Opinión

Carta a Erick Quiñónez Peña (Nueva generacion)


Managua, 11 de octubre de 2005.
Estimado Erik Quiñónez Peña:
He leído tu artículo publicado el día 09 de octubre de 2005 en la página de Nueva Generación de El Nuevo Diario, titulado: “Robo y narcogolpe vs ética periodística”. Del mismo se desprenden algunas consideraciones que no comparto, las cuales abordaré a continuación.
No cabe duda que la función de los medios de comunicación juega un papel fundamental en las democracias contemporáneas con la información veraz y objetiva que éstos transmiten; como tú lo afirmas en el artículo publicado: “Soy consciente de que el periodismo investigativo, objetivo y profesional es piedra angular para nuestra democracia”, así como soy del criterio de que algunos comunicadores sociales y/o periodistas no cumplen su función, tal como deberían de hacerlo, lanzándose a la nota roja o a la exageración, actividades que no son muy buenas frente a la ciudadanía que a diario espera informaciones claras y veraces; y que al fin y al cabo, tendrán que ser reguladas por las escuelas de periodismo o a través de los directores de los medios de comunicación.
Pero, estimado Erik, al referirte a que nuestros periodistas carecen “de visión de Estado-Nación cuando se ataca a la persona y no a la debilidad de la institución o de la ley. Por ello fue que nuestros periodistas hicieron deslucir al Presidente de la CSJ, a quien hasta le sugirieron renunciara para ser investigado”, y más adelante sostienes: “Creo que no fueron objetivos, porque no tomaron en cuenta las verdaderas causas del desembolso de los US$609,000.00 dólares, dinero que no salió en razón del acto meramente administrativo como lo fue firmar un cheque, lo cual hizo el Presidente de CSJ en razón del cargo”; son aspectos que no comparto, ya que son cuestiones de maquillajes y no de fondo, porque hay que tener en consideración que cuando una persona pertenece a un cargo público y luego la preside, esta persona representa a esa institución y no a ella misma.
Esta persona no está regida bajo las normas de legalidad como lo estaba antes, como cualquier particular (artículo 32 Cn: “Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe”); sino más bien está regida bajo las normas de derecho público, bajo un régimen especial que cobija a los funcionarios públicos, ya que éstos están sometidos con más rigurosidad al Estado de Derecho y al principio de legalidad de carácter administrativo. Por tanto, van a responder por los actos que en sus funciones realicen, actuando según lo que la Constitución Política y las leyes de la república le determinen, y así lo hacen ver:
a) el artículo 131 Cn: “Los funcionarios de los cuatro poderes del Estado, elegidos directa e indirectamente, responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones y debe informarle de su trabajo y actividades oficiales. Deben atender y escuchar sus problemas y procurar resolverlos. La función pública se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo”; y b) el artículo 183 Cn: “Ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República”. Por lo tanto, el Presidente de la CSJ tendría que saber que va a firmar un desembolso de US$609,000.00 dólares, y no decir que no sabe en dónde está, que él sólo firmó y que el retiro del mismo es un trámite meramente administrativo. Es un funcionario que tiene que saber las funciones de la institución que preside.
La cuestión es compleja. Aún no se sabe hacia adónde fue a parar el dinero que salió de la CSJ y quiénes fueron los autores intelectuales de esta movida corrupta. Muchos son los involucrados y diversos los intereses que están presentes, desde magistrados de la CSJ hasta jueces, notarios públicos y bufetes jurídicos. No basta con que la CSJ nombre una comisión que determine responsables, sería como investigarse uno mismo, sino que las autoridades competentes actúen, como el caso de la Policía y la Fiscalía General de la República, que por mandato de ley deben de actuar en conjunto para determinar los hechos punibles cometidos, y si se determina la existencia de algún delito cometido, deben sancionarse a todos los involucrados, sea quien sea, caiga quien caiga. Nadie está por encima de la ley. ¿No lo crees?
Saludos.
Un abrazo.
Ivo Rodríguez/ psicólogo.