Opinión

Robo y narcogolpe vs. ética periodística - NUEVA GENERACION


Soy consciente de que el periodismo investigativo, objetivo y profesional es piedra angular para nuestra democracia, por ello muchos dicen que se ha convertido en el quinto poder de Nicaragua, y preocupado por el no muy profesional enfoque que algunos periodistas hicieron sobre el supuesto “robo, narcogolpe, o gol en la CSJ”, me dispuse a escribir estas líneas, porque creo que pecaron de mal intencionados y confundieron al lector, porque se incurrió en uno de los vicios de nuestra cultura política y de la cual no se es inmune. Me refiero a la falta de visión de Estado-Nación cuando se ataca a la persona y no a la debilidad de la institución o de la ley. Por ello fue que nuestros periodistas hicieron deslucir al Presidente de la CSJ, a quien hasta le sugirieron que renunciara para ser investigado.
Creo que no fueron objetivos, porque no tomaron en cuenta las verdaderas causas del desembolso de los US$609,000.00 dólares, dinero que no salió en razón del acto meramente administrativo como lo fue firmar un cheque, lo cual hizo el Presidente de CSJ en virtud del cargo. No obstante, se utilizó el acto administrativo como una cuasi nota roja, para justificar los cinco días consecutivos que el presidente de CSJ pasó dentro de los titulares de uno de los principales periódicos de nuestro país. Tiempo que siempre se obviaron los factores principales de la salida del dinero, que para mí fueron: a) olímpicas falsificaciones de documentos públicos; b) “supuesta ignorancia de la ley por parte de un juez”; y c) el amarillismo de algunos periodistas, que pecan de APRE-surados, prestándose al juego politiquero.
Hubiese sido más fructífero para el fortalecimiento de nuestras débiles instituciones y de nuestra causa democrática que enfocaran como noticia esa olímpica falsificación de documentos públicos, y la ineficacia de la norma jurídica penal nicaragüense ante el binomio depredador (juez y falsificación de documento). Y promover desde el quinto poder una exhortación a nuestra Corte Suprema a ejercitar su derecho de iniciativa de ley, en la búsqueda de tipificar y sancionar severamente y con eficacia los diferentes matices que modernamente ha adquirido el delito de “falsedad documental” (falsificación de documentos públicos; mercantiles, auténticos).
Tratando de contribuir a una propuesta de ley eficaz, en relación a las olímpicas falsificaciones de documentos públicos, que generalmente quedan impunes, independientemente la cometan funcionarios públicos o fedatarios públicos, vale resaltar que su tipificación no ha sido modificada en nuestro ordenamiento jurídico desde el 24 de abril 1837 (primer Código Penal), la cual se ha mantenido casi intacta, donde para colmo, lo único que cambió fue lo relacionado a la reducción de pena.
Por eso, todavía a la falsificación de documentos se le considera como “delito contra la fe pública” (capítulos dos, cuatro, cinco y seis del título IX del vigente Código Penal, normas jurídicas penales que la sanciona con penas entre uno y cinco años). Sin embargo, modernos ordenamientos jurídicos como el de Alemania y Francia le dan el tratamiento de falsedades documentales, penalizándolas incluso hasta con quince años. Penalidad que, dicho sea de paso, sería muy oportuna en la realidad social, económica, política, tecnológica y de globalización en que vive Nicaragua.
Pero lo expuesto parece no ser noticia, mucho menos lo es el hecho de que la única aproximación conceptual existente de fe pública en todo el ordenamiento jurídico nicaragüense, es la estipulada en el artículo 2, Ley del Notariado. Nuestra jurisprudencia la define como: la conferida por el Estado, considerándola como verdad de carácter oficial que todos estamos en la obligación de aceptar, salvo que de manera plena se demuestre en juicio que el Notario haya incurrido en cualquier falsedad. (Páginas 1-20 de Monografía “Estudio del delito de Falsedad Documental en el Ordenamiento Jurídico Nicaragüense”). Por ello no me cabe ni les debe caber la menor duda que el Presidente de la Corte Suprema actúo apegado a derecho.
Con el respeto que se merecen los periodistas de mi país, no es sano creernos infalibles, y tampoco tratar de justificar haber puesto como victimario o cómplice solamente al Presidente de la Corte Suprema de Justicia cuando él, ustedes y Nicaragua entera hemos sido reiteradamente víctimas del delito de falsedad documental; recordemos algunos casos: Interbank; Contralor Jarquín; la “Lista negra” publicada por el Diario del eslogan de que si La Prensa lo dice es verdad..., y no olvidemos cuando el Consejo Supremo Electoral y miles de electores nicaragüenses fuimos víctimas en 1996 del embuste, cuando fue electo el diputados polígamo y confeso, cuyo nombre no recuerdo, pero seguramente los lectores sí, falsificador que mediante identidades falsas logró salir electo diputado y que al ser descubierto quiso borrar el delito con la comedia del “suicidio frustrado”.
Nunca olvidemos que el derecho de informar conlleva un deber: hacerlo con responsabilidad social para contribuir al verdadero desarrollo que necesita la nicaragüita que un día Rubén Darío la soñara grande. Soy un convencido de que nuestro periodismo puede hacer un mejor trabajo, evitando titulares incoherentes y sin visión institucional ni legal, porque los hombres pasan, pero las instituciones quedan. Sustento lo dicho en que: a) no hubo robo, dado que no existió fuerza en el apoderamiento de cosa ajena; b) no es narcogolpe, porque no hubo narcos practicando boxeo, y c) no es gol, porque no fue un juego de fútbol.
Estudiante de derecho (UCA)