la sociedad civil tendrá que exigir una auditoría seria y a fondo del padrón electoral, así como la entrega de sus respectivas cédulas al 15% del total de la población apta para votar que carece de ésta, según los datos revelados por el anterior Director General de Cedulación.
La observación nacional e internacional del proceso, desde sus primeras etapas e incluyendo las importantes elecciones regionales de la Costa Atlántica, debería iniciarse desde ahora y la ciudadanía tendría que respaldarla plenamente y estar atenta a los informes periódicos que estos organismos divulguen.
La Ley Marco, aprobada en octubre del año pasado, no hizo sino posponer la vigencia de las nefastas reformas parciales de la Constitución Política para el 20 de enero de 2007. Con esto dejó pendiente, sobre la cabeza de quien salga electo Presidente de la República, la espada de Damocles de asumir una Presidencia carente de poderes y supeditada a la Asamblea Nacional. Entonces, otro reclamo cívico que se impone es demandar que en las elecciones de noviembre próximo se lleve a cabo, de manera simultánea, un referendo para que sea el pueblo nicaragüense quien decida si rechaza o ratifica las reformas producto del pacto libero-sandinista.
La agenda cívica para 2006 no puede dejar por fuera el apoyo al justo reclamo del voto en el exterior para los centenares de miles de nicaragüenses que, por diversas circunstancias, han tenido que emigrar a otros países, desde donde envían remesas que permiten a la economía nacional mantenerse a flote. Nueve de cada diez nicaragüenses, según la última encuesta, demandan el voto en el exterior para nuestros conciudadanos.
Especial atención deberá merecer a la ciudadanía lo que está sucediendo en el Poder Judicial, que ha llegado a un nivel de degradación como nunca antes en nuestra historia. Sólo el 16.9% de los consultados en la encuesta de M y R, expresó algún grado de confianza en la Corte Suprema de Justicia, mientras el 59.4% manifestó que no tenía ninguna confianza en nuestro máximo tribunal de justicia y el 46.4% desaprobó su trabajo. La corrupción fue mencionada como la principal razón para desconfiar del Poder Judicial (60.8%).
No es, pues, extraño que la opinión pública tenga una percepción tan pobre de nuestra justicia. El año 2005 fue testigo de un rosario de sentencias y actuaciones insólitas, como lo fueron los sobreseimientos para Byron Jerez y los autores de las quiebras de los bancos, el caso de los 609 mil dólares robados de las cuentas de la propia CSJ, la decisión de otorgar régimen de convivencia familiar al reo Arnoldo Alemán, etc., etc.…
La agenda cívica debería comprender una auditoría social a las actuaciones de nuestras autoridades judiciales, pues en un país donde la justicia presenta semejantes vicios no existe en realidad un auténtico Estado de Derecho. “Cuando la justicia se pervierte, escribió Pablo Antonio Cuadra, la belleza es condenada a muerte”.
Si la ciudadanía no reacciona frente a estos temas, que a todos nos conciernen, la lucha contra la pobreza y el desempleo será un mito, ya que no existirán instituciones democráticas sólidas que permitan atender, de manera prioritaria, los flagelos que más castigan a nuestro pueblo: la miseria y la falta de trabajo.

Managua, enero de 2006.