Opinión

La sorprendente demanda de Costa Rica


La decisión de Costa Rica de acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que se aclaren sus derechos sobre el río San Juan es sorprendente, ya que el Tratado Cañas-Jerez de 1858 y el Laudo Cleveland de 1888, no dejan lugar a dudas sobre tales derechos.
El río San Juan no es un río internacional ni multinacional ni binacional. Es un río nacional, que corre en territorio nicaragüense durante todo su curso y sobre el cual la República de Nicaragua tiene “exclusivamente el dominio y sumo imperio”... “desde su salida del lago hasta su desembocadura en el Atlántico”, según el Tratado Cañas-Jerez, firmado el 15 de abril de 1858.
El “dominio y sumo imperio”, es decir la Soberanía sobre el río, le corresponde a Nicaragua como Estado soberano del territorio sobre el cual discurre. Nicaragua no comparte esa soberanía con ningún otro país. Le corresponde de manera exclusiva y está plenamente reconocida y garantizada por el Tratado Cañas-Jerez y por el Laudo Cleveland del 22 de marzo de 1888, que en su Artículo Primero reconoce la validez del Tratado Cañas-Jerez.
Los atributos de la indiscutida e indisputable soberanía que Nicaragua tiene sobre el río San Juan implican el ejercicio del derecho de defensa, seguridad, mantenimiento del orden público, policía, control de aduanas, control del contrabando y del tráfico de drogas, del abigeato, etc... Todas estas funciones sólo puede ejercerlas el país que detenta la soberanía sobre el río, es decir, Nicaragua. Ceder su ejercicio a otro Estado sería ceder funciones estrechamente ligadas a la soberanía nacional.
Costa Rica, a su vez, en virtud del Arto. VI del mismo Tratado Cañas-Jerez, obtuvo “en dichas aguas los derechos perpetuos de libre navegación, desde la expresada desembocadura hasta tres millas inglesas, antes de llegar al Castillo Viejo, con objetos de comercio”... Este derecho le fue confirmado por el Laudo Cleveland, pero especificando que el mismo no da derecho a “la República de Costa Rica de navegar en el río San Juan con buques de guerra; pero puede navegar en dicho río con buques de servicio fiscal relacionados y conexionados con el goce de los objetos de comercio... o que sean necesarios para la protección de dicho goce”. Como puede verse, el derecho de navegación de Costa Rica tiene una doble limitación: sólo se le concede sobre una parte del curso del río (desde la desembocadura hasta tres millas inglesas antes de llegar al Castillo Viejo), y únicamente para “objetos de comercio”, es decir, para transportar mercaderías o productos susceptibles de comercialización. Cualquier otro propósito no está autorizado por el Tratado, como serían la navegación con fines militares o policiales. En otras palabras, y recurriendo a la autoridad del Dr. Luis Pasos Argüello, nuestro más eminente especialista en este asunto, podemos decir que “lo único que se hizo fue establecer una servidumbre de paso por ese trecho del río nicaragüense para dar entrada desde el Atlántico a esa provincia costarricense”... “Significa, agrega el Dr. Pasos Argüello, la servidumbre conocida por “Jus Passaggi innoxxi (Paso inicuo) a los buques mercantes extranjeros por los mares territoriales” (“Canalización conjunta del Río San Juan”, 1976, p. 80-81).
El derecho de navegación cedido a Costa Rica de ninguna manera conlleva los atributos del ejercicio de la soberanía sobre el río San Juan que, repetimos, corresponde única y exclusivamente a Nicaragua. Expresamente el Laudo Cleveland le niega a Costa Rica el derecho de navegar con buques de guerra para proteger dicho goce. El Laudo Cleveland, repetimos, solo le permite navegar con “buques del servicio fiscal relacionados y conexionados con el goce de los objetos de comercio..., o que sean necesarios para la protección de dicho goce”. Esta cláusula del Laudo necesariamente tiene que ser entendida siempre que tal facultad no lesione la reconocida soberanía de Nicaragua sobre el aludido río. Si los buques costarricenses de servicio fiscal navegaran armados, eso lesionaría la soberanía de Nicaragua. En el caso de que Costa Rica necesite protección militar o policial para sus buques comerciales o fiscales, dicha protección se la tendría que solicitar al país soberano sobre el río, es decir, a Nicaragua.
Las obligaciones de carácter defensivo que el Art. 4 del Tratado Cañas-Jerez, impone a ambos países, se refieren a las bahías de San Juan del Norte y a la de Salinas “comunes a ambas repúblicas”. El tratado agrega: “También estará obligado Costa Rica por la parte que le corresponde en las márgenes del río San Juan en los mismos términos que por tratado lo está Nicaragua” “...en caso de agresión exterior”... En lo que concierne a la guarda del río, para Costa Rica se limitan a “la parte que le corresponde en los márgenes del río San Juan”. No está autorizada Costa Rica a hacerlo, en tiempos de paz, con efectivos militares o policiales armados que naveguen en el río, en el cual sólo tiene el derecho de navegar “con objetos de comercio”.
Dentro del espíritu de solidaridad y hermandad centroamericana que debe prevalecer en las relaciones entre los países de Centroamérica, Nicaragua y Costa Rica deberían encontrar, mediante gestiones amistosas conducidas directamente por las respectivas cancillerías, los acuerdos operativos que satisfagan a ambos países, sin lesionar su soberanía y en estricto apego a la letra y el espíritu de los instrumentos jurídicos vigentes, cuya correcta interpretación no pueden dar lugar a diferendo alguno.
No vemos la razón para acudir a la Corte Internacional de Justicia, lo cual impondrá muchos costos económicos a ambos países.
Managua, septiembre de 2005.