Opinión

Cuando la privatización sí es buena


La palabra privatización se ha vuelto muy común en la Nicaragua en la que hoy vivimos. Se la oímos mencionar a los oficiales gubernamentales, a los “policy-makers”, a los representantes del FMI, a los que protestan en las calles en contra de ella, e inclusive a alguna que otra ama de casa que se desquita con la privatización al contemplar con resignación lo mucho que ha subido su factura de teléfono o energía eléctrica. Detrás de este término se encuentra una compleja estructura de teorías económicas, ideologías e intereses individuales. Aun así, muchas personas ajenas al abstracto mundo de la economía no comprenden realmente ni cómo funciona, ni cuándo funciona la privatización y se conforman con lo que su sentido común les ofrece.
El término privatización es nuevo en Nicaragua (a partir de 1990), pero a nivel mundial se comenzó a usar con regularidad a partir de 1979, cuando Margaret Thatcher, primer ministra de Inglaterra, y Keith Joseph, su principal asesor, usaron el término para impulsar una política de reducción del Estado. Thatcher misma reconoció que sus políticas estaban basadas en las, en aquel entonces, nuevas teorías de Frederic Von Hayek. Quien es considerado hoy en día como uno de los más importantes teóricos del neoliberalismo. Pero la acuñación del término se la debemos a un joven político conservador llamado David Howell quien, trabajando en un plan para disminuir el sector público inglés y al mismo tiempo distribuir mejor el capital en la sociedad inglesa, se encontró con la palabra privatización en la obra del economista norteamericano Peter Drucker.
La teoría de la privatización se basa en que en el sistema capitalista de producción los incentivos individuales son los que motivan a los individuos a mejorar su productividad en las empresas. De esta manera se eleva la producción y se incrementa el bienestar social porque la economía de un país produce más, tiene más recursos para importar aquello que no produce, y tiene más ingresos para programas sociales y de desarrollo. Esta reacción en cadena llevará al país al desarrollo en el largo plazo. Pero para que los individuos produzcan eficientemente necesitan incentivos. Estos incentivos no los tiene el Estado. Por esta razón el Estado casi siempre maneja las empresas ineficientemente y a veces inclusive con pérdidas. La obvia solución es, pues, privatizar las empresas nacionales para que los incentivos individuales aumenten la producción y la eficiencia.
Sin embargo, al igual que la gran mayoría de los modelos económicos en la actualidad, para que la teoría funcione es necesario que se cumpla una serie de supuestos y que existan determinadas condiciones. De estas condiciones la teoría no dice mucho, a pesar de ser las determinantes para el éxito o el fracaso de la aplicación de la privatización. La más importante de estas condiciones, y la que no se cumple en el caso de Nicaragua, es que debe de existir en el país en el cual se privatizan las empresas públicas la cantidad de capital suficiente para que el público nacional compre estas empresas. De no existir este capital disponible la empresa será adquirida por inversionistas internacionales. Eso justamente es lo que ha pasado con empresas como Enitel o Unión Fenosa.
El problema con que la adquieran inversionistas internacionales está en que, como mencionamos al principio, los inversionistas individuales únicamente invierten si tienen altas posibilidades de recuperar sus costos y una ganancia adicional (su incentivo). No obstante, los inversionistas nacionales procuran en lo posible gastar su ganancia en productos nacionales. De esta manera el capital generado se recicla en la economía y permite que exista el desarrollo económico. Los inversionistas internacionales por el contrario retiran su beneficio de la economía donde la produjeron y lo gastan en otras partes del mundo. Esto en la jerga económica se llama fuga de capital. Esta fuga está compuesta por el valor del capital invertido más el beneficio de los inversionistas.
Sin embargo, los nicaragüenses caemos en la falacia de creer que cualquier propietario privado es bueno, independientemente de su nacionalidad. Y como en Nicaragua no existen inversionistas que puedan ofrecer grandes sumas por las empresas nacionales, se observa cómo los inversionistas extranjeros se adueñan de estas empresas. Invierten cierta cantidad de dinero estipulado en el contrato de compra y luego disparan los precios hacia arriba maximizando sus ingresos a costas del bolsillo de los consumidores. Si bien es cierto mejoran la eficiencia y calidad del servicio, el costo pagado es demasiado alto. A parte de eso, la sociedad en sí no se beneficia porque este dinero generado no es reinvertido en la economía. Muchos alegan que la inversión hecha por los extranjeros mejora la economía nicaragüense, pero ¿qué inversionista pone su dinero donde no espera sacar sus costos y un beneficio extra? Personalmente no conozco ninguno. Así, el inversionista saca más de lo que invierte y la economía pierde más de lo que recibe.
La privatización es buena, sí y sólo sí, el beneficio generado por los inversionistas es reciclado en la economía y permite el acrecentamiento del capital social, el cual a su vez es condición necesaria para el desarrollo económico de un país. Los inversionistas extranjeros retiran el capital inicial más el beneficio fuera de la economía. Por esta razón el postulado planteado por el modelo de la privatización no se cumple y por consiguiente tampoco la sociedad recibe los beneficios que esperaba. A largo plazo esto lleva a generar un mayor crecimiento económico registrado por una mayor producción, pero a una más alta desigualdad económica. En donde unos pocos son muy, muy ricos y otros muchos son muy, muy pobres. ¿Le suena al lector familiar este escenario? Es porque es la descripción de la realidad nicaragüense en la actualidad.
Los nicaragüenses debemos de ser más cuidadosos en el futuro cuando pretendamos privatizar nuestras empresas. Debemos tener en cuenta que a quien se las vendamos importa tanto como si las vendemos o no. De hecho, si no existe capital nacional suficiente para comprarlas, venderlas es contraproducente. Sólo nos resta asumir mayor responsabilidad por nuestras acciones y tomar decisiones únicamente después de un análisis riguroso y no dejarnos llevar por las ideologías dominantes. Especialmente en decisiones que afectarán tanto nuestro bienestar como el de nuestros hijos en el futuro.

* Estudiante de Economía, UNAN-Managua
risuarez@gmail.com