Opinión

Financiamiento de la propaganda electoral


La mancha del pasado proceso electoral, alrededor del cual se mantiene aún inestabilidad política y se hacen negociaciones corruptas o chantajistas para ocultar la verdad, se origina en el dinero recibido entonces por el candidato y actual Presidente y la camarilla de sus amigos.
La Ley Electoral, de rango constitucional, autoriza recibir donaciones de ciudadanos nicaragüenses residentes en el país, cuyo monto global se deberá informar al Consejo Supremo Electoral. Además, no podrán recibir donaciones de instituciones estatales, privadas o mixtas, sean éstas nacionales o extranjeras. Es categórica al expresar: Quedan terminantemente prohibidas las donaciones provenientes del extranjero (Art. 127).
La Contraloría General de la República, órgano rector del sistema de control de la administración pública, mostró pruebas afirmativas contundentes del ingreso de fondos a la facción liberal manejada por el candidato a presidente, que a la fecha se desconocen adónde fueron a parar, pero éste calla o lo niega; el CSE, que debió haber recibido información y dar seguimiento, está en mutis total, y el PLC, involucrado, no opinó oficialmente. ¿Controles para qué?
¿Quién miente? Personas que se dicen honorables o empresarios que dicen estar limpios, ¿por qué no han salido a la palestra a dar la cara para defender su honor? Sus nombres quedarán marcados por asuntos sucios electorales. ¿Acaso la aristocracia criolla está por encima de la ley?, ¿tienen autoridad moral para reclamar el cumplimiento de la ley, que otros la cumplan, no ellos?
Vale destacar que el estúpido privilegio de la inmunidad a determinados funcionarios entorpece el mejor funcionamiento de la administración pública, en especial la justicia, y favorece la delincuencia.
Un gobierno responsable y de vergüenza, cuando menos, debió enviar a la Asamblea un proyecto de ley que cerrara puertas a corruptos, cooperantes extranjeros y narcos para las elecciones de 2006, preocuparse por comenzar a limpiar los procesos electorales; pero gobiernos y partidos políticos están a gusto chapoteando en el fango en que se encuentran, a ambos favorece.
Los hechos están mostrando a una sociedad sin verdad ni justicia, hoy se dice una cosa, más tarde cambia, se provocan crisis para chantajear, hoy la solución es tal o cual, mañana otra, ninguno confía en el otro, se insultan, se sacan la madre, luego se abrazan o comen juntos, se insulta al gobierno norteamericano, pero se le complace por debajo, el guatuseo especulativo predomina, al final se vive en un boleo permanente, un país que navega en un mar tormentoso, a nadie importa entre tanto la pobreza del pueblo ni estructurar un país moderno. Es la tragedia dominante en la Nicaragua gobernada por aparentes pandillas o piratas que se disputan el país. ¿Alguien alguna vez dirá la verdad?
A esto del financiamiento de la propaganda electoral cabe agregar el descaro de obligar por ley al Estado a destinar de sus escasos recursos una asignación en el presupuesto de gastos de la nación, para financiar gastos de campañas electorales de los partidos políticos, alianzas y asociaciones que participen en las elecciones.
Con la conducta irresponsable probada de los partidos, todavía hay que llevarlos al poder despilfarrando fondos públicos que en alta prioridad se necesitan para aliviar en algo la perra condición de vida de tantos pobres y carencias en infraestructuras sociales.
Los millones que se asignan en cada proceso se definen en cuchubaleo entre el Poder Ejecutivo, la Asamblea y los caudillos políticos, no existen normas técnicas de cálculo, y la partida global asignada se reparte por mitades: un adelanto del 50% en sumas iguales entre partidos o alianzas por el solo hecho de haber inscrito candidato, algo muy simple, se saca la gran tajada; el otro 50% se distribuye proporcionalmente al número de votos obtenidos en las últimas elecciones. Existe mucha discrecionalidad en el gasto o se justifica con cualquier papel; a la opinión pública nunca ha llegado la mínima información sobre el uso del 100% gastado partido por partido o alianza por alianza. En Nicaragua nunca se conoce cómo se gastan los impuestos.
En los estados financieros que por allá, de cuando en vez, se conocen de algún partido político, se registran un patrimonio ridículo y unos cuantos centavos disponibles; de los grupos que para elecciones aparecen en alianzas, nunca se ha conocido situación financiera alguna.
Bien que existan alianzas, minorías o pluralismo, pero siempre que se tratare de partidos políticos auténticos, las personas que se movilizan alrededor de estos conceptos son de sobra conocidas, siempre las mismas, seudo caudillitos del oportunismo.
La falta de normas de conducta partidaria y electoral, permite que diputados que se vuelven disidentes de su partido o alianzas, organicen bancaditas en la Asamblea Nacional, algo irracional, porque esa gente al abandonar su partido queda sin partido y deja de ser diputado. En las elecciones se eligen gentes de partidos por el sistema de planchas, principal mérito, la incondicionalidad para ser incluido en el listado del dedo del caudillo. La elección de diputados no es uninominal, por méritos políticos personales.

Se ha venido planteando reiteradamente la urgencia de sustituir el sistema electoral nicaragüense por uno nuevo que con nitidez promueva la libertad política y un proceso de democratización transparente, igualdad de oportunidades para el libre ejercicio y juego de los derechos cívicos. Aquí está el inicio efectivo de un país soberano, libre y auténticamente independiente.
Para cuando pasen los nublados del día, hay que poner cada cosa como debe ser y en su lugar, echar al tren de aseo ese capítulo VI de la Constitución Política que incomprensiblemente creó un Poder Electoral y la Ley Electoral; deben desaparecer del mapa para dar paso a una estructura racional de país civilizado, que acabe con la truquería electoral. Se trata de una reforma estructural fundamental para poner en pie a un enfermo en coma.
Es muy claro el hecho de que no hay que ignorar, como hasta ahora se ha hecho, que el sistema actual electoral, su ley original, con sus puntos y comas o modificaciones, tienen raíces y corazón sandinistas, una ley para prefijar resultados de procesos electorales, mejor dicho, fraudes, controles bajo la mesa, para quienes manipulen el gobierno del Poder Electoral. La concepción del Poder Electoral tiene dimensión dictatorial al hacer un combo con asuntos civiles, partidos políticos y procesos electorales, que arma las cadenas para atar a las personas y sus derechos.
El Registro Civil de las Personas es de la vida civil y nada tiene que hacer con asuntos electorales, corresponde el servicio a las municipalidades en cada cabecera departamental. A estas instituciones corresponde emitir el documento de identificación de cada ciudadano. Eso que una autoridad emita cédulas de identidad, es revolver el aceite con la grasa de los cerdos. Un proceso tan simple que la autoridad electoral hizo un tango con un costo de muchos millones.
En cuanto a partidos políticos, debe regir una ley específica; éstos deben ser interpretados como asociaciones voluntarias de ciudadanos con una misma doctrina de gobierno para participar en procesos electorales, conducentes a obtener cargos públicos de elección popular.
Los procesos electorales deben considerarse como un servicio a prestar por unidad absolutamente independiente, en forma técnica y sencilla de organizar y manejar cada tantos años.