Opinión

Una amnistía vergonsoza


El proyecto de Ley de Amnistía que algunos diputados arnoldistas han presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, cubriría al país de vergüenza si se llegase a aprobar.
¿Cómo es posible que se trate de otorgar amnistía a todos aquellos que desde 1997 hayan incurrido en los delitos comunes de peculado, malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de estupefacientes y lavado de dinero, entre otros?
¿Es que acaso hemos llegado a tal nivel de degradación política que, por favorecer a una determinada persona, no nos importa destruir la imagen del país y cubrir a todos los nicaragüenses de vergüenza y de lodo, por habitar en un país donde se dictan leyes que incitan a la corrupción pública y nos transforman en un paraíso para los traficantes y lavadores de dinero internacionales?
La amnistía solo puede otorgarse por la comisión de delitos políticos y comunes conexos con políticos. Evidentemente, ese no es el caso. Se pretende incluir en la nefasta ley una serie de delitos comunes graves que transformarían a los funcionarios públicos en delincuentes potenciales autorizados, pues al instaurar la impunidad ante tan graves violaciones a la ley, se estaría legalizando el asalto a los bienes del Estado, con grave perjuicio para el pueblo nicaragüense. En efecto, cualquier funcionario podría verse tentado de incurrir en algunos de los delitos antes mencionados, con la tranquilidad de que en el futuro se alegue el precedente de que en este país es posible gestionar una amnistía para este tipo de delitos y lograr su aprobación por la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional, por su propio decoro y responsabilidad histórica, debería rechazar tal pretensión desde un principio. El proyecto de marras es una pieza digna de figurar en las más exigentes antologías de leyes promotoras de la corrupción, contrarias a la ética y la moral.
Y no es válido el argumento de quienes tratan de justificar esta amnistía por razones de tranquilidad pública, como que si la impunidad frente al delito fuera un requisito para nuestra tranquilidad. La impunidad es más bien la madre de todas las calamidades públicas. En realidad, el castigo de los corruptos genera más tranquilidad que la torpeza de auspiciar su impunidad y, por lo mismo, el disfrute tranquilo de bienes sustraídos al erario nacional, con los que pudieron resolverse muchos de los problemas que agobian a los sectores más empobrecidos de nuestra población.
¿Es que quienes abogan, justifican o toleran tal amnistía, han puesto su conciencia moral de vacaciones? ¿Acaso es éste el costo que Nicaragua debe pagar para que las llamadas “fuerzas democráticas” se unifiquen? Sería un costo muy alto porque, de paso, deslegitimaría a tales fuerzas como auténticamente democráticas.
Por último, además de los argumentos éticos están los argumentos legales. Nuestra Ley de Amnistía reserva el beneficio de la amnistía únicamente para quienes cometen delitos políticos y comunes conexos con ellos (alteración del orden público, etc.). La amnistía se suele conceder en aras de restablecer la paz social, tras momentos de conflictos que la hubiesen alterado. Concederla por delitos comunes es promover la corrupción, arrasar con la credibilidad del país y de sus instituciones y propiciar la intranquilidad social que generaría una ofensa tan grave a la conciencia colectiva de los nicaragüenses.
Finalmente, cabe recordar lo que, en atención a la Convención Interamericana para la lucha contra el tráfico de drogas y lavado de dinero, establece el artículo 78 de la Ley Nº 285 del 15 de abril de 1999 (“Ley de Estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias controladas; lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas”), que claramente dice: “Los reos procesados por la comisión de los delitos contemplados en la presente Ley, no serán excarcelados por ningún motivo bajo fianza y, no gozarán de los beneficios de la condena condicional, de la libertad condicional, ni el indulto o amnistía”.

Managua, octubre de 2005.