Opinión

La Izquierda y sus demonios


(Primera de tres entregas)
El pensamiento político y la propuesta de gobierno de un movimiento de izquierda moderno y renovado nicaragüense tienen que enfrentar tres tareas fundamentales: Defender nuestra soberanía, entendiéndola como una capacidad social que permita a los nicaragüenses determinar su destino como Nación; promover la construcción activa de ciudadanía, dándole al pueblo la capacidad política para condicionar la acción del Estado; y finalmente, facilitar por todos los medios que en nuestra sociedad se desarrolle una visión moderna de la historia que nos permita superar el providencialismo y el pragmatismo-resignado que nos ahoga.
La articulación de un pensamiento y un programa de izquierda para Nicaragua, sin embargo, no implica, simplemente, redactar un nuevo “ideario político” y una nueva “plataforma de gobierno”. Para modernizarse, la izquierda nicaragüense tiene que enfrentar sus propios demonios históricos. Y si son tres las tareas, tres son esos demonios: su actitud frente a los derechos y libertades individuales, su visión del mercado, y su valoración del autoritarismo y la coerción como medios para el mantenimiento del orden.
La justicia social y los derechos individuales
Más allá de las diferencias que han dividido a las fuerzas de izquierda de Nicaragua y del resto del mundo, la lucha por la justicia social ha sido el común denominador que ha marcado la visión y la práctica política de este movimiento. Sin embargo, al levantar la bandera de la justicia social, la izquierda ha relegado a un segundo plano, o ha rechazado, el principio de las libertades y los derechos individuales que, junto con el de los derechos colectivos y la justicia social, constituyen los elementos indispensables de un humanismo integral.
Si la defensa de la justicia social ha sido la principal fortaleza de la izquierda latinoamericana, su resistencia a aceptar el principio de las libertades y los derechos individuales como elementos fundamentales de la condición humana, ha sido su principal debilidad. Y esta debilidad, además, ha sido la principal causa de sus fracasos cuando ha alcanzado el poder.
El socialismo ha sido incapaz de institucionalizarse en libertad. En otras palabras, ha sido incapaz de desarrollar el nivel de legitimidad democrática que se requiere para que el mantenimiento del orden no descanse en el uso de la coerción. En este sentido, las experiencias socialistas del siglo XX han confirmado lo que Jean Jacques Rousseau señaló hace más de dos siglos: para lograr su verdadera institucionalización, los modelos de organización social deben ser capaces de transformar el poder en autoridad y la obediencia en un sentido de obligación ciudadana.
La ausencia en la historia del siglo XX de una verdadera democracia socialista que promueva la justicia social dentro de un marco de derechos y libertades individuales no puede atribuirse, simplemente, a la “amenaza del capitalismo”. Tampoco al tiempo que supuestamente se requiere para consolidar y legitimar un sistema político.
Por supuesto que la fuerza del capitalismo ha atentado y atentará siempre contra el socialismo. Y por supuesto que la consolidación de cualquier sistema complejo de organización social y su legitimación son procesos de larga duración. Pero hay algo más que debemos reconocer en las experiencias del socialismo del siglo pasado y en el mismo socialismo cubano. El rechazo del socialismo al valor del individuo y sus derechos es el germen de su propia incapacidad para consolidarse democráticamente en el poder. El reconocimiento de este problema es una de las tareas que la izquierda nicaragüense y mundial tienen que enfrentar para superarlo.
La glorificación de la Historia
La filosofía y las ciencias sociales marxistas tendieron casi siempre a ignorar o a minimizar el valor de la razón individual y asumieron que la razón es una facultad colectiva e histórica que trasciende la capacidad de comprensión del ser humano concreto e individual. Desde esta perspectiva, la Historia, así con mayúscula, es vista como un movimiento universal que, con vida y lógica propia, encarna una razón universal que sobrepasa el poder de la razón individual. La razón de esa Historia se encarna colectivamente en la clase trabajadora. En la práctica socialista del siglo XX, los individuos de carne y hueso tenían que rendirse frente a esas abstracciones o arriesgarse a ser aplastados por los que gobernaban en su nombre.
La elevación de lo colectivo sobre lo individual, y de la Historia sobre la vida y el desarrollo de la conciencia de hombres y mujeres concretas tuvo un eco especial en Nicaragua durante el experimento revolucionario de los años 80, por nuestra tradición política autoritaria, por la ausencia en nuestro país de ciudadanos dotados de derechos reales y efectivos, y por el peso del providencialismo religioso, que nos empuja a asumir nuestro desarrollo individual y el de la sociedad como procesos que nosotros no controlamos.
El providencialismo religioso nos había preparado desde hacía 500 años para aceptar que la razón de la Revolución Sandinista residía en la Historia y en el proletariado y campesinado nicaragüense, como abstracciones que sobrepasaban la capacidad de visión y acción del individuo. Por esta vía, la “Historia” se convirtió en un sinónimo de “Dios”. Pero como esa Historia no hablaba ni se dejaba ver -tampoco Dios-, necesitábamos del Partido y de la Dirección Nacional para entender su significado. Así pues, habiendo repetido por cinco siglos hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, nos fue fácil gritar: ¡Dirección Nacional ordene!
Aceptar las tensiones y contradicciones de la vida social
No cabe duda que la relación entre los derechos colectivos y sociales -indispensables para alcanzar las metas de justicia que orientan la visión de la izquierda- y los derechos individuales -indispensables para la legitimación democrática del poder- es tensa y hasta contradictoria. A pesar de esto, la izquierda tiene que aprender a vivir con esta difícil relación. Sin los derechos colectivos, los derechos humanos se congelan y la sociedad se estanca. Peor aún, sin los derechos colectivos, la sociedad sacrifica a todos aquellos hombres y mujeres que no cuentan con la capacidad real para hacer valer su individualidad. En un país de pobres y excluidos como Nicaragua, los derechos individuales -el derecho al voto, por ejemplo- son, como Marx decía y como lo diría el mismo Jesús, fantasmagorías.
Al mismo tiempo, sin derechos individuales, los derechos sociales carecen de una fundamentación democrática y, por lo tanto, promueven el fetichismo, el caudillismo, el autoritarismo, el totalitarismo, el vanguardismo y todas esas aberraciones políticas que rechazan a la persona humana concreta como la legítima fuente de derecho y de razón en la historia. Sin derechos individuales los derechos sociales son, en el mejor de los casos, asistencialismo, “compensación social”, caridad estatal.
En ausencia de una estructura de derechos individuales, el Estado, la revolución, los líderes revolucionarios, o los comités centrales, se convierten en los fetiches a los cuales el pueblo tiene que rendir pleitesía para sobrevivir en un mundo en donde todo -la vida y la muerte, la pobreza y el bienestar- depende de una voluntad externa a la de nosotros mismos. En esas condiciones, el Estado, la Historia, o la Revolución, se convierten en versiones seculares de la idea del Dios providencial, del Dios fetiche al que nos han acostumbrado las iglesias en nuestro país.
No hay un mercado, hay mercados
El rechazo tradicional de la izquierda a los derechos individuales ha puesto un sello a su visión del mercado, llevándola a asumir que la existencia del mercado y el derecho a la propiedad privada implican necesariamente aceptar la lógica del capital como la racionalidad orientadora de la vida social. En este sentido, la izquierda ha mitificado la idea del mercado y ha asumido que éste es necesariamente incompatible con un modelo de sociedad organizado para expandir los derechos y la justicia para todos.
El mercado es una estructura de relaciones, transacciones, acuerdos e intercambios de bienes y servicios entre compradores y vendedores. La competencia que alimenta la producción y el comercio se organiza mediante normas y regulaciones que deben promover la eficiencia y proteger un bien común que debe articularse democráticamente. El mercado, así concebido, es compatible con un modelo de organización social humanista y cristiano. Más aún, un mercado competitivo y eficiente es compatible con la promoción de la justicia social.