Opinión

Preocupaciones sobre la Ley 364


Recientemente fue anunciado por la Asamblea Nacional que cumpliría con un compromiso adquirido con los ex bananeros demandantes del nemagón de elaborar una resolución que garantice que la ley 364 no será reformada ni derogada. Esta es una ley que fue publicada en La Gaceta en enero de 2001, y que dio lugar a procedimientos especiales que permiten la tramitación de juicios por las personas que fueron supuestamente afectadas por el uso de pesticidas fabricados a base de DBCP y que se les conoce como nemagón y fumazone, en contra de empresas específicas de los Estados Unidos.
Esta posible acción de la Asamblea Nacional, que no tiene ningún valor legal, aporta lamentablemente más elementos negativos a la imagen del país, ya que la Ley 364 es una grave señal para cualquier inversionista extranjero o nacional que necesita la garantía de la seguridad jurídica. Esta es una ley inconsistente con la Constitución de Nicaragua y viola claramente las obligaciones requeridas en los tratados de libre comercio. La ley 364 y su aplicación bajo el sistema judicial de Nicaragua carecen del proceso debido, transparencia y principios fundamentales de justicia y que el Estado nicaragüense no ha tomado una acción suficientemente enmendadora a la fecha, sino todo lo contrario.
Revisemos algunos hechos en la historia de la Ley Especial 364: en julio de 2002, el entonces Procurador General de la República determinó que la Ley 364 era inconsistente con las leyes nicaragüenses y la Constitución de la República. En octubre de 2003 y sin que nadie les consultara, algunos jueces de la Corte Suprema de Justicia por iniciativa propia emitieron una “consulta” en la cual contradecían al Procurador al opinar que la ley era de hecho constitucional.
A pesar de esta diferencia de opiniones, a la fecha, en Nicaragua se han otorgado hasta 850 millones de dólares en 15 acciones diferentes. Billones de dólares en reclamo por ser reclamadas aún están pendientes.
Las preocupaciones con la Ley 364 incluyen procedimientos onerosos y requisitos como: aplicación retroactiva de la responsabilidad sin culpa relacionada a un producto específico; la renuncia de la ley de prescripción; la presunción irrefutable de causalidad; los procedimientos judiciales truncados; la imposición de un depósito no reembolsable por $100,000 por parte del demandado como una condición de las empresas para defenderse en la corte; requisitos de aproximadamente $20 millones destinados a pagar los juicios; y obligaciones mínimas por compensación de daños y perjuicios (entre US$25,000 a $100,000.)
Así mismo, este tipo de juicios, basados en al ley especial 364, abre totalmente las posibilidades a que se lleven a cabo fraudes y prácticas legales inadecuadas, tales como manipulación de pruebas y falsificación de documentos.
Todos éstos son factores que pueden influir en un proceso inefectivo de ejecución en Estados Unidos de las sentencias en que se dicten en los juzgados locales. Por lo tanto, ésta es una Ley que no es sólo perjudicial para las empresas demandas y para el país, sino también para los mismos demandantes, quienes difícilmente verán ejecutadas sus sentencias, por lo menos en los tribunales de los Estado Unidos.
En lugar de continuar con resoluciones y opiniones, es necesaria una pronta solución al conflicto, donde el Estado busque con las empresas demandadas una negociación; sin embargo, cualquier solución tiene que cerrar la ventana o el nemagón seguirá siendo utilizado como la excusa de todos lo males.
* Abogado.