Opinión

La organización del Diálogo Nacional


Los nicaragüenses tenemos planteado el gran reto de demostrar que somos capaces, entre todos, de organizar un Diálogo Nacional, único, amplio e incluyente, que nos permita adoptar los consensos indispensables para el diseño de un Proyecto de Nación compartido.
Si en otros países hermanos esto fue posible, como son los casos de Honduras y República Dominicana, ¿por qué los nicaragüenses no lo vamos también a hacer realidad? Tal Proyecto debería comprender una serie de propuestas de políticas y estrategias que nos permitan dirigir los esfuerzos coordinados, de todos los sectores, hacia la solución de los problemas que más agobian al pueblo nicaragüense y que más dificultan el gran propósito fundamental de reinventar una república basada en instituciones democráticas y sólidas.
Una comisión designada por varios organismos de la sociedad civil se encuentra trabajando sobre la metodología y la posible agenda del Diálogo Nacional. También, entiendo, elaborará una propuesta de posibles participantes de los sectores políticos, cívicos, empresariales, laborales, juveniles, etc., de manera que se cumpla la característica de Diálogo Nacional, único, amplio e incluyente.
Quizá sea oportuno, en este momento, aportar algunas reflexiones inspiradas en lo que fue la experiencia del Diálogo Nacional de 1997, a fin de asegurar que esta vez nadie pueda decir que los dialogantes terminaron transformados en un “sindicato de tontos”, como consecuencia del insólito incumplimiento de los acuerdos más importantes de parte del Gobierno del Dr. Arnoldo Alemán, quien precisamente había tomado la iniciativa para su convocatoria.
En primer lugar, hay que quitarse la idea de que un diálogo amplio e incluyente necesariamente sería una “torre de babel”. Eso dependerá de la forma en que se organice y de la metodología y la agenda que, de previo, se adopten por consenso de los futuros dialogantes.
Eso se logró en el Diálogo de 1997, en el cual el organismo cívico “Ética y Transparencia” actuó como facilitador, aceptado por todos los participantes.
El Diálogo Nacional supone, entonces, que los participantes, de previo decidan aceptar una serie de principios como fundamento del mismo, entre ellos los siguientes: a) el compromiso solemne y por escrito de todos los actores del diálogo de cumplir cabalmente los acuerdos que se aprueben en el diálogo; b) la transparencia en todas las fases del mismo y la participación equitativa en el debate; c) el compromiso de todos de asumir el diálogo y sus acuerdos como algo propio, o sea, la responsabilidad compartida en el desarrollo exitoso del mismo y en el cumplimiento de sus resultados; d) potestades suficientes para los representantes de los diferentes sectores, de manera que puedan suscribir los acuerdos en nombre de la organización que representan.
El Diálogo de 1997 funcionó sobre la base de dos grandes grupos de discusión: el encargado de los temas políticos y jurídicos y el responsable de los temas económicos y sociales.
Punto clave de los compromisos previos deberá ser la expresión de la voluntad política, de todos los partidos con representación en la Asamblea Nacional, de traducir en leyes de obligatorio cumplimiento aquellos acuerdos que requieran transformarse en legislación. Y, de parte de todos los poderes del Estado, la promesa de obligarse a su cumplimiento, en su respectivo ámbito.
En ese sentido, los poderes del Estado son los interlocutores del Diálogo que más claramente deben comprometer su voluntad política.
El Diálogo tendrá que dejar previsto el mecanismo para el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos, designando a los responsables de esta tarea, en la cual participarían los garantes nacionales e internacionales del Diálogo.
Los poderes del Estado tendrán la obligación de suministrar los informes que se requieran, según sus áreas de competencia, para ilustrar a los participantes en el Diálogo, de manera que los acuerdos dispongan de la información necesaria para fundamentar sus decisiones.
Finalmente, y a manera de ejemplo, reproducimos algunos de los temas que se incorporaron en la agenda del Diálogo de 1997, y que conservan aún su vigencia.
En el área de asuntos económicos y sociales se incluyeron, entre otros, los temas referentes a la generación de empleo y la lucha contra la pobreza; deuda externa (ahora debería agregarse la interna, que es más gravosa); estimular la producción e inversión; los tratados de libre comercio; la política crediticia y tributaria; la cooperación externa; la problemática económica y social de las regiones autónomas del Atlántico; las políticas educativas, de salud; culturales y científico-tecnológicas; seguridad social y sistemas de pensiones; vivienda y asentamientos humanos; recursos naturales y desarrollo sostenible, etc.
En la agenda de asuntos políticos, jurídicos e institucionales, se incluyeron temas como los siguientes: estado de derecho; gobernabilidad democrática; seguridad ciudadana; propiedad; modernización del Estado; descentralización; régimen municipal; autonomía regional; administración de la justicia; derechos humanos; erradicación de la corrupción; fomento de la probidad; eficiencia de la administración pública; voto en el extranjero; cumplimiento de los acuerdos con los desmovilizados, etc.
En fin, como puede verse, varios de los temas siguen mereciendo figurar en la agenda del futuro Diálogo Nacional, aunque hay otros que en este momento son prioritarios, como los referentes a la reforma substancial de la Ley Electoral; elecciones primarias, posibilidad de una Constituyente, etc.
Managua, octubre de 2005.