Opinión

Los crímenes que Daniel Ortega cometió al pactar con Arnoldo Alemán


Daniel Ortega pactó en 1999 con Arnoldo Alemán para asegurar el poder político. Con ello pretendía crear las condiciones más favorables para posibilitar su victoria electoral, pero al menos consiguió, legal pero ilegítimamente, asegurar el control de una parte importante de la Asamblea Nacional. Gracias al pacto, cambió desde la Asamblea Nacional la Ley Electoral de forma que eliminó la participación en las elecciones y las cuotas de poder político a cualquier otro partido que no fuera uno de los dos mayoritarios (uno de éstos era el Sandinista).
Una vez que obtuvieron que la Asamblea fuera dominada por sandinistas y sus cómplices del pacto bipartidario, eliminaron a partir de 2000 y desde la Asamblea Nacional, toda otra fuerza importante en el Parlamento, legislando en colaboración con sus cómplices del pacto para obtener la mitad de todos los puestos directivos en dos de los poderes públicos: Corte Suprema de Justicia y Consejo Supremo Electoral, obteniendo también el control a medias de la Contraloría General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Superintendencia de Bancos. De esa forma, no sólo excluyeron a todas las fuerzas políticas que no pudieron participar en las elecciones de 2000, por fuerza de las ilegítimas reformas a la Ley Electoral, sino que aislaron radicalmente la influencia y el posible contrapeso, constitucionalmente diseñado, del Presidente del país ante esos otros poderes y sectores del Estado, y crearon por ello desde entonces una situación de inestabilidad e ingobernabilidad política anticonstitucional, que no sólo perdura hasta hoy sino que cada vez se ha hecho más crítica para la sobrevivencia institucional y democrática de Nicaragua.
Por otra parte, con toda esa acumulación de poder estatal, los sandinistas de Daniel Ortega no han sido capaces de obtener legislaciones críticamente necesarias para que en Nicaragua se resolvieran problemas que persisten desde antes del triunfo de la Revolución y otros que surgieron a partir de la pérdida del poder por los sectores revolucionarios. Un problema que en el período revolucionario no terminó de resolverse fue el problema de la carencia de tierra para masas importantes del campesinado, que fuera ocasionado por el despojo y la concentración oligárquica de la propiedad agraria desde antes de la década de los 50 del siglo pasado. Actualmente la Reforma Agraria Sandinista, que significó un comienzo de la solución, está destruida legal y efectivamente y los sandinistas en la Asamblea Nacional a partir de 1990 no han sido capaces de restaurarla. El problema de la propiedad, tanto agraria como urbana, más bien se ha agudizado a partir de 1990 y los sandinistas tampoco han sido capaces de dar al país una conveniente Ley de Propiedad, tan urgentemente necesitada. Tampoco han sido capaces los sandinistas de integrar en el acervo de las leyes del país las que controlen el despojo que la oligarquía del país, protegida por los gobiernos que se han sucedido en el país desde 1990, ha realizado y sigue realizando de los recursos y riquezas nacionales. Así:
Seguimos careciendo de leyes tributarias progresivas que carguen a los dueños de empresas, que son los sectores más favorecidos con ingresos en el país, impuestos sobre sus ganancias no salariales y que prohíban exenciones tributarias a esos mismos sectores, dando por resultado que al presente sólo una proporción ínfima de los impuestos que se cobran en el país procedan de los impuestos directos o proporcionales al ingreso personal y que sólo una proporción insignificante de los impuestos sean pagados por los sectores más privilegiados en la recepción de ingresos, cayendo el peso de la tributación primordialmente en los hombros de los sectores más empobrecidos del país o en las de los asalariados, especialmente los más pobres de entre ellos. La Asamblea Nacional del pacto no ha sido capaz de remediar esa situación.
Los planes de desarrollo y las leyes y procedimientos presupuestarios vigentes, que por ley deben ser controlados y ajustados por la Asamblea Nacional, empeoran la discriminación tributaria contra los pobres, los indigentes y la población menos favorecida por sus ingresos, pues las prioridades presupuestarias se enfocan a la transferencia de recursos del Tesoro hacia los sectores menos comprometidos con el pago de impuestos y más privilegiados en la recepción de ingresos. Así, los fondos obtenidos por la generosidad de otros países a partir del año 2000, consistentes en el alivio y posterior perdón de la deuda externa, y que, según la letra y el espíritu de los Términos de Colonia, cuando se decidió considerar a Nicaragua como sujeto de ese perdón, debían dedicarse íntegramente a la lucha contra la pobreza, de hecho en más del 60 por ciento han sido asignados a otros propósitos, incluidos los del pago de la deuda pública, y, peor aún, al pago de una deuda interna que ha sido denunciada como ilegal por la Contraloría General de la República ante los tribunales de justicia. Adicionalmente, a pesar de que los ingresos del Tesoro han crecido consistentemente desde el año 2000, sobre todo por efecto de un crecimiento impresionante de la tributación, los gastos por habitante en salud y educación no han subido en absoluto, mientras que los gastos por habitante en pago de la deuda han aumentado considerablemente. Hay más: la Asamblea Nacional permitió y hasta el momento no ha demostrado ninguna preocupación por ello, que el Ejecutivo, sin consultar a la Asamblea Nacional desde el año 2000 asumiera una deuda con tres bancos privados que sólo podía ser asumida con la aprobación de la Asamblea Nacional, a pesar de que el pago de esa deuda ha colocado al fisco en una desesperante situación deficitaria que es la causa de que no haya recursos presupuestarios para atender las necesidades de combate contra la pobreza y los gastos correspondiente en salud y educación.
Así pues, los sandinistas son cómplices en la restauración del poder oligárquico orquestado por Enrique Bolaños, pues han sido incapaces de utilizar el poder que les daba el control de la Asamblea Nacional para neutralizar las maniobras contra la población que han perpetrado en Nicaragua los oligarcas aliados con el Gobierno siguiendo las directivas del gobierno norteamericano presidido por Bush y las trasnacionales.
A lo interno de los sectores progresistas, revolucionarios y de izquierda auténtica de Nicaragua, las esperanzas de librarnos de los perjuicios del Pacto arnoldodanielista se colocan en las elecciones presidenciales inminentes. Pero, ¿podremos asegurar entonces que las condiciones para elegir libremente estén aseguradas?, ¿da garantías Herty Lewites de que actuará de manera contraria ante la oligarquía de como ha actuado Daniel Ortega hasta ahora? Ésa será la prueba de su izquierdismo, y con eso debería comprometerse desde ahora.
­
*Ciudadano nicaragüense, simplemente.
ivancorinto@yahoo.com