Opinión

El Ministerio Público frente a las causas de justificación


Los debates cotidianos generados por la reciente instauración del sistema acusatorio son cada vez más intensos y a la vez enriquecedores, ya que instan a la reflexión académica, científica y práctica de los casos concretos. En esta ocasión abordaré una circunstancia interesante, se trata de la actuación del Ministerio Público cuando concurre en el hecho una causa de justificación o, dicho de otra forma, cuál ha de ser la actuación del Ministerio Público cuando, por ejemplo, un sujeto ocasiona la muerte de otro en legítima defensa.
Antes de abordar las posibles soluciones, conviene recordar que las causas de justificación, como son la legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, el cumplimiento del deber o el consentimiento, son circunstancias eximentes que por determinadas razones excluyen la antijuricidad o ilicitud de la conducta, así, en el caso de la muerte en legítima defensa, la conducta está justificada y no desvalorada por el Derecho Penal, por lo que no habrá responsabilidad penal para quien actúe amparado en esta causa de justificación.
Frente a esto, y partiendo de la función acusadora del Ministerio Público, surge una serie de cuestiones a saber: ¿debe la Fiscalía acusar pese a que del análisis del caso se llega al convencimiento de la existencia de una causa de justificación? ¿La concurrencia de una causa de justificación debe ser declarada judicialmente? ¿Se ajustaría al principio de objetividad el fiscal que acusa aun cuando existe una eximente? Podrían plantearse muchas cosas más, pero conviene aquí centrarnos en estos aspectos.
En primer lugar, parece que sería contrario al principio de objetividad que rige la actuación fiscal, si en efecto se acusa al sujeto cuando se está convencido de la concurrencia de una legítima defensa. Además, si la acusación se presenta porque se está convencido de que, pese a la existencia de esta eximente, tiene que ser el juez quien la declare, entonces no habría contradictorio en el juicio, ya que si la defensa alega esta eximente al fiscal no le quedaría más que admitir la existencia de la misma. Por último, la presentación de la acusación supondría un desgaste para el sistema, ya que se acusa de un hecho que, a juicio del acusador, está justificado.
Quiero advertir que puede haber muchas variantes, pero de lo que aquí se parte es del caso en el que el fiscal ab initio está convencido de la existencia de una causa de justificación. Las posiciones más radicales, sostienen que el Ministerio Público siempre tiene que acusar y que ha de ser en juicio donde se admita la concurrencia de la eximente, pero esta postura no escapa a la crítica del desgaste del sistema. Por otro lado, hay quienes sostienen que el Ministerio Público puede archivar o desestimar la denuncia, no sin antes advertir el peligro que implicaría el dejar en manos de un órgano de investigación una decisión tan importante. Aunque esta última objeción puede salvarse mediante la figura del acusador particular, lo cierto es que el concurrir a juicio sin el aval del Ministerio Público podría significar una limitación importante.
En definitiva, me parece antagónico acusar y concurrir al juicio admitiendo la existencia de una causa de justificación, ya que no habría contradictorio entre la defensa y el órgano acusador; por lo que parece que sería preferible someter el caso concreto a la consideración de un equipo de fiscales. Finalizo diciendo que, en el caso que el Ministerio Público llegue al convencimiento de la existencia de una eximente, pero que no ha llenado todos los requisitos para aplicarla de forma completa, entonces sí procede la acusación bajo el argumento de que si bien en la muerte del sujeto existe causa legítima, lo cierto es que dada la ausencia de algún elemento, excesos por ejemplo, no puede apreciarse una exención total sino una atenuante.

* Doctorando en Derecho Penal, UAH, España. Profesor Ayudante de Derecho Penal (UCA).