Opinión

TLC y su impacto en las políticas públicas de la niñez


Por su condición de alta dependencia económica y su joven democracia, Nicaragua asiste a la conformación de un nuevo orden económico unipolar para el cual no está preparada por las brechas existentes entre la economía agrícola extensiva con atraso tecnológico, dependiente, y la estabilidad y desarrollo histórico de las economías con las que ya estamos y entraríamos a competir en un plano más legal, afectando esencialmente su política de Estado, lo cual trasciende a un gobierno.
Desde esta perspectiva centraré la reflexión pretendiendo ir más allá de la connotación económica y comercial que les quieren dar a estos tratados gobernantes y funcionarios públicos, sabiendo que éstos determinan la vida cotidiana de las personas.
Dado que el papel de los gobiernos cada vez es menos comprometido con las naciones y la ciudadanía que creyendo en ellos le dio sus votos. Responden como administradores y ejecutores de políticas macroeconómicas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y el BID; desde la sociedad civil debemos hacer un replanteamiento de nuestro papel y accionar en el marco del nuevo orden económico dividido en bloques de poder y enfocado a los capitales trasnacionales.
La incidencia de la sociedad civil debe centrarse en la sensibilización, demanda y denuncia ante y desde los organismos y países que conforman los tres bloques de poder económico y ante los organismos bilaterales y multilaterales. Poco hacemos demandando localmente a los gobiernos y exigiendo cumplimiento a recomendaciones de las Naciones Unidas o del Comité de los Derechos del Niño si no son ellos quienes toman las decisiones.
Solo como ejemplo, en Nicaragua existen leyes a favor de las niñas, niños y adolescentes, planes de acción nacional, política de atención y protección integral, el plan para erradicar progresivamente el trabajo infantil, la explotación sexual comercial, un Plan General de Educación y un Plan Nacional de Desarrollo; no obstante ninguno es coherente entre ellos y no cuentan con presupuesto.
Las demandas de cumplimiento y acceso a derechos a educación, salud, soberanía alimentaria y seguridad ambiental, se cumplen con un déficit que deja a más de un millón de niñas y niños fuera del sistema educativo, a un 33% con desnutrición crónica y severa, a más de 300 mil niñas, niños y adolescentes en explotación económica, a 600 mil familias y con ellas sus hijas e hijos expuestos al tráfico, trata y explotación sexual comercial por razones de migración.
A miles de familias campesinas, pequeños y medianos productores excluidos de una política de fomento a la inversión, empujados al neoesclavismo, como el trabajo en las maquilas que no necesita tecnificación ni educación media, mucho menos educación superior.
Los negociadores de los tratados de libre comercio, en su gran mayoría funcionarios de gobierno, han divulgado la visión de que los TLC son la panacea liberadora de la pobreza, la única salida económica para los países pobres “en desarrollo”, visión que impone exclusión social, desigualdad en las oportunidades, privilegia a los grandes capitales nacionales y trasnacionales; imponiendo las privatizaciones de los derechos a la salud y medicamento, derecho a una educación gratuita y de calidad, a una vivienda digna, a seguridad alimentaria, a garantizarse su estado de bienestar.
Los tratados de libre comercio se ponen por encima de los derechos de las personas y el ecosistema, facilitando la acumulación del capital que sale hacia los bancos extranjeros; sus objetivos son: la riqueza, la ganancia, el consumismo, el comercio desigual y desleal.
En Nicaragua, país constitucionalista por definición, las decisiones que tomen los poderes del Estado deberían estar alineadas a respetar y cumplir el interés superior de la nación, que es respeto a la soberanía, a los derechos humanos, a reconocer la igualdad de las personas ante la ley y la libre participación ciudadana.
La firma de cualquier tratado pasa por contar con una puesta en común de lo que se entiende por TLC, la visión de éstos, el impacto tendrán en la vida económica, política y social de la nación, de los 2.5 millones de personas que viven en condición de pobreza; por una concertación y consenso de los poderes del Estado y la ciudadanía sobre el rol y papel que le corresponde jugar a cada uno en el tema, análisis integral y readecuación del marco jurídico legal que respalde la decisión sobre éstos.
Los gobiernos que ha tenido Nicaragua han entregado la soberanía nacional y autodeterminación, colocando por encima los intereses de los capitales extranjeros, los Programas de Ajuste Estructural (PAE), Programas de Estabilización Económica (PEE), y los intereses de los TLC, que tienen como propósito crear el marco jurídico, económico y político propicio para que se adueñe del país el capital trasnacional.
Nuestra economía, saqueada por la corrupción y las trasnacionales, la mala administración y afectación de fenómenos naturales, ha devenido en una economía subdesarrollada y altamente dependiente, colocándose en una posición desventajosa con respecto a sus vecinos de Centroamérica y Estados Unidos, por el atraso en su infraestructura industrial nacional y el rezago en políticas de inversión productiva que permitan una competencia más justa.

*Miembro del Consejo Coordinador
de la Coordinadora de la Niñez (Codeni)