Opinión

Administración de justicia y poder político


Cuando fuimos jóvenes aprendimos que el mundo estaba mal, porque un grupo de hombres, engañando a todos con el mito de la “división de los poderes”, repartía la justicia en su propio provecho y encarcelaba a los ladrones de gallinas en el barrio, mientras sus socios banqueros estafaban a todos en el país enriqueciéndose impunemente. Si algo comenzaba a salirles mal, entonces tenían un ejército para corregir “conductas indeseables”. Así se hizo la revolución y se nos explicó que ésta, era la nueva “fuente de derecho”.
Hoy se abre ante nosotros un nuevo debate sobre esta vieja aspiración humana por la justicia.
Algunos quieren convencernos de que el control de los aparatos que administran la legalidad es una nueva garantía para la defensa de los intereses históricos de aquellos sectores sociales por los que una vez se luchó con valor y heroísmo. En este nuevo esquema se supone que los espacios institucionales deben ser “tomados” por hombres y mujeres que con fidelidad a toda prueba, respondan a esos valores, que se presentan como históricos. Se nos dice que esas son las nuevas condiciones de la batalla social.
Sin embargo, estas premisas sobre las que se justifica el control de la administración de justicia en los nuevos entornos de poder político en Nicaragua traen contradicciones insalvables en sí mismas.
Para empezar, el ejercicio de este control político no lo ejercen necesariamente los sectores sociales en cuyo nombre se razona su necesidad histórica. El poder de administrar justicia lo ejercen aparatos políticos y grupos en los que siempre surgen intereses paralelos. Así lo ha demostrado la historia de todas las revoluciones, y la nuestra no sería una excepción. Estos grupos políticos y aparatos creados, dentro de movimientos sociales amplios que han jugado y pueden seguir jugando meritorios roles en particulares situaciones de la historia, siempre terminan sirviéndose a sí mismos, con el pretexto de que les sirven a todos.
Igualmente, algunos de los hombres que en los hechos son destinados a ejercer un nombre de una determinada comunidad ideológica y orgánica el poder de administrar justicia, descubren tarde o temprano las enormes ventajas personales que esta oportunidad representa y en ese juego, muchas veces el aparato se ve forzado a tolerar sus irregularidades, para garantizar su incondicionalidad.
En este desafortunado esquema, la sociedad entera paga el precio que una determinada comunidad ideológica tributa a sus “hombres” para garantizarse el control de la institucionalidad en materia de la administración de la legalidad. Y no decimos que no puede haber excepciones, pero obviamente, en las condiciones creadas, la tentación de la impunidad es muy fuerte.
Por supuesto, los sectores que fueron desplazados de ese control y de ese poder corren a rasgarse sus trajes de saco y corbata en nombre de la democracia y la gobernabilidad, pero solo por el hecho de que ahora no son ellos los que tienen semejante privilegio. Es lo mismo que ocurre con los organismos financieros internacionales y los gobernantes del imperio, que aparecen “indignados” con la llamada “corrupción criolla” mientras sus funcionarios y embajadores andan por todo el mundo comprando votos y voluntades que garanticen sus propios intereses.
Pero al margen de esa realidad, los hechos de la historia nos han demostrado siempre que el cambio de manos en la administración de justicia no representa ninguna garantía para los grandes sectores en cuyo nombre se realiza. Por el contrario, la evolución social de la humanidad nos demuestra que los mayores crímenes cometidos contra el pueblo y sus derechos ciudadanos han sido perpetrados con su nombre en los labios, pronunciado por los verdugos que dictaron la sentencia: Héroes verdaderos fusilados por tribunales de traidores. Hombres y mujeres inocentes condenados por jueces incondicionales del poder de turno ejercido en “aras de la causa”. El valor, la audacia y el coraje humano juzgado y encarcelado por la ambición y la astucia. Guerreros incomprables juzgados y condenados por antiguos compañeros de armas, convertidos en “políticos pragmáticos” y “presidentes”. Esa ha sido la realidad y no podemos ocultarla.
Y frente a esos crímenes, siempre persiste inclaudicable la voluntad de los pueblos por derrotar el mito, por acabar con el engaño, por destronar a los que desde un sector, o desde el otro, se presentan a sí mismos como los destinatarios y constructores insustituibles del futuro. Es un fenómeno inevitable: la sed de justicia del ser humano es inherente a su propia naturaleza. Por ello, en el umbral del siglo XXI, esa humanidad con terquedad libertaria nos cambia la lección: No son las revoluciones la fuente del derecho. Es la búsqueda incansable del derecho y de la justicia la fuente de todas las revoluciones.
En ello hemos tenido que aprender, no sin cierta dosis de amargura, que la justicia más “revolucionaria” de todas era simplemente la justicia.
Frente a este aprendizaje no podemos, entonces, imponerle a toda nuestra sociedad el retroceso que representa una concepción de legalidad utilitaria que ya fue derrotada en el siglo pasado.
Ciertamente todos deseamos tener incidencia en la forma en que los jueces resuelven los juicios en los que estamos involucrados por cualquier causa. Nadie escapa de esta tentación: los abogados litigantes, los grupos de empresarios, los partidos políticos, los sindicatos, o los medios de comunicación y sus dueños. Pero en aras de la sociedad y de los ciudadanos en general, todos debemos reconocer los necesarios límites de esa posibilidad de incidencia, de tal forma que la última palabra sobre nuestro interés se encuentre en la ley y en la conciencia del juzgador, y que éste pueda decirla sin temor a las consecuencias de su juicio.
Alguien podrá decir que esto es ingenuidad. Puede ser. Pero es más ingenuo creer que si la administración de justicia es controlada por los aparatos políticos de determinadas comunidades ideológicas, el “equilibrio” entre las mismas, por su propia inercia, producirá mejores resultados. En todo caso, a lo que vamos a asistir es a una negociación pura y simple entre los juzgadores, en la cual unas sentencias serán intercambiadas por otras, sin garantías de justicia para nadie, inclusive para aquellos que nos identificamos ideológicamente con cualquiera de los grupos o comunidades detentadoras de semejante facultad.
En esa misma lógica no podemos aceptar el envilecimiento de la delicada tarea de administrar justicia, depositada en hombres y mujeres a los que en ese contexto se les encierra muchas veces en un callejón sin salida. Se les pide simplemente que se olviden de su trayectoria académica, de los valores de justicia y legalidad en los que alguna vez creyeron, de su propia autoestima y decoro personal, y los sometemos a una incondicionalidad que tarde o temprano los puede hundir en el desprestigio irreparable y la ignominia, como que si ellos no tuvieran hijos a los cuales heredarles un ejemplo. Es cierto que quizás algunos comparten el esquema descrito, y lo asumen como propio, pero los que no piensen como ellos deben tener la oportunidad sencilla de dictar sentencias de conformidad con su conciencia y su convicción legal.
Ser juez o magistrado en la Nicaragua del siglo XXI no puede depender de un juramento no escrito de fidelidad y “lealtad” a algo o a alguien, como que si se tratara de la Iglesia Católica ordenando sacerdotes en la Edad Media.
Ese camino puede llevarnos al despeñadero.
La realización de la justicia no puede administrarse como las acciones de una Sociedad Anónima en la que las decisiones las toma el que más acciones detenta, o se asumen a partir de negociaciones entre los socios accionistas.
Si construimos un modelo de sociedad sobre la base de esa lógica, más temprano que tarde las nuevas generaciones de nicaragüenses se encontrarán frente a la terrible encrucijada que ha marcado nuestra historia: La ley o la pistola.
El día en que ese momento llegue, los enemigos históricos de esta nación nos habrán vencido nuevamente.

*Rector de la Universidad “Paulo Freire”.