Opinión

Acceso de las mujeres a la justicia


Un desafío que enfrenta el Poder Judicial, sin duda alguna, es mejorar el acceso de las mujeres a la justicia, particularmente cuando llegan al Sistema de Justicia a interponer denuncias o acusaciones por delitos contra su integridad física, psíquica y sexual o por haber sido sometidas a la violencia y discriminación. La CSJ, por medio de la Comisión de Género, ha emprendido una serie de acciones para brindar atención específica a los derechos humanos de la mujer.
En el ámbito jurisprudencial existen algunos problemas que han afrontado los jueces y tribunales ligados a la tipificación del delito contra la libertad sexual y los causados por violencia intrafamiliar. Estos problemas están principalmente relacionados con la valoración de la prueba, o la presunción de falta de consentimiento cuando la víctima es menor de 14 años. Hay juristas que consideran que para que exista el delito de violación, debe existir siempre violencia física, comprobable con el dictamen médico legal, lo cual viola la norma que literalmente dice que puede existir violencia física, intimidación o violencia moral, o cualquier otro medio que prive a la víctima de razón, sentido o voluntad. De manera que cuando se dice cualquier otro medio, éste puede ser incluso, droga o licor. En lo concerniente al bien jurídico protegido, se evidencian sentencias donde algunos judiciales manejan conceptos desfasados, ya que expresan que el bien jurídico protegido en esta clase de tipos penales es el pudor y la honestidad sexual y no la libertad o la indemnidad sexual.
Existen diversos criterios interpretativos en una muestra de sentencias que hemos analizado, y aun y cuando con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que establece el Juicio Oral, Público y Contradictorio, hay una mayor transparencia en la presentación de la prueba; en la valoración de la misma por parte de algunos judiciales, persisten criterios atrasados y sesgados por razones culturales.
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, teniendo en cuenta esta realidad y las situaciones de inequidad y revictimización denunciadas a menudo por las organizaciones de mujeres, identificó los nudos o puntos críticos que encuentran las mujeres, niños, niñas y adolescentes que han vivido violencia intrafamiliar o agresiones sexuales, durante las distintas etapas de los procesos judiciales; encontrando que los mismos son tratados con mucho prejuicio hacia las personas denunciantes; minimizando los hechos y muchas veces culpabilizando a las víctimas por la situación vivida, provocando con ello la revictimización dolorosa que provoca mayor tiempo de curación mortal o psicológica. En razón de ello propusimos realizar cambios en el proceso probatorio que no involucran reformas legislativas, sino más bien un cambio en las actuaciones y en la predisposición de las y los operadores del Sistema de Justicia Penal. Para ello elaboramos el “Protocolo de Actuación en Delitos de Maltrato Familiar y Agresiones Sexuales” que trata de unificar actuaciones y criterios de interpretación, respetando siempre el Principio de Legalidad Procesal.
Este Protocolo pone de relieve la función del Juez como Juez de Garantías, obligado por tanto a velar, con igual empeño, por los derechos de ambas partes en el proceso, lo que implica que jamás puede considerar que los derechos de las víctimas se puedan ver cercenados por los derechos reconocidos al imputado, ya que ambos actúan en el proceso con la plenitud de sus derechos como persona.
Especialmente en el caso de las víctimas de estos delitos se les debe garantizar su derecho a no ser revictimizadas por el sistema de enjuiciamiento, para ello se le da al Juez una guía ética de actuación, acorde con las disposiciones del Código Procesal Penal, tales como impedir, salvo que sea estrictamente necesario, la repetición de pruebas, periciales y testificales que ya obren en el proceso de conformidad con el arto. 203 del Código Procesal Penal, el cual circunscribe la idoneidad de los peritos a su capacidad técnica; o bien cuidar que las declaraciones de las víctimas se desarrollen en términos que no agredan su dignidad, impidiendo preguntas capciosas o impertinentes, con base en el arto. 192 del Código Procesal Penal que establece “...sólo serán objeto de pruebas los hechos que consten en la causa”, y en el arto. 307 del mismo código que le permite moderar el interrogatorio.
Así, pues, el Protocolo no hace otra cosa que recoger de la legislación vigente, los derechos regulados y postular una mejor utilización de los mismos, para superar una fase de mera proclamación formal de ellos, dándole contenido real y procurando una sensibilización hacia la delicada posición de la víctima de estos delitos, que es víctima en primer lugar de su agresor, pero también de una estructura social injusta y de relaciones de poder que sustentan la violencia contra mujeres, niñas y niños.
*Magistrada Presidenta de la Comisión de Género del Poder Judicial.