Opinión

Urge Ley de lo Contencioso–Administrativo


La aprobación de una ley que permita al órgano judicial correspondiente conocer y resolver los conflictos entre los ciudadanos y los órganos del Estado (ministerios, alcaldías, instituciones regionales) es necesaria en Nicaragua. Esta normativa permitiría un control judicial sobre la actuación de dichas entidades públicas. Para responder a esta necesidad la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional está dictaminando un proyecto de reforma de la ley de esta materia declarada inconstitucional de forma parcial por la Corte Suprema.
Con este dictamen se pretende que el recurso contencioso–administrativo se interponga ante las salas civiles de los Tribunales de Apelaciones, mientras que en Managua se interpondría ante la Sala Laboral, las cuales lo admitirían o no en base a los requisitos de ley y emitirían o no la suspensión del acto administrativo. Posteriormente, remitirían el recurso ante la Sala de esta materia de la Corte Suprema de Justicia para que la misma tramite el periodo probatorio en una vista general del juicio, con alegatos orales que se materializarían en un acta final, que precedería a la emisión y ejecución de la sentencia
Sobre el dictamen hemos hecho algunas sugerencias ante dicha Comisión que podríamos resumir: Establecer un mecanismo de concretización del silencio administrativo positivo a favor del ciudadano. Otorgarle un carácter facultativo al recurso de revisión, dejando como único recurso obligatorio en vía administrativa el de apelación. También, hemos recomendado establecer un trámite de admisión del recurso anterior a la sentencia y permitir a los recurrentes la posibilidad de ampliar su recurso una vez que tengan a la vista el expediente administrativo y el informe de la Administración
Se ha propuesto la aprobación de una cláusula general de medidas cautelares que permita la emisión de la que corresponda según el caso concreto, es decir, medidas positivas en actuaciones en las que no hay acto, como en la inactividad administrativa. De la misma manera hemos externado la posibilidad procesal de emitirse sentencia sin necesidad de celebrarse alegatos orales, pruebas y conclusivos.
Sería recomendable regular en el dictamen que cuando un órgano de la Administración fuere condenado al pago de dinero, se afecte su propio presupuesto, considerándolo ampliable. De la misma forma que esa cantidad se compense con créditos que la Administración ostente contra el ciudadano. Finalmente, permitir la inscripción de la sentencia en los registros correspondientes donde los efectos del acto administrativo tuvieron acceso, y regular la posibilidad de la ejecución subsidiaria de los mismos por medio de particulares, pero siempre con cargo de los costos a la Administración vencida.
Esperamos que estas propuestas sean tomadas con carácter constructivo y como un aporte más para la aprobación de una ley de urgente necesidad para nuestro país.

* Doctorando en Derecho Público. Profesor de Derecho Administrativo y Contencioso–Administrativo UCA