Opinión

Los violadores de la Constitución gozan de buena salud


De la llamada “Ley Marco”, la ciudadanía espera la distensión de la crisis institucional, aun estando consciente de su ilegalidad. La acepta, con la esperanza de poder lograr alguna tranquilidad, pero también convencida de que no le ofrece soluciones a otros problemas nacionales ni dará garantías a los aspirantes a la presidencia, surgidos al margen de la órbita del PLC y del sandinismo oficial.
Esta conformidad con la “Ley Marco” sólo puede ser producto de la impotencia social. El pueblo pudo presionar por una salida a la crisis, pero no lo suficiente como para conseguir una salida mejor. La ciudadanía la acepta, más que convencida, aliviada del cansancio por una crisis artificialmente creada y, a ratos, oficiosamente avivada por los dos partidos beneficiarios de la misma. Comenzando con el hecho de que éstos luchan la ventaja, porque disponen del dinero público, a través de las por múltiples instituciones que controlan.
Aparte de las ciertas o infundadas esperanzas en torno al arreglo político que pospone las reformas para un segundo escenario –-ya preparado-—, nuestro país sigue manejado a discreción por los caciques, porque la Constitución, en la práctica, es un traje de hule que se lo calza cada factor de poder, según su interés y su influencia política. Nicaragua no se rige por una Constitución, sino que a ella la rigen los grupos de poder. Hablan de respeto o irrespeto a la Constitución por hábito; hablan de ella en abstracto y sobre algunos de sus artículos cuando éstos afectan intereses suyos muy concretos.
La Constitución no sólo es una ficción jurídica, sino, principalmente, un mito, al que adoran con sus ritos oficiales o lo desprecian con su práctica cuando les conviene. La Constitución contiene preceptos que nunca se han respetado, son violados o se ignoran, y no se ha visto preocupación alguna de parte de ningún partido ni político influyente, porque ellos son sus violadores.
Un ejemplo que nunca estará demás señalarlo, es el del artículo 14 constitucional: no hay político de los partidos dominantes que no haya “olvidado” que el Estado de Nicaragua no tiene “religión oficial”. Todos, desde el Presidente de la República, practican religión en los actos oficiales, se inclinan y hacen romerías ante el mayor jerarca de la Iglesia Católica para consultarle sobre cuestiones políticas de Estado que no le competen al cura ni a ninguna iglesia. Lo “olvidan” liberales y sandinistas oficializados, quienes han relevado a los conservadores en su función de monaguillos de la Iglesia, como en los tiempos en que juntos, políticos y curas, hacían un solo poder.
Nuestra Constitución contiene preceptos importantes para la convivencia y la justicia social, pero no pasan de lo declamatorio, no tienen efectividad. Ahí están los “derechos sociales” con emotivas alusiones a la atención que debe el Estado al derecho a un trabajo digno, acorde con la naturaleza humana, a la vivienda digna, a la educación y la cultura, a la salud y un ambiente saludable. Cada uno de esos preceptos es vital para el ser humano, pero suenan inútiles a los oídos de las clases dominantes.
Nunca han pasado de ser enunciados nacidos de una intención democrática formal, y cuando de ellos se acuerdan, no los ven realizables, sino hasta cuando se cambien las condiciones económicas del país. Pero los partidos políticos más cercanos o con pleno acceso a los mandos del gobierno y demás mecanismos del poder, no hacen nada para cambiarlas, se despreocupan de la pobreza nacional, pero no pierden momentos para enriquecerse sin medida. Y esta práctica no se las cambiará ninguna “Ley Marco”.
¿Quiénes han empeorado la inestabilidad social, aumentado las condiciones para la reproducción de la pobreza y elevado sus privilegios económicos, sino los mismos cuyos representantes en la Asamblea Nacional han aprobado una “Ley Marco” para poner fin la crisis de su gobernabilidad? ¿Y quiénes son los causantes de esta crisis, sino quienes ahora levantan banderas de triunfo por haber logrado “resolver” un problema creado por ellos mismos? En medio de la crisis, ¿ellos disminuyeron su acceso a los grandes beneficios y recursos económicos alguna vez?
Otros de los preceptos constitucionales burlados son los derechos políticos. Sin ellos no sería posible aspirar a obtener respeto para todos los otros derechos; es el mecanismo del cual se valen los ciudadanos para luchar porque se respeten sus demás derechos. Ahora, precisamente ahora, están queriendo violar el derecho de elegir y ser elegido. Estamos frente la posibilidad de ver cómo se viola nuevamente el derecho de participación en el próximo proceso electoral, con sus trampas inhibitorias.
El jolgorio por la superación temporal de la crisis institucional con la “Ley Marco” es demagógico, por cuanto quedan latentes las inhibiciones, pendiendo del resultado de un diálogo (del bla, bla, bla de siempre) que si bien podría acordar la apertura de un proceso electoral transparente, no hay seguridad de que los pactistas dueños de la Asamblea Nacional lo avalen; y si lo avalaran, ¿quién podría evitar el uso (abuso) de los mecanismos judiciales para que Herty Lewites y Eduardo Montealegre aparezcan “culpables” de algún delito, según fallo de un tribunal de sumisos?
Por ahora, para negar ese derecho se amparan en la supuesta pulcritud de la ley: no se podía incluir la prohibición de las inhibiciones para no “entorpecer la Ley Marco”, alegaron; es decir, la pulcritud de la redacción de la ley está por encima de un derecho humano constitucional. La clásica postergación del fondo en aras de la forma. ¡Hipócrita y vulgar pretexto!
Uno de los magistrados del Consejo Supremo Electoral ungidos por el pacto, Emmett Lang, lo dijo sin pudor: No se puede eliminar las inhibiciones porque sería ir contra la ley, porque es apañar la impunidad de delitos cometidos. De esta forma, el flamante magistrado adelantó el posible fallo de los tribunales orteguistas contra Herty por los delitos hechos por encargo de su potencial competidor electoral, Daniel Ortega. Igual cosa hizo el diputado Bayardo Arce, cuando, con todo el cinismo que Dios le dio, se exculpó de antemano por emitir su voto para cualquier inhibición, porque él no tiene culpa de que un ex ministro (Montealegre) o un ex alcalde (Lewites) haya cometido algún “delito”.
Todo el mundo está convencido de que con la “Ley Marco”, nada ha cambiado; la tregua es para los autores del pacto libero-orteguista, quienes, como dice Dora María Téllez, “le tienen tomada la medida al presidente Bolaños”, y éste con la tregua “ha comprado tranquilidad”. Daniel hasta tuvo la osadía de hacer creer que con esta ley finalizaba el pacto, pero como es imposible engañar con eso, se darán por satisfechos con que les calme un poco las críticas y las presiones.
La única probable salida de esta trampa es continuar con las manifestaciones populares con mayor fuerza para impedir las inhibiciones e imponer la transparencia en las elecciones de 2006. Frustrar las cuentas galanas de los artífices de la postergación y la violación de los derechos constitucionales, es la salida.