Opinión

Abran cancha a los indeseables

Lo cierto es que la Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua no es la fórmula para librarse de “los papas fritas”. Más bien, servirá para acreditarlos como colegas de quienes no los quieren en su gremio. Y con derechos garantizados por la ley y el Estado de Nicaragua

¿Quién es periodista en Nicaragua? Es uno de los dilemas que el recién creado Colegio de Periodistas de Nicaragua deberá resolver en las próximas semanas, dado que a su interior distintas voces claman “por la depuración del gremio” para avanzar en mejor forma hacia más altos niveles de calidad.
Tal clamor es previo al Colegio. Recuerdo que hace más de diez años hasta hubo una polémica sobre el tema entre Noel Irías y Ada Luz Monterrey, luego que El Flaco titulara uno de sus artículos “Maldita profesión”. Le cayeron a palos a Noel. Quienes le respondieron lo llamaron advenedizo y reclamaron que el periodismo era una profesión noble y edificante. Eso fue en los años noventa, cuando el discurso de “es necesario dignificar la profesión” era casi una constante. Entonces, los medios y programas se poblaban con gente que anteriormente había pertenecido a una organización partidaria o del Estado. Se creía que la manera de alcanzar tal dignificación era evitando que cualquiera pudiera convertirse –-como por arte de magia de los dueños de los medios-– en periodista.
Ahora, una década más tarde, el criterio a prevalecer debería ser el que se base en la Ley 372, que en sus artículos 4 y 39 define quiénes serán considerados periodistas en Nicaragua. Ambos textos son muy claros.
Entonces, ¿dónde está el dilema? En la aparente contradicción generada por ambos artículos. El segundo de éstos dice que “serán miembros ipso jure del Colegio de Periodistas de Nicaragua (...) todos los miembros debidamente inscritos en las asociaciones gremiales (...) APN y UPN...” Acá habrá que saber si las listas de agremiados de ambas organizaciones habían sido certificadas por el Ministerio de Gobernación al momento de fundación del Colegio. Este artículo 39, además, parece proteger los derechos adquiridos por quienes forman parte de estas dos organizaciones de periodistas, aspecto que también contempla el artículo 4.
También parece haber sido diseñado para asegurar que sólo ambas organizaciones se repartirían los órganos del citado Colegio desde el momento de su fundación. El segundo párrafo del artículo 40 indica que “los cargos de cada uno de los órganos de administración y gobierno del Colegio serán distribuidos equivalentemente entre los miembros de ambas asociaciones de periodistas, que los desempeñarán por periodos alternos”. El periodista Guillermo Cortés Domínguez fue uno de los que se quejó públicamente porque en el evento fundacional votaron muchos periodistas que no formaban parte de ninguna de ellas.
El artículo 4 indica que serán consideradas periodistas todas aquellas personas que al momento de promulgarse la Ley 372 “tengan por ocupación principal, regular y retribuida el ejercicio del periodismo”. También reconoce como periodistas a quienes ostenten “un título universitario de periodista” (¿y si dice Comunicación o Filología?), “los estudiantes activos de la carrera de periodismo (¿y si dice Comunicación o Filología?) que tengan aprobado el tercer año y que el Colegio les extienda una licencia transitoria”, quienes “estén ejerciendo o hayan ejercido el periodismo durante cinco años, aunque no tengan el título ni sean egresados de una escuela de periodismo”, y “los reporteros gráficos con al menos tres años de experiencia”.
¿Dónde está el problema? Grupos de periodistas –-cuyo tamaño desconozco-– entendieron la creación del Colegio de Periodistas como una oportunidad para deshacerse de “los papas fritas”, es decir, de todo aquel colega sin título y de cuestionada calidad profesional. Estos grupos de colegas perciben a los así denominados “papas fritas” como un lastre para el mejoramiento de la calidad y credibilidad del periodismo nacional.
Como hay “papas fritas” con cinco o más años de veteranía, ni modo, habrá que incluirlos. Pero no se debería de incluir, según este razonamiento, a quienes no muestren un ejercicio profesional conforme lo estipula esta ley.
¿Pero, qué pasa si ya eran asociados de la APN o UPN? La ley dice que son miembros ipso jure del Colegio desde su creación, aunque haya voces que puedan clamar en contra de tal posibilidad.
¿Y si no están agremiados? Tampoco se les puede aplicar la ley, puesto que el artículo 4 los protege, siempre y cuando “tengan por ocupación principal, regular y retribuida el ejercicio del periodismo”. No importa si comenzaron a laborar como periodistas un día antes de fundado el Colegio.
¿Qué hacer entonces? Algunos periodistas desde el inicio han dicho que se debería de reformar la mencionada ley. Otros, que hay que abolirla, dado que contraría jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y porque insisten en que la mejor ley relativa a medios y periodismo es la que no se promulga jamás.
Lo cierto es que la Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua no es la fórmula para librarse de “los papas fritas”. Más bien, servirá para acreditarlos como colegas de quienes no los quieren en su gremio. Y con derechos garantizados por la ley y el Estado de Nicaragua.