Opinión

Comentarios puntuales a la Ley de Mediación y Arbitraje


La ley No. 540, ley de mediación y arbitraje fue aprobada por la Asamblea Nacional el 25 de mayo de 2005 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial el 24 de junio del mismo año. Nuestra ley se basa sobre las leyes modelo de la comisión de las naciones unidas para el desarrollo del derecho mercantil conocidas como leyes modelo de la Uncitral.
En la era de la informática, de la internet y de la visión “aldea-planeta”, es obvio que se requiera de instrumentos jurídicos que permitan dirimir las controversias mercantiles con agilidad y celeridad. En efecto, el dictamen aprobado por la comisión de justicia de la Asamblea Nacional, expresa que “la velocidad a que se mueve el mundo del comercio hoy en día hace que la forma tradicional de justicia impartida por los tribunales comunes no resulta adecuada para resolver esos conflictos”.
El mismo dictamen señala la necesidad de contar con un método alternativo ágil y moderno para dirimir las diferencias: “... el funcionamiento de la justicia común es muy lenta y poco especializada en consecuencia se hace necesario y urgente aprobar un marco jurídico moderno y actualizado a las exigencias de celeridad, especialidad, seguridad jurídica y estabilidad de las inversiones, que tenga como respaldo un método alternativo de solución de diferencias para resolver diferencias en forma expedita, segura y a bajo costo”.
Sin embargo, a pesar de lo anteriormente planteado en el dictamen, la ley establece la intervención del sistema judicial nicaragüense en el procedimiento arbitral, lo que puede convertir este método alternativo, de expedito a lento y engorroso. Efectivamente, la ley consigna tres posibles intervenciones del sistema judicial en el procedimiento arbitral.
La primera es visible en el artículo 35, permite el derecho a la parte de recurrir de apelación ante el Tribunal de Apelaciones competente por pronunciamiento del Tribunal arbitral sobre la recusación de un árbitro, dando quince días improrrogables al Tribunal de Apelaciones para resolver sobre el asunto.
La segunda, en el artículo 42, se refiere al derecho de la parte de recurrir a la sala civil de la Corte Suprema de Justicia para que ésta resuelva sobre decisiones del Tribunal arbitral en materia de excepciones. La ley también establece quince días a la sala para resolver sobre el asunto, sin embargo, en este caso elimina la frase improrrogable.
Finalmente, el artículo 61 de la ley concede a la parte, el derecho de introducir el recurso de nulidad contra el laudo arbitral ante la sala civil de la Corte Suprema de Justicia, pero no establece plazo a la Sala, para que se pronuncie sobre el recurso.
La intervención de nuestro sistema judicial, específicamente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en el procedimiento arbitral --la que resolvería sobre asuntos de excepciones o del recurso de nulidad sin plazos definidos y perentorios-- puede conllevar fácilmente a que el método arbitral se entumezca y se expanda en el tiempo tal como sucede en la “forma tradicional de justicia” y en consecuencia, la ley no cumpla con los objetivos que se ha propuesto.
El propio magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar, refiriéndose a las normas de procedimiento para dirimir los litigios en materia civil, declaró, a un diario local, “que la justicia civil es lo más vergonzoso que tenemos en materia de justicia en el país”.
El autor opina que es indispensable una reforma a la ley, la cual debe estar orientada a establecer plazos improrrogables y perentorios al Tribunal de apelaciones y a la sala civil para que dicten sus resoluciones e imponga sanciones pecuniarias a los funcionarios públicos que no cumpla con dichos plazos.
* El autor es abogado y economista.
fsamperb@hotmail.com