Opinión

Existe el delito de lavado de dinero vinculado a otras actividades ilícitas


A raíz de las declaraciones del Presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se ha vuelto a plantear en la opinión pública la naturaleza del delito de lavado de dinero.
¿Existe este delito únicamente asociado al narcotráfico o puede provenir de otras actividades ilícitas? La respuesta a esta pregunta no sólo es de interés para los juristas, sino que tiene que ver con juicios importantes que aún se están ventilando en nuestros Tribunales de Justicia.
En el Derecho Penal, sólo es delito o falta la acción u omisión calificada y penada por la Ley. No son punibles las acciones u omisiones que no estén tipificadas como delitos o faltas penadas por ley anterior a su comisión. Éste es el principio de legalidad en materia penal, establecido en los artículos 1 y 4 de nuestro Código Penal. (“Nulla poena sine lege”). Además, en materia penal está prohibida la interpretación extensiva de la ley. “El Juez, dice el artículo 13 del Código, debe atenerse, estrictamente, a la letra de la ley”.
Lo anterior lo recordamos porque la opinión del Presidente de la Sala Constitucional es que el delito de lavado de dinero sólo existe cuando los fondos ilícitos provienen del tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras substancias controladas. Lo que, según este criterio, significa que este delito no existe si no está vinculado al narcotráfico.
En realidad, el delito de lavado de dinero vinculado con otros actos ilícitos, no necesariamente el narcotráfico, se encuentra muy bien tipificado en nuestra legislación vigente. Y lo tipifica también el proyecto de Código Penal, en proceso de aprobación por la Asamblea Nacional.
El delito de lavado de dinero aparece por primera vez en nuestra legislación en la Ley Nº 177 del 25 de julio de 1994. En esta primera Ley, el delito de lavado de dinero sí está asociado únicamente al narcotráfico. Pero luego el legislador, en atención a los compromisos internacionales ligados a la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, decidió reformar la Ley Nº 177 y aprobar la Ley Nº 285, la cual desde su propio título nos pone de manifiesto la intención del legislador de ampliar la tipificación del delito de lavado de dinero a otros activos provenientes de actividades ilícitas distintas del narcotráfico. El título completo de la nueva Ley es: “Ley de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas; lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas”. El legislador le cambia el nombre a la ley porque está consciente que en su texto el delito de lavado de dinero ya no tendrá como origen exclusivamente el dinero ilícito vinculado al narcotráfico, sino también el dinero proveniente de otros actos ilícitos, como la malversación, el fraude, el peculado, el secuestro, la prostitución, tráfico de armas, de joyas, de obras de arte, etc...
Además, y por esa razón, separó con un punto y coma los dos párrafos contenidos en el título de la Ley: “Ley de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas; (punto y coma) lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas”. De ahí que en su artículo primero, (inciso c) la Ley 285 establece que: “La presente Ley regula la función del Estado en “el control, fiscalización y juzgamiento de todo lo concerniente al lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas”.
El Capítulo VIII de la Ley 285 está consagrado a los delitos y sus penas. La primera parte (artículos 50 a 60) define los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y sustancias controladas (los que financien su cultivo, elaboración, fabricación, transportación o comercialización, etc.). La segunda parte del mismo capítulo se refiere específicamente al delito de lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas y su pena. Concretamente, el artículo 62 establece el lavado de dinero proveniente de “otras actividades ilícitas”. De ahí que el artículo comience con un revelador: “También cometen el delito de lavado de dinero y/o activos”. Quiere decir, y basta saber leer para comprender el texto legal, que no sólo cometen el delito de lavado de dinero los que obtienen dinero ilícito del tráfico de estupefacientes sino también lo cometen quienes incurren en los casos tipificados en los incisos a, b, c, y d del mismo Artículo 62, que son otras actividades ilícitas, no necesariamente ligadas al tráfico de drogas, como por ejemplo, inc. b): “El que por sí o por interpósita persona participe en actos o contratos reales, simulados, de adquisición, posesión, transferencia y administración de bienes o valores con intenciones de ocultar, encubrir o simular los recursos financieros obtenidos como resultados de actividades ilícitas”.
Hay otras disposiciones de la Ley 285, publicada en La Gaceta del 15 de abril de 1999, que conviene tener presentes: lo que dispone el inciso h) del artículo 71, que considera circunstancia agravante, susceptible de duplicar la duración de la pena, sin que pueda exceder el máximo de 25 años, el hecho de que el autor del delito sea un alto funcionario de los poderes del Estado, o de las municipalidades, consejos regionales autónomos, autoridades judiciales, militares y policiales.
A su vez, el arto. 78 de la misma ley establece lo siguiente: “Los reos procesados por la comisión de los delitos contemplados en la presente Ley, no serán excarcelados por ningún motivo bajo fianza y no gozarán de los beneficios de la condena condicional, de la libertad condicional, ni el indulto o amnistía.”
Managua, noviembre de 2005.