Opinión

La objetividad sobre la lucha contra la pobreza en Nicaragua


En los últimos meses el mensaje del Gobierno Central en temas económicos ha girado en torno de los avances macroeconómicos alcanzados durante los últimos años. Muchos de estos logros son verdaderamente significativos: la reducción de la deuda, la tasa de crecimiento económico más alta de Centroamérica en 2004, el incremento más alto en inversión directa extranjera en la región, un nivel récord en reservas internacionales, el mayor crecimiento en recaudaciones fiscales, un aumento de las exportaciones del 20 por ciento, niveles de carga históricos en el puerto de Corinto, y el mayor nivel de inversiones públicas de los últimos años, sólo para mencionar algunos.
Ante estos números alentadores para cualquier país, algunos críticos y analistas aseguran repetidamente en los medios de comunicación que los avances económicos no le llegan a la gran parte de la población del país que aún vive en la pobreza. El número de pobres en Nicaragua es verdaderamente alarmante. Se calcula que actualmente viven 2.6 millones de habitantes en condición de pobreza. Para que los logros económicos se empiecen a sentir en la población, en especial la más pobre, se necesitarían al menos unos diez años consecutivos de logros similares a los de 2004. Los críticos analistas, sin embargo, deberían de poner un mayor esfuerzo de ver qué es lo que se está haciendo por reducir la pobreza en el país, más allá de los datos macroeconómicos, y también reconocer que el actual Gobierno no se ha quedado de brazos cruzados. También deberían de decir que un problema de tal magnitud no se resuelve de la noche a la mañana.
Dejar que el crecimiento económico por sí solo llegue a los pobres es una medida pasiva que no reconoce el papel redistributivo que puede y debe jugar el Estado. El Plan Nacional de Desarrollo asume esta posición de manera clara, así que la aseveración de que en Nicaragua se aplica la ley de que sobrevive el más fuerte no es cierta. Es parte de la política actual nivelar las oportunidades de todos los nicaragüenses, en especial de los más pobres y que están en situación de marginalidad en el acceso a los servicios básicos y al empleo. Por eso Nicaragua mantiene los compromisos asumidos por las Metas de Desarrollo del Milenio. Para ilustrar lo anterior presento algunos datos que muestran avances, y que sin embargo nunca o rara vez aparecen en los análisis de los expertos llamados independientes.
La herramienta redistributiva por excelencia que posee el Estado es el gasto público, y en este sentido Nicaragua ha logrado avances importantes. En primer lugar, el denominado Gasto en Pobreza, recursos destinados a financiar salud, educación, protección social y otros programas sociales ha aumentado de C$6,118 a C$11,316 millones de córdobas entre 2001 y 2005, lo que hace que el gasto por habitante pobre se incremente en más de un 66 por ciento para el mismo período. Según datos presentados por el sistema de Naciones Unidas, de una muestra de 18 países latinoamericanos, Nicaragua se coloca en el octavo lugar en relación a los países que más destina recursos en gasto social como proporción del Producto Interno Bruto, superando a Honduras, El Salvador, Guatemala, Colombia, México, Perú y Paraguay, entre otros.
Según la liquidación presupuestaria para los años 2001 a 2004 y el presupuesto de 2005 (datos públicos de acceso para cualquiera), los incrementos salariales al personal de salud y educación fueron del 81 por ciento en este período, lo que hace que la actual administración haya financiado el mayor incremento de esta partida si se le compara con las demás administraciones pasadas.
No solamente la educación básica se ha beneficiado con incrementos. La partida del seis por ciento a las universidades se ha casi duplicado en cinco años, de C$587 millones en 2001 a C$1,040 millones en 2005. Similarmente, las partidas presupuestarias que el Gobierno Central destina a las alcaldías municipales y gobiernos regionales se han incrementado de C$332 millones en 2001 a C$866 millones en 2005. Esto les está permitiendo a muchas autoridades municipales responder a necesidades que nunca antes habían soñado poder atender.
Los gobiernos no gastan por gastar, sino para lograr metas específicas, de esta manera el Presupuesto General de la República es una herramienta para alcanzar objetivos de desarrollo. Muchos de estos logros pasan inadvertidos por los críticos y los medios. Hoy día, más de 20 mil niños de las municipalidades más pobres del país están recibiendo asistencia de la Red de Protección Social, que en los últimos tres años le ha permitido a estos niños recibir educación y salud y así aumentar las tasas de cobertura educativa y mejorar las tasas de desnutrición. A pesar de ello, muy pocas personas fuera del sector público conocen que existe una Red de Protección Social y los expertos nunca la mencionan en sus análisis.
A principios del presente año, un fuerte repunte del rotavirus en la zona norte del país captó la atención de los medios. El mal pudo ser controlado por la puesta en marcha y la ejecución de un fondo de emergencia que pudo destinar recursos a este problema. Ni los analistas ni los medios de comunicación le prestaron la misma atención a la rápida respuesta y disminución de casos que pudo lograr el Minsa con dicho fondo. Actualmente el Minsa está haciendo todo lo posible por reducir las incidencias de infecciones respiratorias agudas y de dengue, que tradicionalmente se incrementan en estos meses del año. Con los escasos recursos, miles de trabajadores de la salud están trabajando fuertemente para dar solución a ambos problemas.
Mucho se habló de las demandas y protestas de la población del norte de León y Chinandega en los llamados Acuerdos de Achuapa, que incluyen el mejoramiento de caminos, proyectos productivos y de servicios de salud y educación. Poco se habla sin embargo de los avances que con muchos sacrificios ha logrado el Gobierno en cumplir con dichas demandas.
La perspectiva negativa reflejada en algunos medios de comunicación y analistas es bastante obvia. Hace seis meses un diario local desplegaba en primera plana los daños a la salud que ocasionaba la polvareda de la reparación de una carretera importante del país. Hoy que la carretera en esa zona está bastante avanzada no ha llegado ningún medio a preguntarle cómo se siente esa misma población. A la inauguración futura probablemente ni le den cobertura, a menos, naturalmente, que la obra se hubiese atrasado.
Un problema serio que enfrenta el gasto social es que tiene que competir con otros rubros. El pasado subsidio de 30 millones de dólares pagado al sistema eléctrico por el Gobierno es el equivalente a lo que hubiera sido necesario para sustituir e incluso ampliar el Hospital Vélez Paiz. El subsidio sólo cubrirá las pérdidas del sistema eléctrico por algunos meses, mientras que el hospital hubiera tenido una vida útil de atención a la población de al menos treinta años. Lo que se destina en servicio de deuda interna anualmente proveniente de la quiebra de los bancos (algo que el Gobierno está decidido en reducir) sería más que suficiente para sustituir los hospitales que se encuentran en peor situación, como son los de San Carlos y Chinandega. Esta competencia de recursos entre distintos sectores es el principal problema del presupuesto, sin embargo no se le da la atención adecuada y más bien se da a entender que los recursos, al igual que las necesidades, son ilimitados. Aquí la defensa de los analistas y los medios de comunicación podría ser crucial para generar conciencia en el país de la importancia de proteger las partidas presupuestarias destinadas a la política social.
Todos los datos aquí presentados son de fácil verificación y de disponibilidad del público. Desafortunadamente existe en el país una percepción de que ser independiente es sinónimo de resaltar sólo lo negativo, y que dar crédito, por mínimo que sea, a las autoridades de turno podría ser interpretado como una perdida de objetividad.

*El autor es Secretario de Coordinación y Estrategia de la Presidencia de la República.