Opinión

Fraude y malversación no es “lavado” de dinero - NUEVA GENERACION


Para que la solución del conflicto institucional y la crisis política sea un hecho, en el diálogo deberían primar razones y no pasiones politiqueras de la “nueva era”, para que ese acuerdo, “Ley Marco” o como le quieran llamar, logre responder al interés público y no a caprichos imperiales ni personales. Lo digo por lo siguiente:
a) El artículo 13 de nuestro Código Penal, prohíbe la interpretación extensiva de la norma jurídica penal;
b) Recíprocas acusaciones en los diarios, tanto de funcionarios públicos de la vieja como de la nueva era, señalándose como responsables de la supuesta libertad del ex presidente Alemán;
c) Destape de corrupción de 26.5 millones de dólares en la Empresa Nacional de Puertos, donde posiblemente esté involucrado el MTI, ministerio paradigma de la nueva era. Esto provoca una interrogante: ¿más lavado de dinero en la nueva era? Pienso que no, porque en la nueva era “nadie puede estar por encima de la ley”, máxime si en el diálogo priman razones y no pasiones, por ello:
Seguir homologando las modalidades utilizadas por funcionarios públicos para malversar caudales públicos con las modalidades que utilizan los narcotraficantes, es un adefesio jurídico --bueno, según lo que aprendí en la universidad--, porque jurídicamente no es lógico equiparar delitos peculiares de los funcionarios públicos (artículos 405 y 410 Pn.) con lavado de dinero, peor aún cuando lo malversado fue por omisiones cometidas por funcionarios públicos que hoy son paladines de la nueva era, entre éstos Enrique Bolaños, quien fue ciego, sordo y mudo durante la vieja era, pero en la nueva era, por pragmatismo politiquero, pretende ser un Chapulín colorado contra la corrupción .
Un mata mama no sólo es aquel que compra productos ticos, sino también aquel que insiste en estigmatizar a Nicaragua, condenando a un ex presidente como narcotraficante lavador de dinero por visión colonialista de la ley, visión que lo hace pactar para que no se aplique la ley por delitos electorales a paniaguados ministros de la nueva era. Lo sucio es que semejante barbarie se hace en nombre de la democracia, y mediante una “Ley Marco” que, simultáneamente, busca garantizar quince meses de megasalario presidencial y mantener sentenciado a un contrincante político por veinte años en vez de dos o cinco.
Esta soberbia no le deja ver que esto es apenas la punta del iceberg de muchos juicios que ya no serán relacionados con la Huaca, pero seguramente serán relacionados con un enhuacado y terco presidente, cuando lo acusen por lavado de dinero en vez de delito electoral. Hasta quizás EU quiera aplicarle esa lógica a nuestro comandante Daniel, en caso de que ganase las elecciones presidenciales.
Lo digo, porque solamente en el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos de Norte América se estipula como cajón de sastre el delito de lavado de dinero contra todo aquel que incurra en modalidades de fraude, malversación, falsificaciones documentales u otras actividades, todo en razón de una abusiva política de defensa y de seguridad preventiva contra el terrorismo, o contra cualquier cosa que amenace los sagrados intereses del imperio. La justificación nació de la “Política Criminal contra el enemigo” surgida después del fatídico 9/11.
No obstante, en Nicaragua el lavado de dinero sigue tipificado en el Capítulo VIII como “Delitos y Penas” bajo epígrafe “De los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y sustancias controladas”, capítulo integrado por los artículos 50 al 63 de la Ley 285, “Ley de reformas y adiciones a la ley No.177, Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Sustancias Controladas” (La Gaceta 69 de 1999), como delito estrechamente vinculado al cultivo, producción, fabricación, uso, tenencia, transporte, tráfico y sobre todo con las formas de comercialización de estupefacientes... (artículo1 Ley 285). Quizá la interpretación extensiva vuelva a darse, porque el inciso “c” de la citada ley, habla de “lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas”.
Pero, ¿cuáles actividades ilícitas? ¿Serán todas las habida y por haber, a como lo hace el imperio? Si la respuesta irreflexiva es un sí, a pesar del Arto. 13 Pn.; Artos. 27 y 160 Cn., entonces empresarios --entre ellos banqueros, de la construcción, de prensa, y hasta ONG-- ¡prepárense para lo peor, porque faltarían cárceles, en razón del Frankestein y la colonialista “lógica jurídica”! Dado que todos somos iguales ante la ley, y los próximos titulares en 2006 serán: “Fiscalía y Procuraduría acusarán por lavado de dinero a...”, incluso a los que actualmente están siendo destapados como supuestos corruptos por la Contraloría General de la República.
Por el futuro de Nicaragua, por la seguridad jurídica y en cumplimiento al principio de legalidad establecido en el artículo 160 Cn., es urgente reconocer que los hechos y modalidades delictivas cometidas por el ex presidente Alemán, no están tipificados como delito de lavado de dinero en el ordenamiento jurídico nicaragüense, pero sí como fraude y malversación de caudales públicos.
De lo contrario, seguiremos estancados en una restringida visión sociológica de la ley, de las instituciones, de la función pública y de la democracia. Por ello, insisto en lo necesario del surgimiento de trascendentales periodistas investigativos, objetivos y profesionales con visión de Estado Nación, para que sean estandartes de la democracia e iluminen el futuro Nicaragüense propiciando debates entre la razón, el derecho y el poder.