Opinión

Nadie puede estar por encima de la ley


A raíz de ciertas declaraciones insólitas de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, conviene recordar no solo que todas las personas son iguales ante la ley, sino que también todas tienen que responder por sus actos. Nadie puede colocarse por encima de ella, ni ningún funcionario público puede pretender transformar la inmunidad en impunidad.
El artículo 131 de nuestra Constitución Política claramente establece que “Los funcionarios de los cuatro Poderes del Estado, elegidos directa o indirectamente, responden ante el pueblo para el correcto desempeño de sus funciones y deben informarle de su trabajo y actividades oficinales”. Más adelante, este mismo precepto constitucional agrega: “Los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de la Constitución, por falta de probidad administrativa y por cualquier otro delito o falta cometida en el desempeño de sus funciones. También son responsables ante el Estado de los prejuicios que causaren por abuso, negligencia y omisión en el ejercicio del cargo”.
Por otra parte, la Asamblea Nacional, así como tiene la facultad para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tiene también la competencia para destituirlos o desaforarlos, levantándoles la inmunidad. El artículo 138 de la Constitución, en su numeral 11 establece, entre las atribuciones de la Asamblea Nacional, la de resolver sobre la destitución de cualquiera de los funcionarios que le compete elegir, “por las causas y procedimientos establecidos en la ley”.
Y aunque la ley de enero de 1995, que establecía las causales y procedimientos a seguir por la Asamblea Nacional, la propia Corte Suprema de Justicia la haya declarado inconstitucional, siempre existe el recurso de pedir su desaforación, para lo cual en la Constitución y en el Reglamento de la Asamblea está previsto el procedimiento a seguir.
En consecuencia, las razones aducidas por algunos magistrados para excluir de la investigación del robo de los 609 mil dólares prevenientes del narcotráfico a los magistrados implicados, no son válidas y carecen de fundamento jurídico, pues sobre la base de esa investigación, o de las que por su propia iniciativa deben llevar a cabo la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General, puede perfectamente iniciarse el procedimiento para pedir la suspensión de la inmunidad de tales magistrados, a fin de que respondan por sus actos, tal como lo ordena la Constitución Política de la República.
Conviene a la propia Corte Suprema de Justicia, si es que le interesa salir en defensa de su prestigio, tan deteriorado por este caso de los 609 mil dólares, que estas investigaciones sean exhaustivas y que nadie pueda escudarse en su cargo para no aclarar cuál fue realmente su participación en un acto tan bochornoso, que ha puesto en la picota de la opinión pública a todo el Poder Judicial y que tanto daño ha producido a la imagen internacional del país.
No es posible que hayan transcurrido varias semanas desde que estalló el escándalo de la sustracción de este dinero, y todavía esté sin aclarase el fondo del asunto, que es el grado de involucramiento de los propios magistrados de nuestro más alto tribunal de justicia.
No olvidemos que la impunidad es la madre de todas las calamidades públicas.

Managua, noviembre de 2005.