Opinión

La izquierda y sus demonios


Segunda entrega

Crear las condiciones que nos permitan encontrar el modelo de sociedad que necesitamos pasa por reconocer que no existe “el mercado”, sino diferentes modelos de relaciones entre Estado, mercado y sociedad. Esto se demuestra, por ejemplo, en las importantes diferencias que existen entre los modelos de relación entre el mercado, el Estado y la sociedad canadiense, la europea y la estadounidense. También en las diferencias que encontramos entre la función social del mercado en países como Costa Rica, Guatemala o Nicaragua. La diferencia entre todos estos modelos está determinada por el desarrollo de los derechos ciudadanos en cada una de esas sociedades.
En Nicaragua, un programa de izquierda tendría que promover la organización política de nuestra población para generar un poder social con la capacidad de democratizar el poder del Estado y, a través del Estado, del mercado. Esto significa que la democracia nicaragüense tiene que dejar de ser un simple ejercicio electoral para transformarse en un proceso permanente de construcción de aspiraciones colectivas. De este proceso surgiría el verdadero consenso social que necesita Nicaragua: un consenso que trascienda las visiones elitistas de los grupos que hoy controlan el poder y que no comparten el drama existencial que significa ser pobre en Nicaragua.

Los límites del mercado los marca el bien común
La izquierda debe ver la democracia como un intento permanente por integrar y balancear la racionalidad instrumental capitalista con la racionalidad sustantiva que se deriva de la ética humanista cristiana. En su expresión más concreta, este intento trata de establecer un balance adecuado entre el principio de las libertades individuales -incluyendo las que requiere el capitalista para operar dentro del mercado- y el principio de la justicia social que promueve el respeto a la dignidad humana como un principio absoluto.
De ahí que el pensamiento democrático sea, fundamentalmente, un pensamiento que promueve las libertades individuales dentro del marco de un contrato social. En este sentido, el pensamiento democrático es un intento de promover la libertad de mercado dentro de límites diseñados para proteger el bien común.
En Nicaragua, el segundo país más pobre y desnutrido del continente americano, la definición del bien común tiene, necesariamente, que tener como objetivo principal la resolución del problema de la pobreza. Y para eso, el mercado y la libertad de mercado tienen que enmarcarse dentro de condicionantes éticos que faciliten la organización de una “economía de guerra” para combatir el hambre. Porque la libertad de mercado no puede concebirse como una libertad irrestricta. El mercado -lo señalan la enorme mayoría de los teóricos liberales del Occidente- no genera los valores que han hecho posible la convivencia democrática y el desarrollo y la consolidación de los derechos ciudadanos.
En este sentido, la visión económica de la izquierda es radicalmente diferente a la visión neoliberal de la derecha nicaragüense. El neoliberalismo defiende la racionalidad instrumental del mercado como la lógica que debe definir la organización de la sociedad. Esa racionalidad es ciega ante la injusticia social, la degradación del ambiente y la pérdida de la dignidad humana.
La ética humanista que orienta a la izquierda debe basarse en una racionalidad “sustantiva”, fundada en principios sociales y humanistas que deben ser articulados y promovidos democráticamente. Desde una perspectiva sustantiva, la bondad o maldad de una acción no se mide por sus resultados materiales, ni por su mayor o menor eficiencia, sino por su apego a principios fundamentales como la solidaridad, la justicia social y la dignidad humana.
Así pues, mientras que dentro del marco de una racionalidad instrumental la posibilidad de una vida digna depende de la capacidad del individuo para operar con éxito dentro del mercado, la racionalidad que debe sustentar el pensamiento humanista de la izquierda establece que la dignidad de las personas es la variable independiente a la cual debe adaptarse la organización de la economía y la sociedad. Las coincidencias entre el cristianismo y el pensamiento progresista de la izquierda son claras.
En el apartado 1881 del Catecismo encontramos esto: Cada comunidad se define por su fin y obedece en consecuencia a reglas específicas, pero el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana. Desde esta perspectiva, los modelos económicos deben formularse en función de la dignidad humana, y no como lo propone el gurú del neoliberalismo Milton Friedman o los autores del fracasado Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Bolaños. Para Friedman y para la tecnocracia bolañista, la sociedad y sus necesidades deben ajustarse a la lógica de los modelos que garantizan la reproducción del capital.
El valor de la democracia no radica en su capacidad para ponerle fin a las tensiones que inevitablemente surgen entre la racionalidad instrumental del mercado y la racionalidad sustantiva humanista y cristiana, sino, sencillamente, en su disposición a aceptar el reto de entenderlas y reconciliarlas. En la otra acera, el totalitarismo y el neoliberalismo constituyen estrategias sociales que pretenden resolver, de manera definitiva, las tensiones y contradicciones que generan la combinación de estos principios.
Los resultados de este absolutismo reduccionista han sido siempre nefastos: el pensamiento totalitario “resuelve” las tensiones entre la libertad individual y la justicia social sacrificando la libertad. Y el pensamiento neoliberal lo hace sacrificando la justicia. El pensamiento político democrático debe ser capaz de asumir el reto de posicionar el mercado dentro del marco de un contrato social que refleje, con justicia, las obligaciones y derechos de todos los nicaragüenses. Desarrollar este pensamiento implica trascender las reducciones materialistas que, con signos opuestos, establece el totalitarismo disfrazado de socialismo y el neoliberalismo. Significa desarrollar la capacidad para evitar la política de la convicción y promover la política de la responsabilidad.

De la convicción a la coerción
En su famoso ensayo La Política como Vocación, Max Weber identifica dos tipos de ética o racionalidad que pueden servir para orientar la acción política y la función de gobierno: la ética de la convicción, que se expresa en la defensa inflexible e incondicional de valores y principios absolutos; y la ética de la responsabilidad, que combina elementos de convicción con la flexibilidad que se requiere para alcanzar posiciones de consenso democrático.
La democracia requiere de una ética de responsabilidad. Desde esta perspectiva, el Estado democrático no es aquel que impone de cualquier forma una posición ética determinada. El Estado democrático es aquel que opera en función de valores sustantivos -como la justicia social- pero que, al mismo tiempo, reconoce la necesidad de defender y promover esos valores respetando los derechos individuales de todos. Desde esta perspectiva, un gobierno de izquierda democrático es aquel que intenta y logra desarrollar la capacidad para alcanzar resultados sociales justos y adecuados a través del reconocimiento, el balance y la conciliación de intereses y posiciones en conflicto.
La ética de la convicción -propia de organizaciones políticas totalitarias y de organizaciones religiosas que funcionan sobre la base de principios dogmáticos- es una ética absoluta que no admite divergencias. Se cree o no se cree. Se es o no se es. La ética de la responsabilidad es una ética que se nutre de convicciones y de valores, pero esas convicciones están abiertas a todas aquellas posiciones y propuestas que se articulan y expresan dentro de los procesos de participación política democráticos establecidos por la ley. Al Estado le corresponde tomar en consideración estas posiciones y balancearlas en función de un bien común articulado democráticamente.
La institucionalización de la ética de la responsabilidad debe verse como un esfuerzo para crear una visión contractualista moderna y democrática de la política que supere el uso de la coerción -el principal instrumento de los gobiernos y grupos que actúan de acuerdo a la ética de la convicción- y el pactismo, como tecnología política propia del pensamiento y la cultura pragmática, resignada y oportunista, que es la que prevalece en nuestro país. Promover el contractualismo y la ética de la responsabilidad no es promover pactos de cúpulas, ni defender centrismos amañados. Se trata de lograr una verdadera representación de los derechos y las obligaciones de los grupos sociales que componen nuestra Nación potencial, para traducirlos en un modelo de Estado, mercado y sociedad que nos proporcione a los nicaragüenses un horizonte y un destino compartidos. En este esfuerzo, la izquierda debe asumir la representación de los intereses de los sectores sociales más débiles de nuestra sociedad, respetando al mismo tiempo, los derechos del resto de los individuos y sectores de la sociedad nicaragüense.