Opinión

Dilemas de la libertad: ¿quién sos o cuántos somos?


El VIII Censo Nacional de Población y IV de Vivienda realizado en julio del año en curso, al cual como buenos ciudadanos y arrastrados por una fuerte publicidad, no sólo abrimos las puertas de nuestras casas, sino de nuestras vidas y del pequeño o gran árbol genealógico en el que coexistimos. Por inocencia, como la de Caperucita Roja ante el lobo feroz, fuimos totalmente diseccionados por el Estado y violentados en nuestros derechos humanos. Pero, muchos se preguntarán, ¿por qué? Y aún permanecen en estado de inercia abogados, sociólogos, antropólogos y hasta políticos, entre otros. Para muchos, este hecho pasó inadvertido. Solo significó una etiqueta en la puerta de la casa que dice “CENSADA”.
La Constitución Política de Nicaragua estatuye en el Título IV, Capítulo I, Arto. 26, numerales 1 y 4, “Toda persona tiene derecho: A su vida privada y a la de su familia; A conocer toda información que sobre ella hayan registrado las autoridades estatales, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad tienen esa información”. Refiere a la privacidad y el no estar obligado por ninguna norma jurídica a “dar información personal o de orden privada”. Entonces, por qué al Estado en un Censo le interesa mi nombre y el del resto de habitantes de la vivienda (sección 6 a de la Boleta Censal y que contiene un anexo de observaciones abiertas, donde lo único que les faltó fue solicitarnos una foto del álbum familiar) Todo nombre es sagrado.
Etimológicamente el vocablo Censo proviene del latín Census, cuyo significado es “padrón o lista que los censores romanos hacían de las personas y haciendas”. Los inicios del “conteo poblacional” en la historia de las sociedades obedecieron a dos razones fundamentales: militares (saber la cantidad de fuerzas disponibles en cierto momento o la que necesitaría para vencer al enemigo) o bien, el número de sus súbditos (conocer cuánto se podía recaudar en forma de impuestos) Las necesidades informativas del poder giraban en torno a lo fiscal o militar, provocando rechazo absoluto en la población, a tal punto que en 1753 la Cámara de los Comunes en Inglaterra todavía impugnaba un proyecto de Censo General, entre otras razones, porque amenazaba las libertades de las personas.
Es hasta finales del siglo XIX que formalmente se comienza a considerar la población como una variable demográfica para planificar la acción política del Estado. Aparece el concepto de “habitantes” y comienzan a realizarse los censos como se les conocen en la actualidad. Los censos pues, dejan de ser un simple conteo, la estadística se convierte en la “aritmética gubernamental” (Estado y estadística vienen de la misma raíz latina, Status) formando un matrimonio de carácter matemático, político y gubernamental.
Por ello, no resulta extraño que Carlos Jarque, gerente del Departamento de Desarrollo Sostenible del BID, en una entrevista aparecida en una publicación del mismo organismo declaró: “los censos son hoy la columna vertebral de los sistemas de información, permiten convertir a la fotografía censal en una película continua para seguir la coyuntura de los países al día…”
Los censos de población constituyen una herramienta para conocer diversas variables poblacionales de interés no solo para el Estado, sino para la empresa privada, organismos, instituciones académicas, profesionales y el público en general, con fines preventivos en cualquier campo, formulación de estrategias y políticas y para ejercer el control social, entre otros. Pero igualmente pueden ser una poderosa herramienta para ocultar realidades explícita o implícitamente, como la invisibilización étnica, cultural, sexual, migratoria etc. o el tráfico de bancos de datos, a tal punto, que las estadísticas han sido objeto de acusación en varias ocasiones por el delito de ejercer la “estadistificación”: el arte de mentir con estadísticas, conservando una apariencia de objetividad y veracidad (Glass, 1974).
Por eso es necesario recordar que los instrumentos internacionales y la propia Constitución Política consagran como un derecho ciudadano exigir que los actos e informes estatales sean transparentes; y además, que las autoridades encargadas de producirla no la distorsionen o manipulen. En resumen, la historia censal pasada y presente, ha sido y es un instrumento al servicio del poder.
En este contexto, el interés y preocupación central de este artículo gira alrededor de nuestras identidades, nuestros derechos como personas, a la inviolabilidad de nuestra intimidad, seguridad y protección. En la parte superior izquierda de la boleta censal en un recuadro dice: “Por ley, los datos suministrados son estrictamente confidenciales y serán usados solo para fines estadísticos”. Pregunto: Si el Censo tiene fines estadísticos, ¿por qué interesa además de los nombres y apellidos de las personas, las “características” de cada una de ellas (sección VII); los nombres de los emigrantes en el hogar (sección IV); los nombres de nuestros seres que ya descansan (sección V), entre otras tantas sorpresas que nos trajo este Censo? Discúlpenme lectores, eso es más que estadística aplicada.
Desde el punto de vista técnico, basta con conocer la ubicación geográfica de la vivienda. Usted podría ser la persona 01, del departamento 01, municipio 01 y así sucesivamente hasta llegar al número del hogar en la vivienda. Ser objeto de codificaciones para garantizar un control y calidad en el levantamiento de la información. ¿Quién nos garantiza a los nicaragüenses que nuestros nombres no formen parte del tráfico de banco de datos? De los millones de enlistados que circulan por allí en manos de los que deciden nuestro futuro. Es por ello, que a veces nos informamos paradójicamente sobre nosotros mismos cuando asistimos a esas conferencias de consultores extranjeros (llámense BM, BID, entre otros) en mapitas a full color donde,”habitamos” como puntos invisibles a nuestros ojos, y sólo con presionar una tecla, saben desde las hipotecas que tenemos, las deudas con la pulpería y el nombre de tu amante.
El Estado como tal no tiene el derecho de solicitarnos información (Cn. Artos. 25, 26, 29, 32), aún es más grave el caso cuando es confidencial. Se podría argumentar en esta ocasión que “el derecho de informar es una responsabilidad social” (Cn. Arto.67), pero también “los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás” (Cn, Arto. 24). El sistema nos enseña la obligación que tenemos en responderle al Estado pero no de ser escuchados, ni a callar (que si es nuestro derecho) como ciudadanos. El sistema desconoce los límites, no importan los medios sólo los fines. La ausencia de regulaciones entre el Estado y la sociedad quedan al descubierto. En Nicaragua, por ejemplo, no existe una rama en las normas jurídicas que regule esas relaciones.
Desde Constant con su enunciado de la “libertad en la comunidad” y “libertad en la esfera privada”, así como Berlin, Mill, Hegel, Hill y otros más, se ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la libertad. La libertad positiva (entendida ésta, como el límite hasta donde se llega, impuesto por el control estatal) y la libertad negativa (entendida ésta, como la libertad sin coacción, sin obstáculos, ni intervención del poder). La libertad positiva es la bandera de los Estados modernos. La libertad negativa es incompatible con el sistema, desde lo más profundo de ella, es enemiga del poder.
No se puede dejar por fuera un elemento que se suma al análisis sobre el manejo de la información proporcionada para el Censo. El Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos (INEC), instancia rectora del mismo, es una institución que además de estar adscrita al Banco Central de Nicaragua. (BCN), todo su quehacer ha contado con el apoyo incondicional técnico-financiero de organismos como el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Unión Europea (UE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Desde el apoyo financiero por parte de estos Organismos, el INEC ha permitido situarlos en niveles de decisión técnica que por supuesto, responden a sus necesidades e intereses de información. Esto se evidencia en el Proyecto Mecovi – II Nicaragua, en el acápite correspondiente a Responsabilidad y participación de las agencias patrocinadoras de dicho Proyecto: “Tomando en cuenta la experiencia desarrollada en este campo tanto por el BID como por el Banco Mundial y el PNUD, así como la experiencia ganada hasta la fecha en Nicaragua en la ejecución del Proyecto Mecovi - Nicaragua, la responsabilidad del monitoreo de la ejecución técnica del Proyecto Mecovi-II Nicaragua será de las tres instituciones. La toma de decisiones técnicas se realizará por parte del INEC, el PNUD y el Banco Mundial en reuniones periódicas por establecer”. Sin comentarios.
Ahora solo me resta preguntarme si en el próximo Censo indagarán sobre nuestras opciones sexuales, a qué genomas pertenecemos o por quién vamos a votar (a quienes se enlistan en esa payasada). En fin, para cualquier información sobre mí, estoy en la base de datos del INEC.