Opinión

¿Cuándo pagará el FMI su deuda con los países pobres?


El jueves 15 de diciembre el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, anunció la cancelación de la deuda de su país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la cual ascendía a 9,500 millones de dólares estadounidenses. El gobierno argentino decidió usar los excedentes de sus reservas internacionales para hacer efectiva la cancelación de su deuda con este organismo internacional.
Durante el anuncio, el presidente Kirchner hizo alusión a las políticas económicas que este organismo había venido imponiendo a Argentina, las cuales habían contribuido a agudizar los niveles de pobreza y desigualdad social en Argentina durante los años de ajuste estructural, período en el cual el país fue catalogado como el más disciplinado en la aplicación de políticas de este organismo. El presidente argentino también hizo alusión a las acciones del FMI cuando en el año 2001 este organismo condujo a Argentina a una de las peores crisis económicas y financieras de su historia.
Con esta decisión, Argentina queda libre de la tutela y de la aplicación de las medidas que usualmente se imponen a los países que sostienen acuerdos económicos con el FMI.
La decisión del gobierno argentino no estuvo ausente de críticas mal intencionadas de quienes en adelante verán afectados sus intereses. Pocas horas después apareció en CNN un “experto” dando sus apreciaciones acerca de la cancelación de la deuda. Este “experto” avizoró efectos muy negativos y criticó la decisión del gobierno argentino, aduciendo que debido al mayor margen de independencia logrado en la aplicación de su política económica, este país quedaría sin la supervisión de un organismo internacional con credibilidad.
Actualmente es más que evidente que las políticas económicas aplicadas a partir del consenso de Washington han sido las mayores causantes de los agudos niveles de pobreza y deterioro ambiental que atraviesan la mayor parte de los países pobres alrededor del mundo. Se reconoce ampliamente que estas políticas económicas en vez de contribuir a solucionar los problemas sociales y ambientales de los países del Sur más bien los han recrudecido. Si se dice que Argentina se quedará sin la supervisión de un organismo financiero internacional con suficiente credibilidad, al menos se debería de aclarar qué es lo que ellos conciben como credibilidad; o más bien, si esto se trata de credibilidad, para y en beneficio de quiénes.
Las medidas de privatización de servicios públicos y liberalización económica impuestas por el FMI en los países pobres están claramente orientadas a beneficiar sólo a grandes capitales transnacionales y a pequeños grupos locales de poder que fungen como sus aliados.
Los procesos de ajuste estructural obligan a nuestros países a llevar a efecto procesos de privatización a sabiendas de que éstos están plagados de sobornos, tráfico de influencias, entre otras expresiones de corrupción. Nuestros países también son obligados a abrir sus fronteras y a exponer a los productores agrícolas locales a la sucia competencia de grandes corporaciones transnacionales de los países ricos que comercializan bienes agrícolas altamente subsidiados. Aunado a esto, los países ricos mantienen exageradas barreras arancelarias y no arancelarias al ingreso de bienes agrícolas con valor agregado producidos en los países pobres. Las injustas reglas que ellos han establecido en el comercio internacional han empobrecido y continúan empobreciendo a nuestros países.
Organismos internacionales como el FMI son los mayores responsables de esta catástrofe, al obligarnos a privatizar y a abrir nuestra economía de manera unilateral, mientras los países ricos continúan sosteniendo fuertes medidas proteccionistas. El FMI nos ha impuesto a los países pobres algo así como: “Ustedes hagan todo lo contrario a lo que los países ricos hacen”.
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